Cuando la empresa minera no cumple la ley y el Estado no vigila
La Comunidad Indígena de Cañaris es reconocida como un reducto quechua hablante, que quedó desprendido del pueblo Cañaris de Ecuador, en los confines del departamento de Lambayeque, limitando con el Nororiente de Cajamarca. El idioma materno es el quechua, el que habla el 80% de la población, las mujeres es el único idioma que hablan y la Ugel (Unidad de Gestión Educativa), máxima autoridad de educación en las provincias de Lambayeque y Jaén (porque dos pueblos de esa comunidad pertenecen al distrito de Pomahuaca, que es distrito de Jaén), se la ven mal para encontrar en el Norte del Perú, maestros/as quechua hablantes. Hace unos cuatro años se instaló en sus tierras una empresa minera llamada Milenio, la cual después cambió de nombre a Cañariaco Cooper. La comunidad dio permiso por un año para que realizara sus trabajos. Ese permiso nunca fue renovado, pero la empresa siguió instalada en sus tierras.
Ahí debería haberse instalado la Mesa de Diálogo, antes de que fuera echando raíces el conflicto. Porque era previsible, que hubiera rechazo, habiendo hecho el MEM una concesión de veintidós mil Has de las cuarenta mil Has que tiene la Comunidad, (El Comercio 3 de Feb.2013, pag 16) como efectivamente lo hubo. Ordinariamente las empresas mineras entran legalmente con el permiso del MEM, concedido en Lima y posteriormente hacen los trámites para ser aceptados por la comunidad, cuando debería ser al revés: primero pedir permiso y después entrar. La empresa ha presentado el resultado de una asamblea general de comuneros, realizada en julio 2012, en donde participaron setecientos veinticinco y aprobaron la etapa de exploración una mayoría del 70%, esto es unos quinientos. Pero ese mismo año hubo una consulta popular, el 30 de septiembre, organizada por las autoridades de la comunidad, en donde votaron mil novecientos comuneros y el 95% se oponía al trabajo de la mina.
A esta consulta popular asistieron de veedores, el Gobernador Regional de Lambayeque, el Director de Energía y Minas de la misma región, el Director del Ministerio de la Producción de Lambayeque, la Policía Nacional, la Vima (Vicaría del Medio Ambiente del Vicariato Apostólico de Jaén) y otras instituciones. Y todas dan fe del orden en que se llevó a cabo dicha asamblea: La PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) no la reconoce como legal, porque como Comunidad Campesina no beneficiaria de la ley de Consulta Previa, lo que no quiere decir que no tenga valor de legitimidad, como expresión de la voluntad comunal.
Ante este desconocimiento, la terquedad de la empresa de seguir sus trabajos, sabiendo que solo un sector minoritario de la comunidad está de acuerdo con el desarrollo minero y el beneplácito del gobierno, los comuneros exigen una Mesa de Diálogo y de no realizarse en diez días tomarían el campamento minero. Primera intervención del Estado: manda trescientos policías y posteriormente hasta llegar a quinientos. Pero se instala la Mesa de diálogo. La versión oficial es la de siempre: la mayoría de la población quiere la mina, pero un reducido número de radicales subversivos están agitando a los comuneros. El Estado no aprende, sigue diciendo lo mismo que en el conflicto de Bagua y que en Espinar y en Conga, no aprende. Lo mismo se decía con el gobierno anterior de Alan y con el de Toledo y Fujimori. Como se presiona cortando las carretas, en enfrentamientos con la Policía hay cinco heridos, alguno grave y veintidós denunciados. Pero el 24 de enero, la Defensoría del Pueblo por oficio Nº 0179-2013 DP, dirigido a la empresa y al MEM, aconseja que verifiquen bien si es que tienen el permiso de la comunidad para intervenir en sus tierras, porque por ser comunidad campesina necesitan la aprobación de las 2//3 partes de los más de tres mil cuatrocientos comuneros, y según documento de la empresa, solo quinientos la aprobaron. Y ante el desconocimiento de la PCM y del Ministerio del Ambiente, sobre si está sujeta a la Ley de Consulta Previa, les aclara diciendo, que la Comunidad de Cañaris es catalogada como indígena con todo derecho a dicha ley. Ante esta declaración de la Defensoría, el Gobierno responde que no revisó los padrones de la comunidad y que desconocía que estaba catalogada de comunidad indígena. (El Comercio 3 de Febrero, la República 4 de Febrero). Y ahora nos podemos preguntar, quiénes son los agitadores y quiénes son los radicales. Porque así como hay agitadores y radicales que dicen NO y NO a cualquier actividad extractiva, también los hay quienes dicen Sí o Sí a cualquier actividad minera, sin condiciones, como en este caso que la empresa no cumplió con ser transparente y el Gobierno no revisó los padrones.
Pero ya hay cinco heridos y veintidós denunciados injustamente. ¿Quién denuncia a los verdaderos agitadores, invadiendo propiedad privada sin permiso o a estos radicales que no son capaces de revisar si las empresas cumplen las leyes de nuestro Estado Peruano? Este es el problema. Pero en Huaquillas de la provincia de San Ignacio y en los siguientes casos seguirán diciendo, que es problema de una minoría de agitadores radicales, aunque la empresa no cumpla con las leyes y el Gobierno no vigile.
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