martes, 8 de enero de 2013

O P I N I Ó N

2013, año de las grandes decisiones políticas en Perú
 
Imagen de César Gutiérrez Peña No hay postergación de problemas que dure cien años ni gobierno que lo resista, adecuación libre que hago de una antigua frase, aplicable a la gestión “humalista”. En la gaveta de pendientes destacan: indulto alexpresidente Fujimori, posición del Estado en la compra de Refinería La Pampilla y modernización de la Refinería Talara. Sobre el indulto, la decisión será solo de naturaleza política, atribuible exclusivamente a Ollanta Humala, no solo por la visión de los actores sociales y políticos vigentes, sino por declaración de parte, en entrevista radial de fin de año del 2012.
 
Lo que diga la comisión de indultos será irrelevante, por más que el premier trate de endilgarle la responsabilidad.
 
La variable para decidir será el beneficio-costo político. Según percibo, el tema de fondo es el temor a los grupos de izquierda rosada que tienen poder en los ámbitos: mediático local e internacional; judicial nacional y supranacional. Una acusación sobre derechos humanos, archivada en los tribunales locales, que puede ser reabierta en cualquier momento a nivel internacional, es lo que debe rondar por la cabeza del mandatario. Pensando con frialdad, con indulto o sin él, siempre habrá el riesgo. Por el lado del beneficio, podría haber un intercambio de favores con la bancada fujimorista, que tampoco tendrá fiabilidad ilimitada. Decisión dura, siempre habrá comentarios a favor y en contra.
 
Sobre el tema de Refinería La Pampilla, de la española Repsol, veo que el único interesado en tomar riesgo será el Estado peruano, es una planta pequeña y dependiente de crudo traído desde la costa occidental del África. Si se decide en adquirirla, generará serio enfrentamiento con el ala liberal del sector empresarial peruano. Todo dependerá de la manera que se estructure la operación para que haya viabilidad de cristalización.
 
En el caso de Refinería Talara, la inversión dependerá de la racionalidad económica y política que se adopte para el caso de Refinería La Pampilla, para lo que no será necesario esperar el cierre de una operación con la multinacional española para decidir una posición. El “humalismo” tiene que ser muy consciente que una efervescencia social contraria al Gobierno está incubándose en Talara.
 
 
A igual falta, igual castigo
Imagen de Celinda Barreto FloresEn Chulucanas, pueblo de Piura donde sus habitantes fabrican objetos de cerámica que desde hace años tienen reconocimiento internacional, un artesano ha sido condenado a dos años de prisión efectiva por contaminar el medio ambiente, usando para la cocción de las piezas que fabrica con sus manos, un horno a leña, como desde hace tiempo inmemorial lo hacían sus ancestros.

 
En Cerro de Pasco, una empresa minera ha contaminado tanto el medio ambiente con los residuos de los minerales que extrae, que la zona ha pasado a ser uno de los lugares más envenenados del planeta. Un lugar donde nadie debería vivir por los daños que esa contaminación trae para la salud y donde, pese a ello, viven muchos miles de personas que, en medio de ese ambiente perjudicial para cualquier ser humano, han encontrado allí una fuente de trabajo.
 
En el primero de los casos, una jueza severa, en cumplimiento de su deber y haciendo caso a las quejas de algunos vecinos que se quejan del humo que invade sus viviendas a causa del trabajo continuo y masivo de los artesanos, ha enviado a prisión al artesano infractor de la ley, pese a que cientos de personas se dedican a las mismas tareas usando las mismas técnicas.
 
El auge que la cerámica de Chulucanas ha alcanzado a nivel nacional y en el extranjero data desde hace varios años y en ese tiempo, autoridades previsoras (e inexistentes) podrían haber encontrado una solución para que, al aumentar la demanda de objetos de cerámica, los artesanos que ayudan al reconocimiento del Perú como lugar turístico usaran otros medios de cocción de sus piezas, sin contaminar cada día más el lugar donde otras personas tienen que vivir.
 
En el caso del dueño de la mina, que vive en el extranjero, en una mansión que vale alrededor de 200 millones de dólares, la justicia peruana no ha logrado que abandone su hogar, dulce hogar, para venir a responder por los daños causados al medio ambiente, por haberse negado a implementar medidas que atenuaran la contaminación producida por su negocio.
 
Estos dos casos son una demostración palpable de que en nuestro país, la justicia no se aplica con igualdad. Por las circunstancias que fuere hay una justicia para el indefenso y otra para el poderoso. Y esas no son las características de lo que en el resto del mundo se considera un país democrático donde, por regla general, se suele aplicar la regla de “a igual falta, igual castigo”.

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