LA PALABRA DEL DIRECTOR.

ALGO INAUDITO, PERMITIDO Y VIGENTE

 

 

Se trata de la evolución de hechos de la que todos los peruanos nos quejamos todos los días. Hechos que mas bien se tornan casi una costumbre impuesta, se refiere a los absurdos fallos que otorgan jueces, fiscales, y demás anormalidades en todo el ámbito del término jurisdiccional.

Lo mas extraño es que abierta y descaradamente, se defrauda al Estado de Derecho y a la persona a quien se le debe cautelar sus garantías constitucionales; sin embargo, en este país no existe la sanción a quienes violentan la ley convirtiéndose en sus cotidianos mancilladores.

Al respecto existe a nivel nacional una elevada carga de resoluciones que responden a intereses foráneos, juicios verdaderos columpios, donde los fallos corriendo esa suerte, se derivan a quien no tiene la razón; en pocas palabras, en el Perú no hay administración de la justicia, el mercantilismo con el toma y daca, se constituyen en el hábito que reemplaza a la legitimidad que le asiste al ciudadano que se somete confiando en los elevados criterios de un Poder del Estado.

La página judicial del Perú está atiborrada de escenarios e historias escalofriantes. Abogados, defensores públicos que la Nación preparó en las Universidades encargándoles ser los guardianes del derecho, bien pronto, cuando pisan tierra en los corrillos judiciales, se enfrentan a un sistema decepcionante, ante el cual, a la gran mayoría no les queda otro remedio que sacar su pañuelo y bailar al compás de la música.

La misma jerarquía organizativa del Poder Judicial se encuentran estructurada dando margen a que pésimos jueces prevariquen dentro de la coyuntura que les favorece. De que vale por ejemplo que un juez estudioso, responsable, honesto, de provincia, emita un fallo profesional, justo, equitativo, si la competencia de un recurso de apelación promovido en una sala superior, le pone precio a la emisión de otros fallos fraudulentos.

La precaria realidad dice que un fallo no depende de un juez que en su jurisdicción se convierte en la instancia calificada, probada. Sus resoluciones no registran ningún valor, no garantizan su estabilidad con reconocimiento, cuando un juzgado de mas arriba va a licitar trocando los resultados. Con esta administración de justicia, pues entonces, no existe nada en garantía para la persona inocente -o- para quien se le debe conceder la razón.

Eso va a ocurrir en el caso de la corrupción mas espantosa registrada en la Provincia de Talara, que implica como principal involucrado al señor Alcalde Trelles Saavedra. Como si fuera la mano hábil de un buen técnico de fútbol, se ha preparado instancia por instancia con tal estrategia, asignándole a la justicia de la sede de origen (talara), el papel de convidado de piedra, la palabra final la tendrá una jurisdicción ajena, extraña. Con esta realidad, las aspiraciones de la población de Talara que luchó con denuedo y esperanzas, podrían quedar regadas en el camino.

Cuánto vale la justicia, cuando se despoja de sus competencias y prerrogativas al convertir a un delincuente mafioso en el dueño de la razón?. Lamentablemente esto está sucediendo, al señalado y acusado de corrupto se le ha enviado a un arresto domiciliario sin molestarse nadie, en fijar las reglas que rijan su reclusión. Estas aberraciones legales se imponen a favor de los actores de nauseabundos procesos de corrupción. Con esto, no se complace el ego de jueces que luchando por la justicia, deberían sentirse satisfechos profesionalmente, se complace los volúmenes de los bolsillos que reciben el destilado del miserable dinero que protagoniza la mafia..