N A C I O N A L

El diablo está en los detalles

“Abimael Guzmán no es más que un político”. “Sendero es una organización que aborda los verdaderos problemas de la población”. “No son terroristas, son prisioneros políticos y verdaderos demócratas”.

Quien vivió el terror de Sendero no puede evitar que un golpe de frío atraviese su columna cuando escucha que hoy existen otros peruanos que proclaman estas ideas. No solo porque es difícil comprender cómo la carnicería sufrida no bastó para grabar en todas las memorias el hecho de que sus autores fueran un grupo de asesinos psicópatas, sino porque, además, el miedo natural es que la falta de conciencia nos lleve a repetir nuestra historia.

Es por eso comprensible que la reacción de algunos sea acallar esas voces, como hoy pretende el Poder Ejecutivo con un proyecto de ley que criminaliza el negacionismo. Este busca sancionar hasta con ocho años de cárcel a quien apruebe, niegue o minimice los actos que según una ley, una sentencia judicial o una comisión especial –como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR)– califiquen como terrorismo. Paralelamente, algunos congresistas han exigido que también se sancione el negacionismo de actos de terrorismo cometidos por el de Estado.

Hay algo que los autores de estas iniciativas han pasado por alto: el diablo está en los detalles. Si bien la mayoría de peruanos puede estar de acuerdo con que Sendero Luminoso fue una banda terrorista que devastó al Perú, el acuerdo no es tan generalizado cuando hablamos sobre los hechos específicos de la barbarie sufrida. Por ejemplo, ¿cuántas muertes realmente se produjeron? ¿Quiénes fueron los responsables individuales de cada particular atentado? ¿Existió responsabilidad del Estado? Si la hubo, ¿cuál fue su grado de responsabilidad en cada episodio? Las respuestas a estas preguntas no solo no son unívocas sino que, lamentablemente, han llegado a dividir a los peruanos.

El “negacionista”, en la práctica, discutirá detalles concretos de la historia y tanto el fiscal que lo denuncie como el juez que lo sancione tendrán que escoger una versión particular de los hechos. ¿Cuál tomarán como la historia oficial? Pues la que ellos, subjetivamente, prefieran. Y de eso finalmente, dependerá a quién se envía a prisión.

Alguien, sin embargo, podría pensar que esto se soluciona limitando el delito de negacionismo a actos terroristas confirmados en un proceso judicial o por la CVR. Esta alternativa, sin embargo, enfrenta el problema de que la Constitución reconoce el derecho de toda persona a criticar las sentencias, por lo que una ley que prohíba discutir lo que establezca un juez sería inconstitucional. Proteger este derecho, por lo demás, no fue un capricho de los constituyentes. La razón es que parte del principio de que los jueces yerran y de que la única manera de no repetir sus errores es discutiendo sus fallos.

No olvidemos, por otra parte, que nunca faltan sentencias contradictorias (o es que, por ejemplo, ¿ya nos olvidamos que según una Sala de la Corte Suprema los crímenes del grupo Colina son de lesa humanidad y según otra no lo son?). En estos casos, ¿cuál sería la verdad oficial?

Limitar el delito a la negación de los hallazgos de la CVR sería incluso más problemático. Sin desmerecer su trabajo, la CVR no fue creada para establecer responsabilidades individuales por delitos concretos (para empezar porque eso solo lo pueden hacer las cortes a través de procesos judiciales que brinden todas las garantías de defensa). Por eso, hoy no podríamos usar sus conclusiones para establecer los detalles de los actos terroristas cuya negación, según el proyecto, sería penada con la cárcel.

Los grandes hechos históricos sobre los que parece que existe acuerdo realmente están compuestos por miles de historias particulares sobre las que solemos diferir. Por eso, salvo que las libertades de conciencia, opinión y expresión no sean más que tinta en un papel, no podemos construir una verdad oficial.

Sendero, que nadie lo dude, sigue amenazándonos. Pero la manera de silenciarlo no es con una ley que nos divida, al permitir que quienes estén en el poder amordacen a los que no comparten su versión de la historia. La forma de hacerlo es, más bien, uniendo las voces de quienes creemos en la paz para hablar más fuerte que él, para que cuando trate de engañar sobre sus atrocidades no pueda convencer a ningún peruano más.