O P I N I Ó N

LOS CONFLICTOS MINEROS DEL AÑO

 

 

Salvo que ocurra uno de esos hechos inesperados que son habituales en nuestra política, este año cierra con un gobierno en mejor pie en relación a la situación que se vivía a fines del 2011, cuando estaba atrapado en el endurecimiento que expresaba el nombramiento de Óscar Valdés a la cabeza del premierato como respuesta a la crisis política generada por el proyecto Conga, que acabó con su salida en el mes de julio.
 

Lo interesante es que aunque el conflicto Conga no terminó de resolverse, el gobierno logró aislar la protesta antiminera al espacio regional, para lo que contó con la ayuda de los líderes cajamarquinos que no lograron generar un movimiento de mayor amplitud, así como con el agotamiento de la población movilizada, que una vez postergado el proyecto no ha vuelto a expresarse de manera masiva. Aunque eso no significa que el rechazo mayoritario al proyecto Conga y a la Minera Yanacocha ha dejado de mantenerse, pero de manera pasiva.
 

De otro lado, Espinar, el otro gran conflicto del primer semestre, se ha encaminado por la vía del diálogo bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y la Municipalidad Provincial de Espinar, que coinciden en la necesidad de una mejor supervisión ambiental, más allá de algunas discrepancias en aspectos metodológicos, quedando claro que no hay un rechazo masivo a la actividad minera. Aunque sigue pendiente la renegociación del acuerdo marco entre Xstrata y la provincia de Espinar.
 

Pero lo que cambió la mirada sobre el mapa de conflictos en el 2012 fue el acuerdo que se logró en el caso del proyecto Quellaveco, que no llegó a la violencia gracias a la buena muñeca del presidente regional de Moquegua, que a través de una paciente negociación logró un acuerdo con la empresa Anglo American. Y aunque el gobierno nacional fue solamente un actor secundario, se vio beneficiado con el mismo, en un contexto que se le presentaba como desfavorable.
 

A pesar de que estos tres casos emblemáticos marcaron los hitos del conflicto minero y tuvieron tres salidas distintas, no parece existir en el gremio minero el optimismo de otros años. Las quejas dirigidas al gobierno, en público o en privado, aluden a un significativo retraso de los proyectos, no solo por los conflictos sino también por los diversos procedimientos y permisos que van a paso lento, a los que se suman las dos reformas más importantes hasta el momento del gobierno en esta materia, como son la consulta previa y la creación del SENACE.
 

Aunque siempre es difícil vaticinar qué conflictos son los que se activarán el próximo año, es probable que las tímidas críticas del gremio minero al gobierno tiendan a ser cada vez mayores. Recién ahí veremos cuánto del prudente reformismo liderado por el Ministerio del Ambiente llegue a convertirse en política pública. O si finalmente las tendencias más resistentes al cambio que habitan en el Ministerio de Energía y Minas terminan por imponerse.

 

Lo que sí preocupa es que, aunque el gobierno ha mostrado mejores modales en el trato a la protesta social en el segundo semestre del año, toda la normatividad que criminaliza la protesta sigue vigente y no hay ninguna intención de modificarla.
 

PD: Que tengan unas felices fiestas. Esta columna retornará el martes 8 de enero.

 

 

 

 

ENÉSIMA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN.

 

Se ha creado una Comisión de Alto Nivel Anticorrupción integrada nada menos que por el presidente de la República, los presidentes del Congreso, el Poder Judicial, el Consejo de Ministros, el TC, el CNM y de las Asociaciones de Gobiernos Regionales y Municipalidades, además de la ministra de Justicia, el fiscal de la Nación y el representante del Acuerdo Nacional. ¿Quién podría estar en contra? Felicitaciones, más si la coordinadora es una persona honesta y con experiencia. Pero de nuevo el espíritu pesimista vallejiano: ¿servirá para algo? Adelantémonos: el presidente la inaugurará, pero no volverá a ir, igual que hizo con el Servicio Nacional de Seguridad Ciudadana; los otros enviarán a representantes sin capacidad de decisión y las reuniones se irán espaciando.
 

De producirse un milagro y todas estas personalidades decidieran trabajar en conjunto, como son tantas, con funciones muy distintas y –ojo– no todas probas, el producto sería o un código de ética más o un plan integral (palabra que se ha convertido en sinónimo de nada) con recomendaciones abstractas y de sentido común, convertidas en flujogramas listos para ser vistosas presentaciones de Power Point.

 

El historiador Alfonso Quiroz –quien lamentablemente acaba de fallecer– concluyó que la corrupción en el país ha significado históricamente cerca del 4% del PBI. Solo en los años de los gobiernos de Fujimori y Montesinos se calcula que fue de unos 8 000 millones de dólares (cifra que sigue creciendo). Del segundo gobierno de García se vienen investigando casos que pueden llegar a volar muy alto, como el de Business Track. Humala ya arrastra los casos de su exvicepresidente o de su hermano Alexis. Y bien se sabe que todo esto es la punta del iceberg. Cómo no decir que la corrupción va a 1 000 km por hora y que la lucha contra ella, a 10.

 

Sin caer en esa mala costumbre que se ha generado, que consta en salir a decir que problemas muy complejos se pueden solucionar de manera muy sencilla, lo cierto es que frente a la corrupción podemos exhibir algunas experiencias que por haber funcionado deberían repetirse.

