E D I T O R I A L

A PROPÓSITO DEL PRÓXIMO ANIVERSARIO DE TALARA

LA HISTORIA DE UN BENEFICIO DE GAS QUE UN BUEN DIA LO RETIRARON

Transcurría el año de 1950, la International Petroleum Company. IPCº, mediante un supuesto Laudo Arbitral de Paris, que ella misma se concedió, administraba las concesiones petrolíferas de La Hacienda La Brea y Pariñas. Según la historia de la producción petrolera, fué la década del gran apogeo, y por ello, la alta dirección de la Empresa Norteamericana, accediendo a un acuerdo con los sindicatos representantes de los trabajadores, construyó la nueva población de Talara que comprendía 800 viviendas de material noble de <ladrillo y cemento> levantadas en áreas de 156.o m2 cada una.

Los primeros reportes de historias escritas, atribuidas a periodistas petroleros, se reconoce a la construcción de 800 viviendas para los trabajadores, como la obra cumbre, que ejecutó la empresa norteamericana al amparo de lo establecido en el Pacto Colectivo. A diferencia del modelo de casas de la primera fase, construidas de madera (Pino de Oregón) y diseñadas tipo blocks y modelo de 'barracas', al obrero se le reconoció las consideraciones de vivir en dignidad como verdaderos trabajadores de la actividad petrolera.

Pero los mas significativos alcances logrados mediante negociación colectiva y registrados en el Pacto Colectivo fue que la empresa IPCº, otorgaba como servidumbre en todos los domicilios de sus trabajadores desde el año de 1950, el uso y gasto del gas combustible (metano-etano), sin topes, sin medidores de consumo, sin pago adicional; no se trataba de una concesión de la empresa, era un beneficio adquirido (..). La misma empresa se encargó de construir toda una sofisticada red de ductos de muy buena ingeniería en el sub-suelo de la ciudad, pués el beneficio también comprendía a mercados, ladrilleras, panaderías y otras actividades artesanales.

Al respecto existe un hecho contencioso que en algún momento puede actualizarse, por la decisión tomada por la empresa del Estado Petróleos del Perú, creada por el Gobierno de la FF.AA. en 1969, quien desconociendo el beneficio establecido en el Pacto Colectivo ( dice: "que los acuerdos establecidos entre las parte tienen rango de ley"), procedió a retirar el gas a toda la población argumentando razones de seguridad civil por un accidente menor y sin mayor importancia ocurrido en una vivienda de un profesional, autoridad del medio (Ismael Bravo Arenas).

En la demanda contenciosa que se encuentra pendiente, Petróleos del Perú debía indemnizar a todos los trabajadores por tratarse que se retiraba un beneficio violentado por la empleadora sin expresión de causa. Es mas, cuando en el año de 1972 el gobierno de la FF.AA. dispone la venta de las viviendas a los trabajadores, el contrato de compra-venta establecía que el bien transferido comprendía además: aires, salidas, entradas, servidumbres (gas, agua, luz, etc).

Cuando Petroperú anunció el desaporte de los servicios públicos a entidades como municipalidades, Educación; al trabajador se le otorgó un reintegro compensatorio para que cubra en adelante directamente los servicios de escolaridad, agua, energía, limpieza pública; pero, nunca se trató el tema del servicio del gas que fué retirado definitivamente recién el año de 1980. Sin embargo en los últimos años que el trabajador y su familia conservaron el beneficio, Petroperú otorgó en concesión el servicio del gas a una tercera instancia, sin tomar en cuenta que el producto, era parte de un beneficio ganado por los trabajadores en su condición de laborar para la actividad petrolera.

Hoy con la explotación del Gas de Camisea en el sur de Perú, y por los renovados anuncios del impulso a la tecnología energética, cuando el insumo es demanda mundial en los diferentes mercados, agregando a ello, la propuesta de la masificación de su uso y aprovechamiento en el mercado nacional favoreciendo y resolviendo una vieja demanda gasifera para las viviendas del país; la coyuntura, es propicia y actualiza la historia del gas que un día sin tomar en cuenta la compensación social, se le recortó a toda la población talareña.

Este relato es parte inherente de muchas historias vejatorias en la evolución de un pueblo petrolero que se alista para recordar 56 años de creación política. Hurgando en esa historia vamos descubriendo muchos episodios lesivos como el que recordamos evidenciando que a esta Provincia en lugar de mejorarle sus bien ganados beneficios, aquellos fueron eliminados y conculcados como lo precisamos en nuestro enfoque de ayer donde señalamos la triste historia de la privatización de la industria petrolera y su terrible consecuencia.

DIRECTOR DE ASPETA

RICALDI RAMIREZ RUIZ