Periodistas a la reja
No son buenos tiempos, estos que corren, para la libertad de expresión pues en distintos ámbitos del Estado peruano se está fortaleciendo la intención de limitarla con mecanismos indebidos.
La más reciente proviene del Poder Ejecutivo, el cual ha perpetrado un grave atentado contra la transparencia, el acceso a la información y la libertad de expresión mediante la publicación, el viernes pasado, del decreto legislativo Nº 1129 que regula el Sistema de Defensa Nacional.
El artículo 12º de esta norma establece que la opinión pública ya no podrá conocer ninguna información relacionada con la seguridad y la defensa nacional porque esta ha pasado a ser considerada secreta, sin excepciones ni límite de tiempo.
La naturaleza secreta de una información debe ser declarada, en cada caso concreto, mediante una decisión expresa y demostrando debidamente que su divulgación arriesga la seguridad o la defensa nacional.
Esto vulnera la convención interamericana de derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Esta norma implica el riesgo de que el periodista responsable vaya a la cárcel por hasta quince años.
Con un mundo militar y policial donde le ponen ‘secreto’ hasta al rancho del día, los ladrones que abundan en estos ámbitos deben estar hoy celebrando la nueva norma.
No es la única amenaza. Ayer, en el Congreso, las comisiones de Justicia y Constitución aprobaron un proyecto que sanciona con hasta quince años de cárcel a quienes, públicamente, nieguen los delitos de terrorismo con la finalidad de promover la comisión de estos ilícitos, hacer apología, o utilizarlos para adoctrinar con fines terroristas.
Este proyecto pretendería corregir las graves deficiencias de la iniciativa previa preparada por el Ejecutivo, enfatizando la provocación a la comisión de delitos de terrorismo a través de la negación. Además, exceptúa a los abogados que defienden a un acusado de terrorismo, a sus familiares, y a los periodistas que difunden información relacionada con actos de negacionismo, sin intención apologística ni incitadora.
Esto mejora el proyecto previo, pero igual sigue transitando en zonas grises que se van a prestar a confusiones y eventuales abusos, mientras que no va a significar una herramienta significativamente útil para combatir al terrorismo.
Finalmente, en el ámbito del Poder Judicial, preocupa la facilidad creciente con que se aceptan demandas absurdas contra periodistas cuya única finalidad es amedrentarlos para que no sigan investigando a delincuentes, asesinos y ladrones .
No hay comentarios.:
Publicar un comentario