Mejores armas
El proyecto de ley recientemente aprobado para sancionar el negacionismo tiene un aspecto muy positivo que hay que resaltar: muestra la firme intención del Gobierno y del Parlamento por encontrar una fórmula para combatir al Movadef y a aquellos grupos que sean una fachada de movimientos terroristas. El problema del proyecto de ley que han aprobado las comisiones de Justicia y Constitución del Congreso, sin embargo, es que las buenas intenciones no han sido concretadas en un texto que sirva como un arma efectiva para alcanzar ese objetivo y que garantice, a su vez, el respeto de las libertades constitucionales de los peruanos.
El proyecto intenta delimitar los actos sancionados estableciendo que uno de los requisitos para que exista el delito de negacionismo es que se niegue que ocurrió un acto terrorista declarado como tal por una sentencia judicial. Los autores del proyecto, no obstante, parece que no han reparado en que las sentencias no se hacen públicas y los ciudadanos no tenemos la obligación legal de conocerlas. Por ello, solo se podría sancionar a aquellos “negacionistas” que se demuestre que conocían del contenido de la resolución judicial que se está negando. Y como eso será muy difícil de probar, lo más probable es que esta figura legal sea muy poco útil en la práctica.
Criminalizar la negación de actos que fueron declarados terroristas por un juez, por otro lado, restringe un derecho que la Constitución le reconoce a todos los ciudadanos: el de cuestionar las sentencias judiciales. Este derecho existe, entre otras razones, porque los jueces no son infalibles y una manera de evitar que vuelvan a cometer errores es dejando que la sociedad examine y critique sus sentencias.
Asimismo, el proyecto no repara en que no son extraños los casos de sentencias que se contradicen sobre los mismos hechos. Recordemos, por ejemplo, la que se dictó cuando se juzgó a Fujimori y la que se dio cuando se procesó a los miembros del grupo Colina. Ambas se pronunciaron sobre la matanza de Barrios Altos y discrepaban en cuanto a si los delitos calificaban como crímenes de lesa humanidad. El día de mañana, de forma similar, los jueces que se pronuncien sobre los mismos hechos en casos distintos podrían discrepar sobre si se trató de actos terroristas. En este supuesto, ¿se podrá o no negar el contenido de la sentencia condenatoria?
Llama también la atención que el proyecto de ley exija que el negacionista, para ser condenado, tenga la intención de promover delitos de terrorismo. Y es que no solo es difícil entender cómo el juez podrá dilucidar las verdaderas intenciones de los enjuiciados, sino que además es discutible que negando la comisión de un hecho del pasado se promueve un delito futuro.
Finalmente, no olvidemos que restringir lo que las personas pueden opinar sobre las decisiones de los jueces limita la libertad constitucional de expresión que, si bien no es un derecho absoluto, no tendría por qué ceder ante una ley cuya efectividad y aplicación no queda nada clara.
La tarea que enfrenta el Gobierno de detener al Modavef y a movimientos similares que reivindiquen cualquier ideología asesina no es fácil. Pero, por eso mismo, debe elegir las mejores armas para esta labor. Estas no solo tienen que ser precisas y eficaces (en el sentido de poder ser utilizadas con efectividad por policías y fiscales encargados de la persecución del terrorismo), sino que deben poner lo menos posible en riesgo los derechos de los ciudadanos inocentes. Y, de la manera en la que se ha redactado el proyecto de ley contra el negacionismo, el arma que está diseñando el Congreso parece que distar mucho de ser la adecuada.
¿Deberían existir los colegios de abogados?
El abogado Alfredo Bullard conversó con el editor adjunto de Opinión de El Comercio, Enrique Pasquel, sobre por qué no son necesarios los colegios de abogados .
En un artículo publicado en la página de opinión de nuestro diario, Alfredo Bullard escribió que los colegios de abogados son carteles que no cumplen una función importante y que deberían desaparecer. Según Bullard, los colegios de abogados son un rezago de una época muy antigua donde los gremios solo servían para conseguir privilegios para sus miembros. En el video que acompaña esta nota, Bullard da más detalles al respecto.
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