“Honor, dignidad y justicia”
Las palabras que encabezan el presente artículo, no solo son frases emblemáticas del himno del Poder Judicial, sino que representan valores que debe tener presente, todo integrante de esta institución. En los dos últimos meses se ha visto cómo una aparente fricción entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial por el tema de la escala remunerativa de los jueces, aunque en realidad se trataba de una justa reclamación frente a los acuerdos llegados entre los poderes del Estado, toda vez que no obstante que se había elaborado un proyecto de ley consensuado para su debate y posterior aprobación en el Congreso, es noticia conocida que no se dio tal debate y menos la aprobación del referido proyecto de ley, postergando una vez más la entrada en vigencia de una ley, la cual no establece un incremento de sueldos, como se ha dicho erróneamente, sino una escala remunerativa regulada mediante una ley que tiene larga data.
Ese pedido constituía una exigencia histórica y constante de los jueces de todo el país, no solo por el aspecto remunerativo que forma parte de una justa aspiración que tiene todo servidor del Estado, la cual es irrenunciable por mandato de la Constitución, sino porque ello fortalecía la independencia y autonomía de este poder del Estado. Recordemos que desde los movimientos revolucionarios europeos en el siglo XVII y con énfasis la Revolución Francesa, se dio por finalizada una larga tradición monárquica, en la que el poder se concentraba en un solo estamento, pero los movimientos revolucionarios dieron como resultado la derrota del absolutismo y trajeron como consecuencia la división de poderes, que consagra uno de los mecanismos más importantes para limitar al poder y constituirse en una garantía para la protección de los derechos fundamentales, donde lo sagrado es el hombre.
No se trata entonces de una lucha solo de carácter remunerativo, sino de algo que no tiene precio; la dignidad de los integrantes de un poder del Estado, que esperan que la ley se cumpla dentro de un Estado de derecho, donde lo que impera es la vigencia de la ley, en este caso el cumplimiento del Artículo 186, inciso 5, acápite b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este poder del Estado se tiene conciencia de que no existe buena percepción del servicio que brinda, debido a la presencia de casos de corrupción, lentitud, mala calidad del servicio y maltrato al litigante, etc.; pero ello no puede servir de pretexto para generalizar estos cuestionamientos a todos sus integrantes.
Lamentablemente, no se difunden casos en los cuales se cumple con la presencia de la justicia y la defensa de las personas. Lo positivo no vende y lo negativo destruye. A este poder del Estado se le exige altos estándares de calidad, celeridad y probidad, por lo delicado de su función, ya que resuelve casos directamente vinculados a los derechos de las personas. Entonces, si el Poder Judicial es la piedra angular para la protección de los derechos fundamentales, como es que se le debilita tanto, sin que los otros poderes del Estado garanticen su plena autonomía, inclusive en el aspecto económico. Lograr un bienestar personal y familiar a través del trabajo, dignifica a la persona.
Ello lleva a su vez, que todo trabajador reciba retribución de acuerdo a la naturaleza y al grado de responsabilidad que encarna su función. Sin embargo, comparar con lo menos (en relación a otros servidores) y no con lo justo, logrará un efecto de conformismo, que a veces puede beneficiar a quién tiene el control de las decisiones, menoscabando con ello la división y separación de poderes. En consecuencia, la reclamación de los jueces trasciende de lo patrimonial y se convierte en una lucha por sus derechos fundamentales y sociales, no permitiendo que los otros poderes del Estado menoscaben su dignidad, sin que exista capacidad de respuesta.
Felizmente, los jueces como operadores del derecho, tienen de la mano la ley para lograr el cumplimiento de sus aspiraciones, sin que ello implique que no insistan en el cambio de percepción que tiene la población sobre el servicio que brindan, mediante una actuación proba y eficaz del Juez, a la que tiene derecho toda persona que acude al Poder Judicial.
El grupo parlamentario piurano
A quince días de que concluya el año y dentro de las múltiples evaluaciones que a estas alturas se hacen las personas y las instituciones, resalta el tema de la representación parlamentaria por Piura. Hay dos tipos de actuaciones: la de tipo nacional y la que está orientada a sumar esfuerzos para solucionar los problemas de la región que los eligió. Sin ánimo de generar una confrontación, la actuación del bloque parlamentario piurano ha sido deficiente, porque no todos han trabajado con la misma fuerza y presencia. Hay que destacar que dos o tres parlamentarios sí han tenido una actuación y contacto permanente con la población de Piura.
Una de ellas, ha logrado sumar esfuerzos con el Gobierno Regional de Piura para varias iniciativas y obras en la zona rural de Piura, principalmente. Otro que ha tenido presencia es un parlamentario, que además de sumar esfuerzos a obras e iniciativas locales, también ha hecho una labor de vigilancia y alerta cuando algo andaba mal en sectores como el de Salud, seguridad ciudadana y otros. Hay otros congresistas que igualmente han hecho algunas coordinaciones importantes, pero también hay parlamentarios que han tenido una ausencia casi permanente en Piura y poco les ha interesado las convocatorias regionales o locales para sacar adelante iniciativas importantes. El viernes, en una audiencia pública organizada por Transparencia, se tocó este tema, y otros de importancia. Los asistentes recordaron a los parlamentarios que ellos primero tienen que cumplir el compromiso que asumieron con Piura y sus votantes y luego con sus partidos, porque lo que se siente ahora es que es a la inversa. Por ello, les recomendaron conformar una oficina congresal única y trabajar de manera conjunta, en equipo, como bloque parlamentario por Piura y no de manera aislada. Esa misma audiencia les recordó que actuar, es decir sacar adelante iniciativas legislativas, que solo están centradas en sus posibilidades electorales, no es lo correcto.
Lo correcto es no romper el vínculo con sus electores y coordinar esfuerzos, de manera orgánica, con los gobiernos locales o la sede regional, porque lo que hemos visto hasta este momento son solo cuestionamientos, supervisiones, pedidos de información a las instancias locales, pero muy poco esfuerzo que sume a la labor que realizan las autoridades locales y regionales. Que no crean los congresistas, que con unas cuantas acciones, unas cuantas chocolatadas su ausencia se olvidará rápidamente. Su labor es seguida con detenimiento por los grupos de la sociedad civil organizada, quienes han mostrado su preocupación por la falta de apoyo de los parlamentarios piuranos y su afán de lucirse de manera individual, en lugar de trabajar en forma conjunta. Ojalá que reflexionen y que en el 2013 su trabajo sea distinto.
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