 

Nuestra época de oro anticorrupción se dio en el 2001, con la creación de un sistema anticorrupción. Se seleccionó a un conjunto de jueces, fiscales y procuradores para que, de manera especializada y exclusiva, investigaran la corrupción de los 90. El Congreso cumplió, por su parte, con aprobar el nuevo marco normativo que se necesitaba para combatir –por primera vez en nuestra historia– a todo un engranaje político montado para delinquir.
 

El tipo de magistrado escogido fue clave. Inés Villa e Inés Tello, las famosas juezas que integraron la primera sala anticorrupción, jugaron un papel decisivo. Por eso es que resulta (in)comprensible que a la primera se le haya sacada recientemente de la Corte Suprema, mientras que a la segunda nunca se le promovió a dicha instancia.

 

La falta de voluntad política para continuar con este proceso fue provocando su desaceleración, hasta que el sistema terminó desmontado. Durante el gobierno aprista, los abogados de la Procuraduría pasaron de 54 a 13, y solo se recuperaron de cuentas de afuera unos dos millones de dólares, cuando hasta el 2006 habían sido 182 millones (Red Jubileo: La Lucha contra la Corrupción 2011- 2012).

 

Entre los rezagos que ahora quedan del sistema, está el procurador Julio Arbizu, quien, a punta de capacidad y empeño, le sigue metiendo golpe a la anticorrupción.

 

Moraleja: lo que hay que fortalecer, legitimar, dotar de atribuciones y de recursos son a las instituciones y a las personas que trabajan directamente en la lucha anticorrupción. No puede ser que existan 15 000 casos de delitos contra la administración pública y solo 15 procuradores, o que solo se haya podido cobrar el 1% de los 1 000 millones de soles adeudados por reparaciones. ¿Cómo es posible que los fiscales y jueces que persiguen los casos de lavados de activos no cuenten con ningún tipo de apoyo?
 

Se debería retomar la idea de inicios de este gobierno de crear un gran sistema anticorrupción o, por lo menos, una Procuraduría centralizada e independiente. Si la caja fuerte está repleta, como ocurre hoy en el país, es indispensable tomar medidas muy concretas.
 

Tampoco hay que olvidar que muchas veces son las altas autoridades las que boicotean el trabajo anticorrupción realizado por las otras instancias o que ellas son las que impiden limpiar sus propias instituciones.

 

 

 

EL ORDEN CONSTITUCIONAL NO TIENE PORQUE ESTAR EN JUEGO.

En las últimas horas, declaraciones de algunos congresistas nos han permitido corroborar el precario nivel que tiene la democracia peruana. Confrontados con la opinión pública y el Poder Ejecutivo, algunos legisladores no han tenido mejor opción que señalar que por discrepar abiertamente con la ciudadanía y con el propio gobierno, este último podría llegar a cerrar el Congreso.
 

Estos congresistas, que por sus declaraciones son ampliamente conocidos, están convencidos de que una discrepancia aislada y mínima entre el gobierno y el Congreso puede llevar al cierre de este último. Admitir siquiera esta posibilidad demuestra el poco talante político de los nombrados, su lamentable conocimiento de lo que es la institucionalidad en el país, su poco afecto a la defensa del orden constitucional y el por qué se niegan a practicar la crítica o la oposición, papel para el cual fueron elegidos.

 

Esta actitud es peor que aceptar cualquier aumento de sueldo. Las razones por las que podrían cerrar el Congreso están claramente estipuladas en la Constitución vigente y la discrepancia abierta por un tema en especial no es ninguna razón para una crisis de gobernabilidad ni para una eventual clausura del Parlamento.
 

Las crisis de gobernabilidad en América Latina, más de diez en los años 90, que terminaron en rupturas del orden constitucional, se generaron, en algunos casos, por enfrentamientos permanentes entre ambos poderes del Estado, gobierno y Parlamento, situación que no existe en la actualidad. Y no existe, entre otras razones, porque hay congresistas que creen que no se debe ejercer una crítica muy fuerte del actual gobierno porque “se podrían molestar y, por tanto, proceder a clausurar el Congreso”. Es una situación penosa pero absolutamente real.
 

Es por ello que el gobierno del presidente Humala se permite promover políticas clientelistas en los programas sociales o manipular vía ascensos a las fuerzas armadas o policiales, porque la oposición, como tal, no existe. O promulgar decretos legislativos que borran de un plumazo la transparencia en los sectores defensa y seguridad sin que exista una crítica o planteamiento opositor o revisor en el Parlamento.
 

Un eventual cierre del Congreso por parte del presidente Humala lo llevaría a recorrer el camino de Alberto Fujimori en todo el sentido de la palabra. Y, por tanto, debería sentirse afectado por este tipo de declaraciones que lo igualan con un comportamiento dictatorial. Sin embargo, en lugar de salir a descartar y deslindar tajantemente esta posibilidad, se ha observado tanto al presidente del Consejo de Ministros como al propio presidente Humala practicar un silencio permisivo ante la eventual ruptura del orden constitucional.

 

Por lo tanto, y en la línea de lo manifestado por el presidente Alejandro Toledo en reciente entrevista, queda claro que la defensa del régimen democrático no recaería precisamente en los actuales legisladores, sino en aquellos que creemos que, pese a todos sus problemas y contradicciones, el actual orden constitucional debe ser respetado y solo modificado por los mecanismos que la misma Constitución contempla.