OPINIÓN… Iniciando la ruta

Autor:

Jorge Manrique (*)

En pocos días se han aprobado medidas que marcan un punto de inflexión. La Ley de Consulta Previa a las comunidades indígenas amazónicas y andinas fue bloqueada durante años por la administración aprista, a pesar de tratarse de un compromiso asumido por el Perú al firmar el Convenio 169 de la OIT. Esta fue la consecuencia lógica de una política cuyo objetivo era despojar de sus tierras a las comunidades indígenas y amazónicas.

En lugar de aprobar esta ley se promulgó un conjunto de decretos (994, 995, 1060, 1064, 1020, 1081, 1083, 1089, y 1090) cuyo objetivo era entregar las tierras de las comunidades amazónicas en grandes lotes a las transnacionales, como Alan García lo había anunciado en “El síndrome del perro del hortelano”: “se necesita propiedad, es decir, un terreno seguro sobre 5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas”. Lo mismo se proponía para las comunidades serranas: “Esa misma tierra (la de las comunidades campesinas) vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero”. Se decretó además la ley que declaraba inimputables a los policías y militares que mataran a civiles al reprimir las movilizaciones. El resultado fue la tragedia de Bagua y la muerte de 191 personas durante los cinco años del gobierno de García: 153 civiles y 38 policías y militares.

La Ley de Consulta Previa ha sido aprobada por unanimidad, incluyendo hasta el voto de los cuatro representantes apristas. Es igualmente significativa la opinión de Eva Arias, vicepresidenta de la Sociedad Nacional de Minería, la entidad supuestamente más afectada por este dispositivo legal: “Es algo que la población esperaba y es bueno que esté reglamentada. Hay que seguir trabajando en compañía del Estado”.

El otro paso trascendental ha sido la exitosa negociación con el sector minero, que se ha comprometido a aportar 3 mil millones de soles anuales al fisco, a través de un gravamen que compromete tanto a las empresas con contratos de estabilidad jurídica como a las que no los tienen; a los proyectos en ejecución y los que están por aprobarse.

En cinco años Alan García cobró apenas 2.283 millones de soles; menos de lo que el actual acuerdo permitirá recaudar en un año. Esto ha dado lugar a múltiples interpretaciones: ingenuidad e ineptitud en la negociación, falta de voluntad política, que la minería no estaba tan desarrollada como ahora, etc.

Es bueno recordar que, mientras García aceptaba el óbolo de 500 millones de soles anuales, en Bolivia Evo Morales, a través de una negociación muy dura, conseguía elevar los ingresos del Estado por los hidrocarburos en cinco veces –algo parecido al incremento de seis veces que ha logrado el gobierno de Humala ve la oportunidad de conversar con algunos ejecutivos de empresas mineras peruanas entre la primera y segunda vuelta el 2006 y se manifestaban de acuerdo con negociar con Humala si este llegaba al poder. La buena disposición que ha mostrado el gremio minero es una excelente noticia y constituye un aporte efectivo en el camino de la inclusión social.

Existieron condiciones para lograr una mayor recaudación y esta no se logró no por ineptitud o ingenuidad, que no figuran en la lista de los defectos de García. El Estado ha perdido durante los cinco años pasados más de 12 mil millones de soles y hay responsables. Dados los antecedentes (recuérdese los escándalos de su primer gobierno y los petroaudios en el segundo) debe considerarse como una hipótesis fuerte un manejo corrupto. Para cualquier ejecutivo es una muy buena opción gastar unos cientos de millones en sobornos para ahorrarse miles de millones en impuestos. Por eso, dado el incremento de los recursos de los cuales dispondrá el Estado, es urgente aprobar las medidas contra la corrupción que el país espera, incluyendo la cárcel efectiva, la imprescriptibilidad del delito y la inhabilitación de los corruptos para la función pública.

Es alentador que el premier Salomón Lerner Ghitis enviara un mensaje de solidaridad al conmemorarse los ocho años de la entrega del Informe de la CVR. Los DDHH son otra gran asignatura a encarar.

(*) Analista Político.