¿ES IMPOSIBLE UNIR DEMOCRACIA Y MERITOCRACIA EN LAS UNIVERSIDADES PERUANAS?
Estamos a punto de cumplir un siglo enarbolando la Reforma Universitaria emanada del Grito de Córdoba, 1918, Argentina. En las universidades peruanas, la Reforma Universitaria se ha convertido en un himno, en el anhelo mayor como si con ella se abriera las puertas a una modalidad de paraíso celestial.
Ese himno sublime tenía letras que pregonaban democracia opuesta a la ciencia, por parte de las dos vertientes que la tomaron como emblema para disputarse el poder, el Apra y la izquierda.
La democracia viene siendo exaltada como valor supremo. Pero la democracia es un concepto político y al igual que la religión, depende de quien la detente y la instrumentalice. Lo único real es que se ha creado una dicotomía: democracia o ciencia, habilidad manipuladora o conocimiento, maquiavelismo o verdad.
Ahora que se debate la nueva Ley Universitaria en el Congreso de la República del Perú, es urgente replantear el problema: ¿Mantenemos la dicotomía o unimos democracia y meritocracia?
La pregunta emana de dos posiciones ahora en juego, la de la Comisión de Educación del Parlamento de crear una Superintendencia que vigile la marcha de las universidades y la de los rectores de las universidades por mantener el statu quo.
En el contexto actual de la historia universal, mantener esa dicotomía resulta insostenible.
El Ministerio de Educación históricamente cuenta con los técnicos y profesionales de muy escaso estándar académico, además de la sujeción política al partido que gobierne el país al que se contraerían las universidades, como bien lo exponen los rectores.
Convertidas las universidades peruanas por espacio de un siglo en campo de batalla política, los rectores tampoco constituyen una garantía de eficiencia y de adecuada conducción institucional en beneficio del país, sobre todo las que dependen del presupuesto nacional. Esto se puede constatar incluso revisando la foja de servicios de rectores y vicerrectores de la más antigua universidad peruana, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, límites que les resta legitimidad.
Esta y el pésimo trato que los sucesivos gobiernos han dado a las universidades explican el bajo estándar de nuestras universidades incluso en el concierto de sus pares latinoamericanas. Pero hay que tener en cuenta que los gobernantes para obviar a las universidades públicas han usado el estigma que las mismas universidades han cosechado al abandonar los fines para los que han sido creadas, sobredimensionando lo político y excluyendo de manera radical lo académico.
Frente a la dicotomía actualmente en disputa, felizmente existe una salida racional. Debe respetarse la autonomía universitaria pero garantizando la meritocracia. ¿De qué manera? Lo político, debe estar en armonía con la meritocracia. Debe mantenerse, con el nombre que se quiera la Asamblea Nacional de Rectores, pero debe estar representada por los rectores de las diez universidades que se ubiquen en los primeros lugares del ranking de las universidades peruanas.
De este modo, la marginación no será política, sino que constituirá la autoexclusión por de-meritocracia.
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