SE LA QUIEREN LLEVAR FÁCIL.

Petro-Perú tiene un complejo de enanismo. A toda costa, quiere crecer. Primero lo intentó por medio de una serie de proyectos faraónicos que, por mucho que la empresa lo negase, iban a comprometer el dinero de los contribuyentes (proyectos que, con buen sentido, el Gobierno ha detenido hasta la fecha). Ahora lo está ensayando con un camino más creativo: subiéndose a los hombros de otras empresas.

En efecto, Perú-Petro, el confusamente nombrado organismo estatal que está a cargo de las concesiones petroleras en el país, ha anunciado que renovará las concesiones de los cinco lotes petroleros ubicados en Talara por 10 años más, siempre y cuando las empresas concesionarias acepten el ingreso de Petro-Perú como socio con un 25% de su participación en sus respectivas operaciones. Y ha confirmado también que el próximo 21 de noviembre sacará a subasta otros 9 lotes en el litoral, cuyos postores tendrán que asumir al mismo socio forzoso, en los mismos términos.

Como se verá, para decirlo en palabras que ya forman parte de nuestra cultura popular, Petro-Perú se la quiere llevar fácil. A fin de hacerse de un lote, cualquier empresa o consorcio privado tiene que demostrar que será el más eficiente en su explotación, de manera que el Estado sepa que entrega sus recursos a quien le sacará el mayor provecho y a quien, por tanto, podrá otorgarle las mayores regalías. Petro-Perú, en cambio, no requerirá probar nada de esto: por mandato de la norma, la empresa estatal será socio del ganador de nuestros lotes, sea este quien sea.

Ahora bien, no debe deducirse del hecho de que Petro-Perú se la vaya a llevar fácil, que el país se la vaya a llevar gratis. Como saben bien los economistas –y, en realidad, cualquier adulto– todo en la vida tiene un costo. Y así, es predecible que el prospecto de tener que compartir forzosamente sus proyectos –y sus eventuales futuras utilidades– con una empresa que no le aportará experiencia alguna en la explotación petrolera, será un elemento que los posibles futuros postores de estos lotes pondrán en su columna de “contras” a la hora de sopesar su decisión.

Es importante resaltar, por otro lado, cómo la mencionada columna viene ya bastante nutrida desde antes de esta imposición: en el Perú las regalías que tienen que pagar los inversionistas son altas en comparación con otros países similares, mientras que los trámites son interminables. A lo que hay que agregar los conflictos sociales. Y todo ello, en un contexto en el que no hemos tenido ningún hallazgo realmente importante en el campo de los hidrocarburos desde Camisea.

Así pues, a la fecha hay en el país 30 contratos de hidrocarburos paralizados por dificultades y demoras en la aprobación de sus estudios de impacto ambiental, y por conflictos sociales. Por si esto fuese poco, ahora se ha decidido la aplicación de la consulta previa en un lote –el 1AB– que tiene explotación petrolera desde hace más de 40 años (con lo que lo más apropiado sería comenzar a hablar de “consulta posterior” en lugar de “previa”). No es extraño, luego, que varias de las más importantes empresas que estaban explorando o explotando yacimientos en el país se estén yendo (entre otras, Conoco-Philips, Talisman y Petrobras). Después de todo, los peruanos no tenemos, como acostumbramos creer, el monopolio de los recursos naturales: sin ir más lejos, mientras nosotros mantenemos el estado de cosas descrito, Colombia está esforzándose agresivamente por atraer operadores petroleros de talla mundial.

Se equivoca, pues, el presidente de Perú-Petro cuando dice que hay que “garantizar el retorno de Petro-Perú a la explotación”. Ese no es el objetivo de la institución que él dirige. Al menos hasta donde se sabe, lo que Perú-Petro debe buscar a la hora de dar concesiones es potenciar nuestra exploración y nuestra explotación petrolera, no potenciar a Petro-Perú. Lo primero requiere asegurarse que quienes se lleven las concesiones sean quienes demuestren la mayor experiencia, presenten los mejores planes de inversión, ofrezcan las mayores regalías y demás. No quienes estén más dispuestos a cargar con Petro-Perú.

Petro-Perú, en suma, no debe ser un fin en sí mismo ni un estandarte de determinada concepción del rol del Estado en la economía que hay que levantar a cualquier costa sobre el suelo peruano, mientras nuestras principales riquezas de hidrocarburos permanecen ocultas, abajo del mismo.