O P I N I Ó N

El Estado hace agua.

 

 

Un ejemplo de la tan urgente necesidad de reforma del Estado es la realidad por la que atraviesa Sedapal –una de las 50 empresas que brindan el servicio de agua potable en el ámbito urbano del país–, que en las últimas semanas ha sido azotada por la crítica ciudadana, mediática, empresarial y política ante la impericia de atender –con la debida prontitud, celeridad y oportunidad– atoros e inundaciones callejeras, los cuales afectaron humildes hogares y prósperos negocios.

 

Ante esas casi rutinarias circunstancias, siempre sale a flote el grito vocinglero que clama una urgente “privatización” del servicio público más importante y vital para nuestros ciudadanos, sin percatarnos de las complejas características del “negocio” hídrico y de sus profundas y enraizadas ataduras al viejo tronco de un Estado vetusto y arcaico.

 

En los últimos tiempos, Sedapal se ha convertido en un laboratorio de experiencias público-privadas en el que la participación del capital privado ha ido ganando terreno en la estructura orgánica del negocio. Así, prácticamente ha tercerizado la mayor parte de la construcción de su nueva infraestructura (plantas de tratamiento de agua potable y de aguas servidas, ampliación y renovación de redes, hasta los umbrales de la gestión operativa y comercial).

 

¿Y si estamos encaminados hacia el ideal escenario privatizador, por qué subsiste la percepción de una empresa pésimamente gestionada?

 

Si destapamos la costra, veremos que la gestión de una empresa pública vinculada al sector saneamiento vive atada a un permanente corsé normativo y legal, que impide su libre accionar. Así, por dar un ejemplo, la política remunerativa ha sido congelada en el tiempo. Los salarios y sueldos de los trabajadores de la mayoría de empresas de agua potable no se han reajustado desde hace más de una década. ¿Iría usted a trabajar desatorando desagües por algo más de un sueldo mínimo?

 

Un segundo ejemplo de cómo la simple arenga de privatización no funcionaría como debiera ser, es la característica de la inversión pública asociada a la privada. El caso de la primera y única concesión privada de una de las 50 EPS existentes (Aguas de Tumbes) resulta ejemplar. Desde que empezó con la aventura (allá por principios de la primera década de este siglo) tuvo severos problemas para cumplir con sus metas. ¿Qué pasó? La roñosa lentitud burocrática de transferencia de fondos provocó profundos atoros en la gestión de la concesión. Al ser el sector saneamiento un alto demandante de recursos públicos, el problema no sólo es quién gestiona la empresa (público o privado) sino las reglas que impone el Estado. Así mientras no haya profundas reformas, el gran elefante estatal seguirá haciendo agua.

 

 

 

Insulza el inepto.

 

 

Que la llamada Organización de Estados Americanos (OEA) es un foro inútil, desfasado y el símbolo de la más incompetente burocracia internacional, casi nadie tiene duda. Pero soslayar que José Miguel Insulza, su Secretario General (reelecto hace tres años y hasta el 2015), ha contribuido a su desprestigio con énfasis militante y libre de toda pausa, resultaría en verdad poco digno de cualquier análisis.

 

Leo un reciente comentario editorial del diario El Nacional de Venezuela quejándose de Insulza y atribuyendo su penosa actitud frente a los acontecimientos políticos de ese país, a la necesidad de la chequera de Hugo Chávez pues “tiene programas que cumplir y una nómina que satisfacer”. Agrega lo siguiente: “Por ello Insulza desconoce un día las decisiones del Tribunal de Justicia de Paraguay y de su Congreso sobre la destitución del presidente (Fernando), Lugo pero reconoce como impecables las decisiones de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela con respecto al vacío de poder y la negada asunción de (Nicolás) Maduro”.

  

Totalmente cierto. Lo visto en la nación llanera desde el 10 de enero a la fecha, es una suma de pantomimas, irregularidades constitucionales, imposiciones populacheras que desnaturalizan por completo las más elementales reglas de la democracia. Ya no basta sólo detenerse en esa burda interpretación de su ley magna realizada por el TSJ (subordinado totalmente al oficialismo) de lo que es el mandato extendido de Hugo Chávez y lo innecesario de su juramento. También el anuncio de la designación (vía paloma mensajera desde La Habana) del canciller Elías Jaua ante un atónito auditorio de la Asamblea Nacional.

 

Frente a ello, Insulza no recuerda para nada la Carta Democrática de la OEA y más bien bendice el circo caraqueño. Ajusta a su cálculo personal que Venezuela –junto a Bolivia y Nicaragua– no apoyaron su reelección el 24 de marzo del 2010, y por lo tanto, un paso en falso respecto a la situación creada por la enfermedad terminal de Chávez podría levantar las iras del grupo del Alba. La vista gorda del chileno es más hipócrita que un beso de madrastra.

 

Escribí hace un tiempo un sincero halago a la postura que, en su oportunidad, adoptó nuestro embajador ante la OEA Alberto Borea Odría para que Insulza no sea elegido máximo dirigente de esa institución. Su primer periodo 2005-2010 fue la expresión de la más grande incapacidad y lenidad frente a las amenazas al sistema de libertades de esta parte del hemisferio. Venezuela misma y los acontecimientos de Honduras (sumaría las irregularidades registradas en Nicaragua para la reelección de ese otro payaso latinoamericano llamado Daniel Ortega), me exoneran de mayores comentarios.

 

Insulza fracasó en su intento de ser candidato presidencial de la concertación chilena hace tres años y decidió permanecer al frente de la OEA donde ha fracasado también. ¿Corresponderá a este gran inepto apagar la luz del foro interamericano que ya no sirve, en verdad, nada de nada?