OPINIÓN… Temores infundados

Autor:

José Bolo Bancayán (*)

En el debate efectuado durante el último proceso electoral se evidenció temor a la reforma constitucional y muchos han esgrimido como fundamentos. El riesgo que el capital privado y las inversiones se ahuyenten. Se llegó al extremo de calificar de ultra izquierdistas a quienes se atrevían a proponerlo.

La verdad que detrás de estas expresiones  se denotó que tenemos una clase política poco identificada con los intereses del Perú. Si comparamos las Constituciones Políticas de Chile y Perú, encontraremos abismales diferencias, que nos demuestran que la clase política chilena es más patriótica con su país, pues hace todo lo contrario a lo que ocurre en nuestro país.

La actual Constitución chilena no fue obra de la Concertación Democrática y menos del gobierno de Salvador Allende. La norma suprema de nuestro vecino del sur fue promulgada por el dictador ultra liberal Augusto Pinochet el 3 de julio de 1989.

La Constitución de Chile en su artículo N° 19 dice “(…) Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objetos de concesiones (…)”.

En el Perú el 31 de octubre de 1993, sólo un tercio de los ciudadanos peruanos aprobó el texto de la actual Constitución propuesta por el grupo fujimorista, la cual en su artículo 66° refiriéndose a los recursos naturales (incluidos los hidrocarburos) dice: “(…) Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”.

Son pocos los peruanos que conocen que por tener un modelo constitucional diferente al de Chile estamos pagando los combustibles más caros de América, pues las Refinerías como las de Talara está obligada a comprar el propio crudo peruano al valor del ,precio internacional, con lo cual se asume un costo de producción (extracción excesivamente alto). A lo cual se agrega el costo de refinación y el margen de impuestos y utilidad.

Antes que se promulgara la Constitución de 1993 el gobierno fujimorista ya había iniciado la concesión de los lotes productivos al capital privado y las justificaciones eran, mejorar los niveles de reservas y producción, generando eficiencia en el sector con precios competitivos. Han pasado 20 años y no se han cumplido tales ofrecimientos.

Lo otro que no conocen los peruanos, es que el Fondo de Estabilización de los Combustibles creado por el gobierno de Alejandro Toledo y que continuó en el gobierno de Alan García, y que tiene por finalidad menguar el impacto de la crisis internacional (recuérdese que el 7 de junio del 2008 el precio del crudo en el mercado internacional alcanzó los 140 dólares), significa un subsidio que se paga con el dinero de todos los peruanos y que cada año significa 400 Millones de Nuevos Soles. Debe tenerse en cuenta que con el ahorro de un año se puede solucionar el problema del agua y alcantarillado de la provincia de Talara.

Esto quiere decir, que cuando el gobierno utiliza dinero del Tesoro Público para subsidiar los combustibles, está dejando de hacer obras que requieren los peruanos para atender necesidades vitales, pues debe tenerse en cuenta que solucionar integralmente el problema del agua de Talara significa la inversión casi equivalente al subsidio.

Para bajar el precio a los combustibles en el Perú nos son medidas efectivas las que algunos proponen, como es la rebaja de los impuestos. El problema de fondo es que el Perú debe recobrar la propiedad real sobre sus recursos naturales.. Esto es una reforma obligada, aunque no sea del agrado de nuestros liberales criollos, quienes en lugar de calificar esta clase de propuestas como ultra izquierdistas deberían aprender de su maestro chileno Pinochet.

Esto demuestra que los calificativos que se hacen sobre la necesaria reforma de la Constitución son totalmente equivocados e incoherentes, y demuestran la actitud de una clase política poco comprometida con el Perú.

Si los gobernantes quieren eliminar el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, y ese dinero destinarlo a la ejecución de obras, están obligados a reformar la Constitución. Sólo así los costos operativos de las refinerías serán razonables a la economía de los peruanos.

Terminemos con tanta herejía que sólo perjudica a los peruanos, reformar la Constitución se hace imprescindible, pues es un asunto de interés nacional y no de ultra izquierdistas como algunos equivocadamente lo dicen.

(*) Asesor Laboral – Político.