JUSTICIA LENTA NO ES JUSTICIA
Todo el Perú y el mundo también, fueron informados el último domingo, por intermedio de un 'video' trasmitido por Frecuencia Latina, de un flagrante acto de corrupción protagonizado por el alcalde Trelles Saavedra, jefe del gobierno local de la Provincia de Talara.
Todos los peruanos, -creemos sin excepción-, nos quedamos escandalizados del modus operandis en la forma como -según el vídeo- se mercantiliza la función pública del Estado, la repartija de obras, dineros, entrega del famoso 'diezmo'. Lo mas penoso es admitir que esa modalidad dolosa es una práctica generalizada en todas las dependencias del Estado.
En lo concreto, refiriéndonos al vídeo de Talara, en las escenas, que nos recordaron a la famosa salita del 'Doc' en el SIN, quedó establecido el reclamo de un contratista de obras de la Municipalidad de Talara, quien le demanda a la primera autoridad haber hecho entrega de 220 mil soles, por la adjudicación directa de una obra, siendo que la prebenda no se cumplía a pesar del tiempo transcurrido.
A su turno la primera autoridad, admitía haber recepcionado de ese dinero dos cantidades: 1).- 50 mil soles y 2).- 75 mil. "No he recibido nada mas, te autorizo reclames al contacto, y en adelante todos los trato hazlo conmigo directamente". El afectado, pedía insistentemente, según el vídeo, la devolución de su dinero.
Es este caso un 'clon' del famoso faenón de los petrodólares que envió a la cárcel a un ex ministro de Estado y, a un experto abogado ex. funcionario de Perú Petro. Creo que todos recordamos este vergonzoso acontecimiento, pero también vimos como operó la justicia del Perú, es decir con celeridad, no se dio tiempo para acomodos, desaparecer pruebas, armar estratagemas ni coartadas; y, los principales implicados fueron privados de su libertad individual.
El caso de Talara, todavía es mucho mas grave, pues el vídeo en referencia, es testimonio que establece la auto culpabilidad, el reconocimiento de hecho doloso. Los hombre del derecho, repiten: "a declaración de parte, relevo de pruebas". Por lo menos la prestancia de los términos de la investigación y la justicia, debieron preventivamente haber ordenado la detención como garantía del proceso, y principalmente, la suspensión de sus prerrogativas de autoridad municipal.
Resulta incongruente -aunque se dice que el término de la investigación es de 40 días- que un directo implicado en un acto de grave corrupción, sin que nadie toma las medidas precautelatorias correspondientes, siga al frente de su despacho, disponiendo, corrigiendo, adulterando pruebas y documentos comprometedores.
Todo esto es raro de toda rareza. Los mecanismos de investigación están otorgando demasiado margen a hecho corrupto, no se toma en cuenta la flagrancia, la evidencia y, la tutela al dinero del Estado comprometido con estos hechos delictivos. Muchos hombres del derecho consultados, dijeron que efectivamente la ley establece 40 días para la investigación, pero las circunstancias amparan que se debió desde un comienzo establecer la detención preventiva.
Mientras tanto, la ciudadanía que el día jueves 18 de abril, protagonizó una multitudinaria marcha de protesta pacífica, ha dicho públicamente ya no reconocer ni acatar a la indicada autoridad. De esto, deben tomar debida nota las autoridades del Ministerio Público, como del Poder Judicial, en tanto, ello, podría ser causa de una irreversible convulsión social.
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