Autor:
María Rivera Oblea (*)
Una de las primeras acciones del actual gobierno, liderado por el propio Presidente de la República, ha sido la constitución del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, comprometiendo a los tres poderes públicos, al sector privado y las autoridades municipales para enfrentar de forma decisiva la lucha contra la inseguridad ciudadana. Está claro que el propio Presidente sabe que las cosas no han venido funcionando, que la ciudadanía no tiene confianza en las autoridades policías y judiciales y, por ello - entre otros- ha demandado de la policía y del poder judicial reacciones rápidas, que permitan enfrentar la inseguridad, partiendo por trabajar en la reconstrucción de la confianza.
Las respuestas que desde varios sectores de la sociedad se ha venido dando frente a la creciente violencia e inseguridad fueron: grandes inversiones privadas en servicios de vigilancia, calles privatizadas en las urbanizaciones, rondas vecinales y campesinas en las zonas populares y rurales; sin que ello haya incidido en la disminución de asaltos, asesinatos y cuanta forma de violencia una pueda imaginarse.
Todas las medidas anunciadas por el Presidente al constituirse el Consejo, son necesarias. Si la apuesta es a construir un país con un clima de paz, de convivencia y confianza mutua, con seguridad para todos y todas, tenemos que recordar que hay otras formas de violencia como el hostigamiento sexual, homofobia. Además que gran parte de la violencia y muerte se produce entre las cuatro paredes de una vivienda y que quienes sufren maltratos, violaciones y hasta asesinatos en estos espacios son las mujeres principalmente.
En ese sentido, es preciso reconocer que la violencia que se vive en el seno de la familia tiene relación con la violencia que se vive fuera de la casa. Las mujeres, los niños, las niñas, tienen mayor riesgo de ser maltratadas o violadas en su propio hogar por personas de su entorno. Entonces, plantear la construcción de una comunidad segura, empieza en los hogares, en las escuelas, en los centros de trabajo, en los medios de transporte, en los medios de comunicación; por ello urge asegurar una propuesta de acción política donde tanto las preocupaciones y experiencias de hombres y mujeres sean parte integral del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de toda la legislación, políticas, asignación de recursos, y programas de seguridad ciudadana.
También se debe impulsar el desarrollo de una cultura de derechos humanos con autoridades y población; por ejemplo, en el campo judicial no sólo debe haber una adecuada investigación y/o seguimiento de los casos, el compromiso de funcionarios, sino que no deben subsistir prácticas discriminatorias que alimenten la impunidad/corrupción.
Entonces, deben de dejar de verse como provocadoras las mujeres víctimas de violencia sexual, por vestir de una tal o cual forma, o por caminar a determinadas horas. Sin duda, en todo esto estamos comprometidas las mujeres, teniendo en claro que la seguridad ciudadana empieza por casa.
(*) Licenciada en Educación.
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