JUSTICIA QUE NO LLEGA ES UN AGRAVIO
Ha llegado la hora de poner atención a un caso que por su naturaleza puede ser único en el mundo. Se refiere a 85 trabajadores, parte de un despido que la privatización de la dictadura de Fujimori en 1996, denominó como: "Ceses Colectivos".
Como puede apreciarse han transcurrido 17 años de una decisión agraviante; en el Perú se despidieron a miles de trabajadores en diferentes actividades de las Empresas del Estado rematadas al sistema privado.
La absurda privatización no exceptuó a Petróleos del Perú que fue rematada sin tomar en cuenta la condición de empresa estratégica, y su rol dentro de la actividad de los hidrocarburos y aporte energético al país. Casi la totalidad de trabajadores del sector petrolero se sometieron a las reglas de aquella privatización anti histórica y lesiva a los intereses del Perú.
85 trabajadores de esa masa laboral se rehuzaron en aceptar las condiciones impuestas y en consecuencia no firmaron las cartas de ceses con incentivos, no admitieron recibir dinero por la compra de sus derechos, por ser trabajadores parte de una Empresa del Estado que gozaba de buena salud, era rentable, tenía actividad contínua y permanente.
Ese grupo de trabajadores que nunca renunciaron amparándose en sus derechos tutelados por la Ley laboral del Perú, desde entonces iniciaron un largo y tediosos peregrinaje. Demandaron ante todas las oficinas de trabajo del Perú, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Corte de Justicia Internacional de San José, que el Estado Peruano cumpla con respetar y acatar el Estado de Derecho.
En todas las dependencias mencionadas se les reconocieron los derechos violentados por la dictadura, sin embargo los posteriores gobiernos de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan Garcia y, hoy Ollanta Humala, extrañamente no han podido o, no han tenido voluntad para asistir justicia. En ese peregrinaje van transcurriendo 17 largos años, el juicio laboral mas largo de la historia.
Resultó que a partir de julio del 2011, desde el acto de asunción al poder del Presidente Ollanta Humala, se estableció el compromiso de atender prioritariamente el caso de estos 85 trabajadores. Con el nombramiento de Humberto Campodónico a la Presidencia del Directorio de Petróleos del Perú, se soslayaron y maquillaron todas las promesas y apariencias. Todo fue una pantomima.
A partir de esa fecha, se organizó una nueva pantomima de entretener, vapulear, y desgastar la voluntad de estos patriotas trabajadores. Los Ministros de Economía y Energía y Minas por un lado, autoridades del Poder Judicial, autoridades de Petróleos del Perú, esgrimieron respuestas de entretenimiento, para terminar finalmente recomendando que el caso sería resuelto en una Corte de los EE.UU. ABSURDO.
Es el caso heróico de verdaderos mártires civiles de la democracia. Esto también tiene ribetes de "Delito de lesa Humanidad". Es la burla mas ofensiva extendida a 4 gobiernos de la democracia y una dictadura autora de la flagrante injusticia que cohonestó en el Perú el Estado de Derecho. Y que conste que originalmente fueron 89 trabajadores, en esa lucha fueron quedando en el camino, como seguramente seguirán sus pasos otros compañeros mas de una causa muy ejemplar.
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