E D I T O R I A L

FRECUENCIA LATINA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Frecuencia Latina, con dos reportajes emitidos en el Programa Punto Final que dirige el periodista Nicolás Lucar, ha dejado clara constancia de cuanto es cierto la capacidad esclarecedora de la PRENSA.  Los reportes emitidos con todo sentido de objetividad, cumplieron con poner en evidencia, el elevado grado de corrupción que al pueblo de Talara viene afectando. 

 

En primer lugar, Talara reconoce como el referido Programa Punto Final, saliendo del encapsulamiento de otros programas similares de la Televisión Nacional, deja de lado la modalidad de solo hacer noticias con los sucesos de la Capital Lima, o centrar las temáticas casi en exclusividad al tema policial. Esto, es bueno, toda vez que el Perú no es exclusivamente Lima, todos los pueblos del país tienen urgentes problemas que necesitan ser divulgados.

 

Y la Provincia Petrolera de Talara, tiene urgentes noticias como problemas de atender.  Todos de primer nivel.  Entre ellos, precisamente la alarmante corruptela en diferentes sectores de la actividad pública del Estado.  Principalmente, las referidas a la Municipalidad de Talara, como a los órganos de justicia, sin excepción alguna.

 

 

Debe ser importante en la tarea de combatir la Corrupción que afecta a la Nación, que el Gobierno Peruano por intermedio de sus organismos respectivos, no necesariamente se quede en los anuncios, ni en los buenos deseos de luchar contra este flagelo. Particularmente el alarmante caso de corrupción en la municipalidad en referencia -que todo el Perú vio - merece que con toda puntualidad se activen las alarmas y, se verifiquen los delitos señalados por los vídeos que difundió Frecuencia Latina.

 

Todo se refiere a la actual gestión municipal del alcalde Trelles Saavedra, iniciada en el año 2011.  De ello, han transcurrido 26 meses y en este lapso, el pueblo interpuso 3 pedidos de vacancia por delitos que el JNE de modo extraño desestimó.  De igual manera, se tiene recavada el  número de firmas adherentes para solicitar un proceso de revocatoria.  De otro lado, los cinco alcaldes de los distritos que integran la Provincia, lo vacaron de la Mancomunidad, por desatender las funciones del cargo.

 

Pero los cargos que los afectados denuncian en los vídeos que difundió Frecuencia Latina, ameritan graves delitos, que los órganos de Estado deben atender.  Si en los famosos 'faenones' de los Petroaudios, de menor daño a la nación, se actuó con celeridad y prestancia disponiéndose la suspensión de la libertad personal para los implicados:  Quimper ex. Perúpetro y Rómulo León ex Ministro de Estado; entonces, ¿por qué razón en el caso de la corrupción de Talara, precisándose la flagrancia del delito, hasta el momento no se toma la medida preventiva -ni siquiera - de suspender en el cargo al denunciado?.

 

Se expresa raro que la Fiscalía de Talara, no actúe con celeridad en un acto de corrupción en agravio o menoscabo a la Nación.  Siendo que mas bien, su pasividad permite que la corrupción siga operando y en responsabilidad de los cargos.  Como un hecho incongruente, en lugar de actuar con firmeza contra los denunciados, mas bien, el primero en ser notificado a rendir su instructiva, ha sido el periodista Roberto Ramírez, del programa Punto Final, autor del informe periodístico.

 

 

Finalmente, hay que dejar constancia el afán de la mafia de los comprometidos con la corrupción, que extrañamente presentaron un recurso de Habeas Corpus (¿...?) ante un Juez del Callao, pretendiendo que Frecuencia Latina no difunda un segundo vídeo, afectando abiertamente las Libertades del ejercicio periodístico.  Es mas, ¿cómo un Juez puede atentar contra la irrestricta libertad de expresión, cuando no hay censura previa; sobre todo cuando el juez, ni los denunciantes, conocían el contenido del segundo informe.  

 

Inequívocamente, bien Frecuencia Latina de no acatar a un juez prevaricador, y bien el periodista Roberto Ramírez, por recordar al fiscal López-López de Talara, que la ley consagra el respeto al secreto profesional del periodista, las fuentes informativas están tuteladas por el Estado de Derecho.