Lima, Set. 02. Informe. Cifra se determina de algunas auditorías realizadas entre el 2009 y el 2011. Pérdida se distribuye en programas sociales, obras viales y de saneamiento. El monto se incrementaría cuando termine el resto de auditorías.
De acuerdo al informe presentado por el contralor Fuad Khoury ante el Congreso, el daño directo para el Estado por casos de corrupción entre enero del 2009 y julio del 2011 asciende a S/. 68 millones 94 mil 872. Esta cifra solo corresponde a parte de las auditorías hechas en ese periodo, es decir, que fácilmente se incrementará cuando se determinen las pérdidas de los procesos aún en curso.
Uno de los montos más escandalosos es el del Seguro Integral de Salud (SIS), donde se pagó más de S/. 27 millones “en exceso” por “prestaciones tarifadas a los establecimientos de salud”.
Luego, en el caso de la construcción del Interceptor Norte –a cargo de Sedapal–, el perjuicio directo al Estado fue de S/. 12 millones 500 mil debido al retraso en la suscripción del contrato y la construcción de un sistema de emergencia que no cumplía las debidas normas.
En tanto, el gobierno regional de Áncash provocó pérdidas por S/. 5 millones 700 mil. Asimismo, siete gobiernos locales ocasionaron daño por S/. 6 millones 150 mil en obras de infraestructura.
Otro sector en el que se cometió un alto perjuicio monetario es el programa Agua Para Todos. En el caso del gobierno regional de Ica el daño fue de S/. 2 millones 100 mil, por el cambio de tuberías sin sustento técnico. En las zonas de Manzanilla y Botijería Angulo hubo un perjuicio por S/. 144 mil y en Chincha por S/. 51 mil 295.
Asimismo, funcionarios de la municipalidad de Maynas provocaron pérdidas por S/. 4 millones 100 mil. En San Martín, el Estado dejó de cobrar S/. 382 mil 800.
En cuanto al sector Transportes, en la construcción de los tramos I y II del corredor sur se perdió 410 mil dólares, y en la construcción de la carretera Uzcuchaca-Huancavelica el daño fue de S/. 2 millones 300 mil por ampliaciones indebidas.
En cuanto a temas de medio ambiente, la extracción irregular de caoba y cedro causó un daño por S/. 2 millones 200 mil.
En Vivienda, la irregular titulación y venta directa de predios públicos a precios subvaluados produjo pérdidas por S/. 956 mil 420.
Sobre investigaciones en la recuperación de la zona sur, hubo un daño por S/. 2 millones en la rehabilitación de la avenida Tangüis.
En tanto, en las obras del colegio Melitón Carvajal, el perjuicio fue por S/. 531 mil 357. Asimismo, por el pago de indemnización al ex presidente de Essalud Fernando Barrios se perdió S/. 89 mil.
“No nos fijamos en el partido de los investigados”
Ante la crítica por el alto número de funcionarios del gobierno aprista investigados por corrupción, el contralor Fuad Khoury afirmó que su institución fiscaliza “sin mirar el carnet partidario de los funcionarios y servidores del Estado”. Precisó que son 1.903 los denunciados penalmente. En tanto, el padre Gastón Garatea calificó dichos casos como “crimen moral contra los más pobres”.
Khoury informó que se realizan auditorías en Essalud para verificar contratos que involucran S/. 623 millones; así como la ejecución de obras en el hospital Negreiros y el Centro Asistencial Virú, por S/. 44 millones; y en el hospital Nuevo Chiclayo, Hospital I Tumbes y la Clínica Geriátrica San Isidro Labrador por S/. 66 millones.
Khoury informó que se realizan auditorías en Essalud para verificar contratos que involucran S/. 623 millones; así como la ejecución de obras en el hospital Negreiros y el Centro Asistencial Virú, por S/. 44 millones; y en el hospital Nuevo Chiclayo, Hospital I Tumbes y la Clínica Geriátrica San Isidro Labrador por S/. 66 millones.
El congresista Mauricio Mulder dijo que parte de responsabilidad por el alto índice de corrupción recae en la Contraloría, pues dicha institución está en las entidades públicas. “Si se escapan cosas es porque el órgano de control las dejó escapar”, acotó.
