Los secretos de las mafias
El primero se encarga de proporcionar los insumos para la elaboración de la droga y luego transportarla y comercializarla dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas, pero necesita de una red paralela o complementaria de empresas y consorcios aparentemente legales para justificar sus elevadas ganancias.
En esta acción ocasiona graves e irreversibles daños a la sociedad y al Estado.
Apela al poder del dinero para sobornar y corromper autoridades, empresarios, partidos políticos y ciertos representantes de los poderes del Estado, tal como se ha comprobado, tanto en el Perú como en el extranjero.
Otros parapetos, hasta hoy casi inexpugnables en el Perú, son el secreto bancario y la reserva tributaria, que, si bien constituyen derechos de toda persona natural y jurídica que trabaja dentro de la ley, son aprovechados por el crimen organizado.
En este cometido, el crimen organizado no respeta instituciones ni fronteras y, cuando se generaliza, corroe desde sus cimientos los sistemas financieros, el estado de derecho, la democracia y la moral de las sociedades infiltradas.
En febrero de 2012, una acción conjunta de la Policía antidrogas, el Ministerio Público y los agentes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros permitió asestar un duro golpe a una cadena de empresas que operaban en Ica y que en realidad eran fachada de la organización narcoterrorista de los hermanos Quispe Palomino, que opera en el VRAEM.
Eran diez empresas diversificadas en diferentes rubros, con toda la documentación que les permitía acreditar su legalidad, las que lavaban el dinero negro proveniente de la droga.
La investigación comenzó a partir del decomiso de documentos de los hermanos Palomino durante la intervención de fuerzas combinadas de la PNP y el Ejército ocurrida en ese valle cocalero.
Si bien la operación resultó todo un éxito y las investigaciones aún prosiguen en busca de otras ramificaciones, la experiencia también sirvió para comprobar que existen vacíos legales que impiden que las instituciones aludidas cumplan con mayor eficacia sus labores de inteligencia, intervención, captura y sanción.
Es evidente que es tarea urgente allanar las barreras burocráticas y la duplicidad de funciones para que el Ministerio Público, Policía Nacional, ministerios del Interior y de Defensa, la UIF y, finalmente, el Poder Judicial actúen en forma articulada con objetivos y estrategias comunes.
En atención a estas urgencias, están pendientes en el Congreso de la República varias propuestas relacionadas con el lavado de activos, una de las cuales apunta a facilitar herramientas útiles y eficaces a la UIF y otras entidades, entre las que figuran el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria para casos de investigación por ese delito.
Bien lo ha señalado el legislador Santiago Gastañaduí, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, es de urgencia que se adopten medidas más eficaces contra los falsos empresarios para cerrarles el paso.
Ante movimientos sospechosos de bienes, acciones y dinero, la UIF debe actuar de inmediato con todo el respaldo del Estado.
"Es tarea urgente allanar las barreras burocráticas y la duplicidad de funciones para que el Ministerio Público, Policía Nacional, ministerios del Interior y de Defensa, la UIF y, finalmente, el Poder Judicial actúen en forma articulada con objetivos y estrategias comunes contra el lavado de activos. "
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