O P I N I Ó N
Dinero de sanciones a Petrotech legítimamente es de Talara
Talara. El diario La República en su
columna regional este último 28 de enero publica un medio reportaje al alcalde
de la provincia de Paita, Alejandro Torres Vega, referido a un acuerdo de
concejo solicitando el dinero captado por el Estado como consecuencia de
sanciones a Petrotech Peruana.
El hecho en referencia se remite a la
cancelación de US $ 38 millones efectuado por la petrolera Petrotech Peruana
S.A., quien administra el Lote Z – 2B ubicado en el zócalo marítimo de Talara,
por perjuicios derivados del incumplimiento del Contrato de Operaciones.
El resarcimiento que no es nuevo ni
único en la historia petrolera del país, deviene de resoluciones de la
Contraloría General de la República acreditando la infracción y consecuentemente
estableciendo plazo al pago. Importante es reconocer el rol soberano y
nacionalista del congresista Miguel Guevara Trelles, quien desde su curul,
denuncia la maniobra irregular de Petrotech.
La naturaleza de la infracción deviene,
hemos dicho, del incumplimiento del Contrato de Operaciones suscrito con el
Estado Peruano desde 1994. Concretamente, el hecho irregular se establece cuando
la referida transnacional petrolera decide la construcción de la Planta
Criogénica Procesadora de Gas Pariñas, ubicada en el radio industrial al
noroeste de la ciudad de Talara. La operación es descubierta fuera del contrato
en tanto esta empresa, le vende gas a su propia filial y subsidiaria sin contar
con la autorización del Estado peruano.
La Planta Criogénica, se construyó y
opera en Talara desde el año 2003, luego que se superó un largo conflicto en los
tribunales de justicia entre Petrotech y la Empresa Eléctrica de Piura S. E. –
Eepsa, reclamándose una y otra la legitimidad para procesar el gas peruano. En
la ceremonia de inauguración acudieron además del dueño de Petrotech el
ciudadano norteamericano William Kallop, el ministro de Energía y Minas,
Alejandro Sánchez y demás autoridades.
Desde luego que no constituye delito
alguno que el Concejo Provincial de Paita adopte un acuerdo solicitando el
dinero de la sanción a la petrolera como aspiración es legítima. La aspiración
pudo surgir tanto del pueblo, provincia o región del país. No existe impedimento
legal alguno para hacerlo. Reiteramos que pedir, aspirar y hasta soñar es
legítimo; sin embargo, es importante introducir algunas puntualizaciones que
ayudan a discernir sobre el destino final de los US $ 38 millones.
La empresa Petrotech a quien se le
sanciona, opera en el Lote Z - 2B ubicado en el Zócalo Continental de Talara;
b)Frente al mar de Talara se encuentran instaladas las plataformas marinas que
producen un promedio de 18 mil barriles por día; c) Las oficinas administrativas
de la infractora se ubican en el distrito de Pariñas, capital de la provincia de
Talara; d) La Planta Procesadora de Gas Pariñas, generadora del conflicto, se
ubica en el radio industrial de Talara a sólo 4 kilómetros al noroeste; e) En la
opinión del congresista Dr. Miguel Guevara Trelles, artífice del pago, el
beneficio le corresponde a la provincia de Talara; f) Es correspondiente que si
el perjuicio al país es ocasionado por las operaciones petroleras que se ubican
a Talara, el beneficio debe serle correspondiente; y finalmente, g) La
infracción específicamente es ocasionada en la Planta Procesadora de Gas Pariñas
que se le ubica en Talara; y no en otras operaciones que Petrotech tiene en el
país.
Si por desgracia, la provincia de
Talara no tiene interlocutor en el Congreso de la República, ello no implica que
su derecho sea puesto en tela de juicio.
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