ENCUESTA REVELADORA

Los promotores de una campaña de radical oposición contra la ley de Promoción de la Alimentación saludable de Niños y Adolescentes deben tener muy en cuenta la encuesta privada publicada ayer, que consigna que un abrumador 84 por ciento de lo que están informados sobre la misma considera buena la legislación, si bien 41 por ciento estima considera que, siendo buena, necesita mejorarse

Es significativo que solo 12 por ciento opine que la legislación, de carácter más orientador que limitativo, es mala, porque consideran que afecta La Libertad de los consumidores, uno de los ejes de la campaña en marcha contra la ley, que martilla a diario sobre la opinión pública y que tiene un nada constructivo ingrediente de fundamentalismo ideológico conservador.Tal afectación contra La Libertad resulta imposible porque ninguno de los artículos de la norma prohíbe consumo alguno o restringe la actividad de los negocios que venden o expenden productos alimenticios que puedan dañar a la salud.De lo que se trata es simplemente de desalentar el consumo de productos industriales con alto contenido de grasas saturadas y azúcar y de reducir las posibilidades de que estén a la mano de niños o adolescentes y de que le sea incentivado mediante publicidad indebida la ingesta excesiva de tales productos.La ley ha merecido el reconocimiento de las organizaciones mundial y Panamericana de la salud (OPS/OMS) en la medida que el Perú se ubica en la corriente adelantada de países como Estados Unidos, México o Brasil, que toman medidas preventivas ante lo que constituye un grave problema de salud pública.Nadie puede negar que el consumo excesivo de los mencionados productos, causa obesidad y otros perjuicios para la salud, que el Estado y sus legisladores tienen la obligación de prever y evitar, aplicando el principio del bien mayor o el bien común por encima de otras consideraciones.

Ello es tan cierto que grandes empresas estadounidenses que durante décadas han producido esos alimentos nocivos, se han comprometido a modificarlos o reemplazarlos, en aras de la salud de los consumidores.También es cierto que la ley es, como todo, perfectible, lo que podrá hacerse en la elaboración del reglamento, para lo cual las autoridades han pedido la participación de los empresarios, de los padres de familia y otros sectores, lo que confirma que la ley no constituye una imposición oficial, pues además su aprobación contó con el voto ampliamente mayoritario de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la república.Esa participación garantizará la adecuada aplicación de una legislación de cuya pertinencia ya no quedan dudas, a la luz de la encuesta que motiva este editorial.