N A C I O N A L E S

(RICHARD KINBOLL)

SANCIÒN A ALCALDES POR DESTRUCCION DE PATRIMONIO CULTURAL

"Las autoridades locales que permitan la destrucción del patrimonio cultural en sus jurisdicciones, serán sancionados con pena de cárcel no menor de tres años ni mayor de seis años, además de inhabilitación no menor de un año. Esta sanción será aplicable a quienes atentan contra bienes culturales y yacimientos arquitectónicos en el país, según el código penal".

Esta jurisprudencia que acaba de ser recordada su vigencia en la mayoría de diarios del país, resulta muy oportuno su conocimiento, toda vez que en efecto en diferentes jurisdicciones se violenta y se patrocina el tráfico sobre el patrimonio de la Nación.

A la recomendación específica sobre atentado de bienes culturales y yacimientos arquitectónicos, históricos hay que advertir y tomar en cuenta que las mismas sanciones se aplican sobre autoridades negociantes de terrenos turísticos como ha ocurrido sin sanción ni castigo alguno por venta de terrenos ribereños, playas, balnearios etc.

Un caso especial y gravoso se refiere a la ocupación precaria de todo el litoral que comprende LA BAHIA DE PARIÑAS (Talara). En toda su extensión y por muchos años se han instalado una serie de oficinas de empresas quienes lejos de contribuir a su mejoramiento como una estructura geográfica marítima, le han perjudicado su perspectiva histórica y su capacidad de ser un puerto para las transacciones comerciales e industriales conectados a la actividad petrolera. Se espera la investigación y aplicación de las sanciones que se indican.

AHORA QUE VIENE EL ANIVERSARIO POLITICO DE TALARA

El territorio petrolero de Talara (Perú), va a cumplir 56 años de elevarle a la categoría política de provincia este próximo 16 de marzo. A manera de precisar hitos importantes de su historia a sus generaciones presentes y futuras, así como las autoridades tanto del gobierno central como las que asumen su defensa, digo que no deben perder de vista hechos controversiales que ocurrieron.

Se refiere el enfoque a un sinnúmero de despojos que la justicia peruana pasó por alto sin tomarle en cuenta. Aquí algunos grandes ejemplos para graficar de mejor forma como se obró y se resolvió en el país.

En el año de 1960, casi concluyendo el gobierno del Presidente Manuel Prado Ugarteche, una flota naviera pesquera de propiedad de embarcador griego Aristòteles Onassis, fué capturada frente a las costas de Talara por pesca ilegal, aplicándosele una multa equivalente a 6 millones de dólares. El Estado Peruano efectivizó la cobranza propiciando un ingreso captado por depredación del mar de Talara; sin embargo, el verdadero espíritu de justicia con sentido de proporcionalidad no se aplicó, siendo que Talara no recibió la parte alícuota que generó el beneficio.

En el año del 2010, el Estado por una sanción que dictaminó el Congreso de la República (Comisión presidida por el congresista Miguel Guevara Trelles), a la empresa Petrotech Peruana por alfaire tributario, ingresó al portafolio de E.y F. la suma de 300 millones de soles. La empresa en mención reconociendo su falta canceló, y para evitar mas investigaciones sobre el ilícito y violación del contrato de administración, transfirió la misma, al hoy consorcio Colombia-Corea (SAVIA).

El mismo congresista Miguel Guevara Trelles, al poner en conocimiento en su informe Congresal a la Nación Peruana los resultados de la investigación, aseguró que a la Provincia de Talara le correspondían 36 millones de soles, por ser la Provincia donde se generó la infracción correspondiente (Lote Z 2-B). Hasta la fecha el Ministerio de E.y F. hizo el desaporte respectivo.

Otro caso que fué todo un escándalo lo representó el proceso de privatización del patrimonio, activos, lotes petroleros, barcos, grifos, oleoducto, plantas de ventas de Petroperú de la venta que hizo la dictadura Fujimori-Montesinos a partir de 1996, a Talara no revirtió por daño social y reserva de futuro, absolutamente nada. En 1985 después de la declaratoria de TALARA CIUDAD ABIERTA, en desmedro, la población con arbitrariedad es despojada del servicio de gas a domicilio que conquistó por equidad (pueblo productor) en los pactos colectivos con la IPCº.

Una historia de despojos que resaltamos, cuando estamos ad portas de registrar un aniversario mas de su creación política.