OPINIÓN… Si funciona ¿para qué cambiarla?

Escribe:

Fritz Du Bois (*)

Un par de días luego del mensaje inaugural de Ollanta Humala, va quedando claro el costo que le ha representado la innecesaria provocación de mencionar la Constitución anterior al juramentar el cargo.

Evidentemente, uno de los objetivos del discurso fue el garantizar que existirá continuidad en el manejo económico que ha dado buenos resultados durante los últimos veinte años y, de esa manera, lograr que recuperen la confianza tanto la población como el empresariado. Sin embargo, el haber juramentado sobre los ‘principios y valores’ de la Constitución del 79, lo único que ha logrado ha sido recordar su primera y radical propuesta al electorado.

Asimismo, parece inconsistente asegurar que se mantendrá un modelo exitoso que se encuentra reflejado en el capítulo Económico de la Constitución y al mismo tiempo plantear modificarlo.

Más aún, da la impresión de que algunos vienen arrastrando, solo por costumbre, la demanda del retorno a la anterior Carta y de eso Ollanta Humala se ha contagiado. Incluso, lo peculiar del caso es que actualmente es la izquierda la principal proponente de la Constitución del 79, sin embargo, sus constituyentes se negaron a firmarla cuando la aprobaron.

En realidad, en los años desde que la actual Constitución entró en vigor el Perú ha vivido su mejor etapa de crecimiento y está logrando progreso muy rápido. Mientras que la anterior Carta Política coincidió con nuestro periodo más negro como nación y cuando esta fue, finalmente, derogada el PBI per cápita del peruano había retrocedido –o mejor dicho habíamos perdido– 32 años. Si el actual marco constitucional está funcionando… ¿Para qué cambiarlo?

Además, veamos el rol empresarial del Estado, del que tanto se quejan al considerar que están constitucionalmente atados. En los ochentas no existió actividad alguna en la que no estuviera presente el Estado, el cual era propietario hasta de cines especializados en filmes pornográficos. Sin embargo, esa década fue la que tuvo los niveles de inversión más bajos.

Por otro lado, el monopolio del Estado en servicios públicos nos llevó a un tremendo retraso, el contar con un teléfono era un lujo de privilegiados mientras que eran contados los barrios y pueblos que estaban electrificados. La brecha de competitividad que se creó por la incapacidad estatal en proveer servicios adecuados, llevaron a que los ochenta haya sido la década con la mayor pérdida de productividad que históricamente se haya registrado.

Pero a pesar de toda la evidencia que existe sobre el costo que le han representado al ciudadano peruano, todavía tenemos innumerables empresas del Estado. Ello es debido a la falta de convicción que existió al final de los 90 cuando se debió haber concluido totalmente con el proceso de privatización. El que estemos nuevamente debatiendo este tema demuestra que el perder el sentido de urgencia y caer en complacencia, siempre nos pasa la cuenta.

De cualquier manera, la Constitución no prohíbe, desafortunadamente, que existan las empresas del Estado sino que exige que la creación de nuevas sea aprobada por el Parlamento y no solo creadas en una minuta legalizada por un notario.

Por lo que si el Gobierno quiere establecer una nueva empresa estatal, lo tiene que justificar, debiendo convencer al Congreso de su necesidad. Lo cual parece perfectamente válido. Más bien lo que sería un exceso injustificado sería el cambiar una Constitución que está funcionando, simplemente para poder crear empresas públicas sin que el país esté enterado.

(*) Periodista / Analista Político

Director Diario Peru.21