Desvistiendo santos

 

El Ministerio de Trabajo ha anunciado que a partir del 2013 fiscalizará más estrictamente que los contratos a plazo determinado de las empresas correspondan realmente a tareas temporales y no a puestos permanentes. Por su parte, un reciente fallo del Tribunal Constitucional ha establecido que los contratos temporales de trabajo deben señalar en forma clara y precisa las causas que los justifican, para así evitar que se usen indiscriminadamente.

 

La pregunta que estas iniciativas despiertan es si no tendría más sentido apostar por el camino opuesto. Y es que existen varias razones para pensar en cambiar las leyes que restringen que las empresas tengan mayor flexibilidad al decidir por cuánto tiempo contratar a sus trabajadores.

 

Por un lado, cuando el Estado obliga a contratar empleados por un plazo indeterminado fuerza a las empresas a adquirir un servicio no deseado. Peor aún: manda invertir el capital que las empresas obtuvieron con su esfuerzo en algo que probablemente les será inútil. Esto es tan justo como obligar a una empresa a comprar una tonelada más de azúcar de la que necesita, porque así se ayudaría al sector azucarero. O a un exportador a comprar 250 kilos de espárragos más de los que se encuentra en capacidad de vender.

 

Algunos, no obstante, podrían pensar que este caso es distinto porque se trata de ayudar a los trabajadores. Lo que pierden de vista quienes arguyen esto es que la medida termina perjudicando a quien pretende proteger. Al restringir las posibilidades de los empleadores de volver sus negocios más eficientes se convierte al Perú en un mercado menos atractivo para los inversionistas y, en consecuencia, se reduce la creación de puestos de trabajo. Pero no solo eso: el costo de usar dinero para contratar empleados que no se necesitan (o de pagar la indemnización para poder terminar el contrato) es que dichos recursos ya no estarán disponibles para contratar horas de trabajo que sí son necesarias y que sí generarían riqueza.

 

No olvidemos, además, que el Estado, al impedir que las empresas usen sus recursos de manera eficiente (obligándolas prácticamente a comprar aire) eleva los costos de producción y con ello los precios que pagamos todos los consumidores.

 

Por lo demás, no debemos pasar por alto que, con una economía más abierta y competitiva, la necesidad de las empresas de adaptar su fuerza laboral a los cambios del mercado es cada vez mayor. Por ejemplo, en las fábricas de automóviles año a año se utilizan más robots para los procesos de ensamblaje, mientras que más personas son empleadas en labores como ventas o márketing.

 

Asimismo, pese a que en las recientes décadas muchos periódicos han crecido y han contratado más empleados, los continuos cambios de la industria han llevado a que se eliminen varios puestos, como el del linotipista, que han sido reemplazados por personas que operan computadoras. De forma similar, muchos servicios que antes brindaban los contadores han sido suplidos por ‘software’ contable. Y este tipo de cambio, hoy en día, sucede cada vez con mayor frecuencia.

 

Precisamente este tipo de economías son las que ofrecen mejores condiciones a los trabajadores. La peruana, que en las recientes décadas se viene abriendo más al mundo, es un ejemplo de ello. Gracias a la dinamización de nuestro mercado, entre el 2001 y el 2011 el empleo adecuado se incrementó en 96%, lo que significa que casi 5 millones de peruanos dejaron el subempleo o la informalidad.

 

Asimismo, las remuneraciones han pasado de ser un 25% del PBI en 1994 a significar un 31% en el 2007.

 

Con las medidas que obligan a celebrar contratos laborales indefinidos sucede lo mismo que con muchas de las normas que, limitando la libertad de contratación, quieren proteger a los trabajadores. Son leyes que visten a un santo, pero a costa de dejar a muchos otros desnudos.