Autor:
Agustín Haya de la Torre (*)
La Constitución de 1979 abre una nueva etapa en la historia republicana por varias razones fundamentales. Fue formada y aprobada por una Asamblea Constituyente elegida libremente, con soberanía plena; participaron en ella todas las fuerzas políticas que quisieron hacerlo sin cortapisa alguna y sobre todo, refundó la república sobre los derechos humanos.
Al hacerlo, nos reinsertó en la gran tradición liberal que inauguró la Constitución de Cádiz de 1812, que inspiró a las diecisiete repúblicas que se libraron del yugo español. Cuando establece que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado, nos inscribió en la más avanzada corriente del mundo contemporáneo, que impulsa la universalización de la democracia sobre la Declaración de las Naciones Unidas de 1948.
La Constitución de 1979 fue el resultado de un intenso debate doctrinario y del acuerdo entre las fuerzas de inspiración social demócrata y social cristiana. Así se retomó la herencia del constitucionalismo histórico que desde Cádiz y las cartas de 1823 y 1828, quiso construir la institucionalidad sobre las libertades y la división de poderes. Desde entonces la tensión entre dictadura y democracia agitó nuestra historia. Caudillos militares y algunos civiles fueron reacios a respetar las leyes y empañaron con la fuerza bruta la construcción del Estado representativo.
En 1920 y 1933, hubo cierto aliento para incluir reformas sociales, aunque sea “desteñidamente” como diría Jorge Basadre. La fuerza de los hechos las hizo excluyentes: la de Leguía se convirtió en un instrumento para sus reelecciones y la del 33 fue mutilada cuando la dictadura expulsó y prohibió al aprismo. De sus 47 años de existencia sólo rigió 14.
La de 1979 asume como sustento doctrinario del Estado peruano la Declaración Universal de los derechos humanos. Este es un giro copernicano que nos incorpora plenamente a la modernidad. Lo que identifica a los ciudadanos de la República no van a ser sus particularidades étnicas, sus idiomas o sus creencias, sino la igualdad de derechos y La Libertad para su realización. El Estado se compromete entonces a generar las condiciones para que esos derechos se hagan realidad y por ello la provisión de bienes públicos preferentes que permitan la igualdad de oportunidades, es su responsabilidad.
La de 1993 ha recogido 27 reformas durante el Congreso del 2001-2006, donde incluso se retiró la firma del golpista Alberto Fujimori, por indigno. Una comisión multipartidaria llegó a proponer un proyecto donde el 95% de los artículos eran de la Carta democrática.
Gracias a esas reformas y a las interpretaciones del Tribunal Constitucional, sobre todo en materia social, el texto del 93 recupera en buena parte sintonía con el de 1979.
Honrar el espíritu de la Constitución de Haya de la Torre nos reconcilia con la lucha por La Libertad y la igualdad en democracia, como la base para la identidad republicana de los peruanos.
(*) Licenciado en Sociología / Maestría en Desarrollo Económico.
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