E D I T O R I A L

ESTADO - LEGALIDAD -VIDA

 

Recogiendo opiniones de juristas petroleros, adscritos a la Asociación de Abogados de esa Provincia, me quedo con una afirmación digna para la reflexión.  Se dijo: "Si el Estado niega la legalidad, niega la vida".

 

 

El comentario vino luego de apreciarse la burda maniobra del fiscal Pedro López López, encargado de manejar la instrucción preliminar de la denuncia de corrupción formulada contra el Alcalde Trelles Saavedra, evidenciada la flagrancia, la prueba, por intermedio de un vídeo que trasmitió Frecuencia Latina a todo el país (Programa Punto Final). 

 

Las anomalías, evidenciadas en la audiencia pública,  expuestas en el indicado acto procesal, fueron tan graves en tanto, no se mostró el vídeo como prueba de derecho, menos, en las conclusiones del indicado informe, se incluía y se recomendaba la presencia del sujeto autor de la denuncia.

 

Experiencia totalmente irregular que incorporándola a muchas otras anteriores, expresa un malicioso comportamiento funcional de la indicada autoridad.  El irregular avance del proceso, provocó la disconformidad de la ciudadanía que descalificó la negligencia punible, provocando ello, que se suspenda la audiencia hasta posterior oportunidad.

 

Los abogados invitados para el presente comentario, advirtieron de la ejecución de una estratagema buscando deliberadamente dilatar el tiempo, a efectos de mitigar la contundencia del acto doloso.  Las opiniones de los forenses, hacían referencia que en hechos de corrupción en agravio del Estado, existía abundante jurisprudencia donde la prioridad del criterio jurisdiccional, era tutelar de inmediato el bien de la cosa pública.

 

En numerosos casos de corrupción de funcionarios de Estado  -en el presente caso un alcalde - para citar uno solo, el de los petro audios, los inculpados fueron de inmediato reprimidos a prisión, levantamiento del secreto bancario, e investigado el enriquecimiento ilícito.  Como el presente ejemplo, existen sendos casos, y los fiscales en cada uno de ello, actuaron con prestancia, profesionalismo, rectitud.  No dejaron lugar ni espacio a las dudas.

 

Sucede que cargos, señalamientos, pedidos de vacancia contra la misma autoridad, sendas comisiones de diversos delitos de función;  sospechosamente no han sido atendidos por organismos como : El mismo Jurado Nacional de Elecciones (3 veces), denuncias formuladas ante la policía anti corrupción, juzgados de Talara, no tuvieron respuesta valedera dando lugar a una controversia, desatención, vulnerabilidad del Estado de Derecho.

 

En conclusión decían reputados abogados petroleros:  "Si el Estado niega la Legalidad, anula el derecho, desaparece la justicia en la Provincia de Talara, también está negando la legitimidad de vida";  desapareciendo la ley, la justicia, por el imperio de fiscales y jueces prevaricadores, se expone a un pueblo a vivir en el caos, el desorden, la violencia.  No existe vida democrática bajo la tutela de un Estado en una comunidad donde impera la ley corrupta.  Este es el caso de extrema gravedad que se presente en la Provincia de Talara.