Autor:
Ernesto Carrasco (*)
Las medidas anunciadas por el jefe de gabinete ministerial, Salomón Lerner Ghittis, para combatir la corrupción en el país fueron acogidas favorablemente por la mayor parte de las autoridades comprometidas en esta tarea.
La reestructuración y unificación en una sola procuraduría anticorrupción y adhoc, la imprescriptibilidad de la persecución penal y la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas para quienes delinquen en casos de corrupción fueron medidas esperadas largamente.
Por el momento, la bancada oficialista de Gana Perú ya presentó el proyecto de ley llamado Corrupción Cero, que afina las normas anunciadas por el gobierno.
Según el proyecto, el funcionario que reciba una sentencia “podrá ser privado de la función aunque provenga del mandato popular”, o será incapacitado “para obtener mandato o cargo de carácter público”.
Tampoco podrá tener autorización para portar armas o permiso de conducir por el tiempo que dure la sentencia.
“Con este proyecto se busca eliminar del Estado a malos funcionarios que han incurrido en graves delitos y fomentar una cultura anticorrupción”, señala la sumilla de la ley firmada por el vocero oficialista Freddy Otárola.
En cuanto a la prescripción, el proyecto de ley del partido oficialista contempla que la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley. Se propone también que la prescripción no será mayor a veinte años y si fuese cadena perpetua, no mayor de 30 años.
Los congresistas de Gana Perú indican que para que la ley sea aprobada se deberán modificar los artículos 32, 36 y 80 del Código Penal.
Para los entendidos, el Estado había perdido la capacidad para la persecución penal de los delitos de corrupción pese a las grandes investigaciones como las de la irregularidades de los lotes petroleros, Cofopri y Banco de Materiales, surgidos en el pasado gobierno.
A decir de un alto funcionario, en el sistema anticorrupción “estos anuncios representan un gran apoyo aunque no significa necesariamente nuevas facultades”.
Según cifras del sistema anticorrupción, hay actualmente más de 11 mil funcionarios públicos procesados. Existen solo 159 sentenciados, mientras 798 funcionarios y servidores tienen penas suspendidas.
En los casos de la corrupción fujimorista, la procuraduría especializada anticorrupción señala que hay 1,300 funcionarios públicos procesados en más de 300 casos abiertos. Pese a estas cifras, la imprescriptibilidad e inhabilitación no se podrán aplicar sobre estos funcionarios sino solo para aquellas denunciados a partir de la publicación de la norma.
Medidas acertadas
“Me parece acertado que se haya declarado la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción. Los casos prescriben y la impunidad es la que gana. En el Perú es fácil sustraerse de la justicia; desapareces 15 años y apareces cuando el delito prescribió”, declaró a La República el procurador especial anticorrupción Pedro Gamarra Johnson.
El presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Gonzalo García Núñez, destacó el carácter disuasivo de la figura de inhabilitación perpetua para los funcionarios que cometan actos de corrupción, impidiéndoles que vuelvan a trabajar para el Estado.
“Sin duda que la inhabilitación perpetua será disuasiva, así como también la imprescriptibilidad de esas acciones de corrupción”, manifestó Gonzalo García Núñez.
(*) Periodista.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario