CRÓNICA DE UN MAMARRACHO LEGAL.

 

En setiembre, el Congreso de la República tomó lo que hasta entonces se llamaba la Ley Beingolea y la transformó en algo peor. Retazos de varios proyectos de ley de otros congresistas –asustadísimos de Internet– fueron pegoteados hasta armar un solo cuerpo decadente.

 

Gracias a la presión de los bancos –a través de ASBANC– y del congresista Juan Carlos Eguren, la ley pasó como por un tubo. Se discutió y aprobó en tiempo récord: 4 horas. Y, básicamente, se discutió en secreto. La ley que fue finalmente aprobada no era la Ley Beingolea. Era otra cosa. Solo un puñado de tuiteros siguieron la aprobación en vivo. Algunos abogados, se enteraron al día siguiente en El Peruano. Pero la mayor parte de la opinión pública se enteraría semanas después, cuando el debate estalló.

 

Buena parte de la Ley de Delitos Informáticos que el Congreso aprobó, estaba basada en un proyecto elaborado por el Ministerio de Justicia. Por eso es que la bancada oficialista, a través del nacionalista Tomás Zamudio, impulsó la premura de la aprobación.

 

En ese momento se le advirtió a la familia Humala que debía observar la ley y devolverla al Congreso para permitir un debate que sí incluya a expertos y organizaciones de la sociedad civil. Pero era difícil que eso sucediera. Después de todo, el Ministerio estaba enamorado de su propia criatura. Pero solo ellos.  

 

Por ejemplo: José Luis Medina Frisancho, asesor de la Alta Dirección del Ministerio, fue al programa del Chema Salcedo a defender la norma. Ante la pregunta de quiénes estaba contentos con la ley, Medina solo atinó a mencionar a ASBANC. Bueno, claro. En el Twitter, el solitario defensor de la norma es un abogado llamado Álvaro Thais, que, según su Linkedin, resulta ser “Asesor Legal de Tecnologías de Seguridad e Información y de Seguridad Física y Electrónica” en… ASBANC.

 Es decir, los únicos defensores de la Ley de Delitos Informáticos son los bancos y el gobierno. Nadie más.

 

Incluso desde el gobierno, en privado, se admite que artículos como el 3 y el 6 son excesivos (el 6, por cierto, hubiera impedido la investigación sobre APDAYC). Otros artículos, como el 10, no solo criminalizan el hacking ético, sino que incluso criminalizan el combate al hacking ilegal: si posees algún software diseñado para la comisión de los delirantes “delitos” creados por la ley, vas preso. Jalando un poco la pita, un juez podría determinar que instalar el Microsoft Excel es delincuencial.

 

Una vez que la familia Humala aprobó la ley –a pesar de las advertencias– estalló el debate. La defensa del gobierno ha sido orientar el debate por el lado de la interceptación, que es algo que concierne directamente a un puñado de periodistas. Pero el resto de artículos nos afectan a todos nosotros no solo en nuestra libertad de expresión, sino en libertades básicas de acceso a la información. El gobierno también dice que la norma nos pone al día con el Convenio de Budapest contra el cibercrimen. Pero el mamarracho, en varios artículos, va más allá del Convenio (y artículos como el 6, 9 y 11 no tienen ningún tipo de correspondencia con Budapest).

 

El gobierno ha empezado a escuchar a las voces que le dicen que su hijito, quizás, no es tan bonito como los bancos le decían. Los bancos pueden tener su norma contra el phishing. Perfecto, la necesitan. Pero no tienen que arruinarnos la vida a todos los demás. A ver si nos vamos dando cuenta.