LA TRIBUNA

PROHIBIDO OPINAR.

 

 

La semana pasada el exPresidente Fujimori sostuvo una conversación, a través de un teléfono público, con un conocidísimo periodista radial. Esta fue posible por la colaboración de dos congresistas de su bancada, quienes impidieron el ingreso de los agentes penitenciarios a la enfermería del penal de Barbadillo, donde el exmandatario purga condena. Como el aparato se encuentra dentro de la enfermería, cuando agentes del INPE quisieron que colgara, los parlamentarios les cerraron el paso para impedirlo.

 

El jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, ha anunciado que Fujimori será procesado y sancionado por haber concedido una entrevista telefónica a un medio de comunicación, que eso está prohibido según las normas, que incluso se cancelará la línea y hasta se retirará el teléfono de ese lugar. Algo más, la Comisión de Ética del Parlamento evalúa la posibilidad de someter a los congresistas Julio Gago y Kenji Fujimori a una investigación por supuesta inconducta funcional y de ser el caso hasta sancionarlos suspendiéndolos de sus labores; pese a que no estaban en actividad parlamentaria. Siempre la venganza burocrática.

 

Pero, hay opiniones divididas. Unos piensan que no se le ha prohibido la libertad de expresión. No podrían.  Y que la sentencia impuesta es una privativa de su libertad ambulatoria y una pena de inhabilitación y justifican el audio, en tanto que se trató de una llamada telefónica grabada en el exterior del centro de reclusión. Mientras que otros señalan que constituye una falta grave dar declaraciones a los medios de comunicación sin autorización previa y que como cualquier interno privado de su libertad no puede incumplir el reglamento. Siempre los inquisidores.

 

Empero, más allá de lo que digan las normas, se trata de un acto de humanidad referido a un sentenciado, cuasi octogenario y que ha desempeñado la más alta magistratura de la República. Este es un país en que solo se piensa en la venganza, en las denuncias penales, en las sentencias punitivas. La política está penalizada.

 

El espíritu de la inquisición gobierna al Parlamento. Por eso, la conducta de Alan García y de Mauricio Mulder es ejemplar. No han claudicado ante las amenazas. Han reconocido el derecho de un reo de poder expresarse. Nadie puede ser condenado a no escribir, a no pensar, a no hablar públicamente. De las cárceles han salido grandes libros. Lo testifican los escritos por apristas durante sus carcelerías, como los de Juan Seoane Corrales.