martes, 14 de agosto de 2012

O P I N I Ó N



CPM: es bueno recordar su origen


Me han llamado la atención varios de los argumentos de los voceros del anterior gobierno aprista en defensa de la Carrera Pública Magisterial (asumidos también por sus colegas del fujimorismo), que son incoherentes respecto a lo que fue su propia práctica ejecutiva. Todo esto a propósito del debate suscitado por el afán del gobierno de Ollanta Humala por superar las deficiencias de dicha CPM mediante una nueva Ley de Reforma Magisterial más amplia e integradora del conjunto del magisterio. Han sostenido que hacer ingresar a todos los profesores nombrados que aún no están en la CPM a cambio de un aumento del piso salarial, implica trasgredir la exigencia de evaluar a los maestros previo aumento, como disponía la CPM que además fue aprobada en el 2007, luego de un amplio debate y consenso.

Vale la pena recordar que la ley de CPM que propició Mercedes Cabanillas se aprobó en el Congreso el 12 de julio 2007 vía Comisión Permanente, sin debate ni votación en el pleno, en el marco de una huelga de maestros del Sutep iniciada el 5 de julio que venía precedida de huelgas iniciadas el 18 de junio en Junín, Pasco y Puno. Estuvo lejos de ser una ley debatida y consensuada -mucho menos con los maestros- y de haber seguido los cauces parlamentarios más democráticos para lograr dicho consenso.

 En esa época se dijo que había sido un “caballazo” de Mercedes Cabanillas, porque a última hora introdujo a la Comisión de Educación presidida por Rafael Vásquez (Nacionalista-UPP) un proyecto que no era el que se había debatido por meses en la comisión. Aprovechando la mayoría automática Aprista-Fujimorista a la que se sumó el PPC, sacaron adelante ese dictamen. Sin duda era un paso adelante respecto a la antigua Ley del Magisterio, pero estaba lejos de ser la mejor versión posible y mucho menos de consenso. En los años de su aplicación, hubo miles de maestros que ingresaron a la CPM con esfuerzo honesto y luego ascendieron. Pero no se puede negar que miles de ingresantes falsificaron documentos, robaron pruebas, copiaban durante los exámenes, conversaban por celular o recibían claves a través de ellos, etc. Además, el Ministerio fue bajando el grado de dificultad de las pruebas para que entren más profesores que no aprobarían con exámenes más rigurosos. Recordemos algo más. Antes de la CPM, en la evaluación censal de profesores del 8 y 22 de enero del 2007 solo el 14,4% aprobó Matemáticas y 51,5% comprensión lectora, lo que daba un efecto combinado de 7,4% de aprobados en ambas pruebas.

Los cerca de 9 000 aprobados de esa evaluación representaban solo el 5% de los 180 000 postulantes. Luego, solo sacaron nota 14 o más para pasar a la 2da. fase apenas 151 docentes, de los 175 000 que iniciaron la evaluación. El Gobierno no iba a poder cubrir el 99% de las plazas presupuestadas para nombramientos y por ello bajó el nivel de exigencia de las siguientes pruebas. Esto no desmerece a los esforzados y honestos maestros que hicieron las cosas correctamente. Pero cuando menos eleva un signo de interrogación respecto a la idoneidad de todos los “evaluados y aprobados” que ingresaron a la CPM Adelanto que tengo críticas a la Ley de Reforma Magisterial que aportaré al debate en las próximas semanas, especialmente en temas vinculados a la gestión. Pero no es justo pontificar a la CPM denostando a quienes desarrollan alternativas que intentan resolver temas como el de la exclusión de los maestros que aún están fuera de la CPM con sueldos congelados, o la inconveniente existencia de dos regímenes legales y laborales distintos para dos grupos de maestros que realizan las mismas funciones.

Eso solo perpetúa un innecesario malestar entre los maestros que es caldo de cultivo de los radicales. Hay aún mucho pan por rebanar. Ahora estamos frente al escenario de un proyecto de ley que debe ser debatido y perfeccionado, para obtener el mejor resultado que apuntale la alicaída educación peruana y se convierta en un estímulo a la superación docente. Pero no lo hagamos con argumentos distorsionados. Seamos más precisos con los argumentos presentados al debate.



