martes, 18 de junio de 2013

PALABRA DEL DIRECTOR

VERIFICACIÓN OBLIGADA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ

 
Producido el suceso mas escandaloso de corrupción que afecta a la provincia de Talara, quizá el segundo en gravedad del Perú, después del conocido como "Petro audios"y como quedarán las réplicas, obligados a tomar severas medidas cautelares a fin que el fuego no vuelva atizarse.

A manera de apreciar mejor la presente opinión, creemos necesario detallar a que nos estamos refiriendo. Se trata de un caso alarmante de corrupción en perjuicio de la Municipalidad de Talara. Lo reveló un vídeo que presentó un contratista de obras municipales, escenificado en el programa dominical Punto Final dirigido por el periodista Nicolás Lucar, de Frecuencia Latina el día 14 de abril del 2013.

El contenido de la mencionada prueba de derecho, establece una acreditación flagrante suscitada en momento que el señor alcalde de la Provincia de Talara Dr. Rogelio Trelles Saavedra, a quien el contratista reclama por entrega de doscientos cincuenta mil soles, cantidad facilitada como adelanto para recibir una obra municipal, en la presunta modalidad delictiva operada en la mencionada municipalidad.

La autoridad en referencia, interlocutor directo con el contratista demandante, admite haber recibido 120 mil soles, luego instruyó al constructor para que en adelante las operaciones las realice directamente con su persona, y ya no, con los intermediarios autorizados en esa 'negociación' y, en tantas otras que serán materia de comprobar en la medida que se profundicen las investigaciones.

Con las denuncias formuladas por los procuradores especializados anti corrupción de la Nación que inmediatamente actuaron, el Ministerio público de Talara inició investigación preliminar, solicitando al juzgado penal la detención preventiva del encauzado. Recién con fecha 20 de mayo en audiencia preparatoria el indicado juez dictamina detención domiciliaria, ocurriendo como hecho extraño que se admite como lugar de la detención, un domicilio en el condominio de Punta Arenas, residencia de los profesionales directamente vinculados con esta Empresa. el domicilio señalado y autorizado como prisión es propiedad exclusiva de Petróleos del Perú.

Ante esta inusual situación, que da lugar a la protesta un tanto tardía por parte de Petroperú, deja entrever que todos los excesos deliberados ocurridos en el trámite del proceso, evidencian la unilateral parcialización de autoridades responsables del proceso y, no dispuestas en asumir con urgencia la cautela que representa defender del daño al Estado Peruano.

Quizá como derivada de esta acción de pleno delito, que debe salvar y obliga a guardar distancia Petróleos del Perú, hace pocos días, se dictó instrucciones a los trabajadores pacientes que necesiten atención médica, a que el tratamiento como la compra de las medicinas, podrían efectuarse a elección del trabajador en otros lugares autorizados. Ello, pone fin al monopolio expreso de Petróleos del Perú con Clínica Tresa, casualmente de propiedad del Alcalde implicado en los presuntos delitos.

La decisión de Petróleos del Perú es correcta, pero mucho mas satisfactorio, sería que se efectúe un examen auditor, para establecer ¿cuánto han sido los presupuestos desembolsado como pago por el servicio médico en mas de 20 años?. De la misma manera, se verifique el grado de meritocracia de los profesionales médicos contratados y, cotejar la escala remunerativa que han pagado por los servicios, así como la calidad de la medicina otorgada.

Definitivamente que la condición profesional de la atención médica en la indicada clínica, debe guardar paridad con los volúmenes de pagos efectuados. Reiterando, ello es necesario, puesto que se trata de dineros de la Nación que por observar legalidad deben ser sometidos a verificación.

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