La responsabilidad del juez en el siglo XXI



El 4 de agosto se conmemoró a escala nacional el Día del Juez. Los magistrados del Poder Judicial concurrieron a sus respectivas sedes de corte, a fin de celebrar tan importante fecha y hacer un alto a la noble labor que desempeñan.

"La ciudadanía y la opinión pública no saben que cada magistrado, aparte de despachar con su secretario un sinnúmero de resoluciones judiciales, tiene que preparar los fallos.”

En tal sentido, es preciso manifestar que el juez es el funcionario público encargado de impartir justicia en igualdad de condiciones a las partes procesales debidamente legitimadas y resuelve con independencia y estricto apego a nuestra Constitución Política del Estado, por lo que en una oportunidad, el maestro Domingo García Rada decía: “El juez es menos que Dios, pero más que hombre”.
 
En esa fecha se recordó y enarboló la egregia figura del magistrado peruano, sobre todo los que trabajan sin descanso por el amor a la justicia y en aras de una patria próspera y llena de justicia para todos los ciudadanos sin distinción de ninguna clase.
 
Es importante expresar que ese día se conmemoró en una circunstancia sui géneris, es decir, coincidió con el primer año de gobierno del presidente Ollanta Humala.
 
Hay expectativas mayúsculas por una reforma constitucional en materia judicial y el cumplimiento de los objetivos del Ceriajus, el Plan Nacional de Justicia y aumento de haberes a los señores magistrados, a fin de coadyuvar a una verdadera ósmosis en las viejas estructuras del Poder Judicial.
 
De igual forma, el Día del Juez se conmemoró en un momento en que el presidente del Poder Judicial, Dr. César San Martín Castro, ha venido sosteniendo algunas iniciativas y aportes de los señores magistrados, sobre la necesidad de un nuevo marco normativo, a fin de plantear la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la regulación del recurso de casación, la creación de la Corte Superior Nacional con competencias propias y específicas y la institución de la figura de jueces inspectores. De allí que una verdadera reforma del Poder Judicial pasa por la reforma personal de quien viste el alma de la toga en la judicatura. Hay jueces y jueces; muchos eruditos y estudiosos, otros acaso de formación unidimensional: conocer lo suyo y nada más. La sociedad civil desea no solo jueces conocedores del derecho; sino que quiere de ellos que sean personas de una alta cultura, de una ética cotidiana que irradie para los justiciables y abogados litigantes paradigmas deseables de valores.
 
La labor del juez no es sencilla, pues, aparte de la responsabilidad que pesa en ellos, su trabajo no es nada envidiable, pues la ciudadanía y la opinión pública no saben que cada magistrado, aparte de despachar con su secretario un sinnúmero de resoluciones judiciales, tiene que preparar los fallos que ponen fin a un proceso, en una ración de horas; es decir, hay una infatigable labor que debe ser reconocida.
 
Gerardo Eto, a propósito del Día del Juez, decía: “Más allá de todo lo que aquí venimos reflexionando, consideramos que hoy los jueces tienen nuevos retos; y entre los que habría que empezar es por su permanente capacitación académica. Un juez que no esté al tanto de los estándares de interpretación de los más grandes tribunales jurisdiccionales como los europeos y aun de Norteamérica; un juez que no adquiere una ración mínima de libros en torno a su especialidad nacionales y extranjeros, un juez que no se deleita con la lectura de una buena literatura, un juez que subestima la cultura cosmopolita del arte, la pintura, la poesía, el cine, etcétera, es en realidad un juez que a mí me preocuparía mucho”.
 
Pues necesitamos en estos altos funcionarios el peso de una personalidad demoledora. Solo magistrados de esta talla podrán remontar a nuestro Poder Judicial.
 
Por tal razón, consideramos que el mejor regalo que los magistrados pueden hacerle al país, es comprometerse a mejorar la calidad de sus fallos judiciales y a no encerrarse en sus cuatro paredes. Y tienen que conocer el entorno donde se desenvuelven socialmente, de la misma forma comprometerse a ser más independientes y autónomos y, por qué no decirlo, a ser mejores vecinos, mejores hijos, mejores esposos, mejores amigos, mejores hermanos, mejores alumnos, mejores maestros y ser mejores jueces. El Perú así lo reclama por el bien del progreso de la sociedad.

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