GANA PERÚ PRESENTÓ MOCIÓN PARA APERTURAR INVESTIGACIONES.
Oficial. Gestión económica, licitaciones y adquisiciones en la mira. Bancada fujimorista considera que Fiscalización y no grupo especial debe asumir el caso.
Luego de que hace unos días los legisladores Javier Diez Canseco y Heriberto Benítez se pronunciaran a favor de que una comisión especial investigue los presuntos actos ilícitos durante el gobierno de Alan García, la bancada oficialista de Gana Perú presentó una moción para que se conforme dicho grupo de trabajo.
De acuerdo al documento, la comisión indagaría la gestión económico financiera, obras, licitaciones y adquisiciones de la anterior administración.
A favor de investigar
Luego de que hace unos días los legisladores Javier Diez Canseco y Heriberto Benítez se pronunciaran a favor de que una comisión especial investigue los presuntos actos ilícitos durante el gobierno de Alan García, la bancada oficialista de Gana Perú presentó una moción para que se conforme dicho grupo de trabajo.
De acuerdo al documento, la comisión indagaría la gestión económico financiera, obras, licitaciones y adquisiciones de la anterior administración.
A favor de investigar
El vocero de la bancada oficialista, Fredy Otárola, dijo que es necesaria una rendición de cuentas de parte del gobierno anterior, más ahora que la Contraloría reveló que más de 10 mil funcionarios de esa administración están involucrados en actos de corrupción.
Sostuvo que es necesaria la conformación de un grupo especial, ya que la Comisión de Fiscalización no puede abocarse a este asunto por la magnitud de los casos.
Rolando Reátegui, vocero de la bancada fujimorista, también se mostró a favor de la investigación, pero no a través de una comisión especial.
“A la Comisión de Fiscalización se le tiene que otorgar todas las facultades necesarias, pero no se deben crear comisiones especiales para figuretear”, dijo Reátegui.
Por su parte, Martín Belaunde, presidente de la Comisión de Fiscalización, defendió sus fueros y señaló que antes de conformar un grupo especial, primero había que identificar los casos concretos que pueden ser investigados.
Quien sí se mostró en contra de la moción fue el vocero de Alianza Para el Gran Cambio, Juan Carlos Eguren, quien recordó que en el país existe un sistema de control, liderado por la Contraloría, a la que corresponde investigar las posibles irregularidades del gobierno anterior. Agregó que, para casos excepcionales, el Congreso tiene a la Comisión de Fiscalización.
“El Congreso no puede abocarse a casos que ya están judicializados. Hay que ser muy serios en este tema”, subrayo.
A su turno, Carlos Bruce, de Concertación Parlamentaria, sostuvo que su bancada no se opone a ninguna investigación en la medida que se garantice la imparcialidad y no obedezca a vendettas políticas.
El dato
Sostuvo que es necesaria la conformación de un grupo especial, ya que la Comisión de Fiscalización no puede abocarse a este asunto por la magnitud de los casos.
Rolando Reátegui, vocero de la bancada fujimorista, también se mostró a favor de la investigación, pero no a través de una comisión especial.
“A la Comisión de Fiscalización se le tiene que otorgar todas las facultades necesarias, pero no se deben crear comisiones especiales para figuretear”, dijo Reátegui.
Por su parte, Martín Belaunde, presidente de la Comisión de Fiscalización, defendió sus fueros y señaló que antes de conformar un grupo especial, primero había que identificar los casos concretos que pueden ser investigados.
Quien sí se mostró en contra de la moción fue el vocero de Alianza Para el Gran Cambio, Juan Carlos Eguren, quien recordó que en el país existe un sistema de control, liderado por la Contraloría, a la que corresponde investigar las posibles irregularidades del gobierno anterior. Agregó que, para casos excepcionales, el Congreso tiene a la Comisión de Fiscalización.
“El Congreso no puede abocarse a casos que ya están judicializados. Hay que ser muy serios en este tema”, subrayo.
A su turno, Carlos Bruce, de Concertación Parlamentaria, sostuvo que su bancada no se opone a ninguna investigación en la medida que se garantice la imparcialidad y no obedezca a vendettas políticas.
El dato
Casos. Essalud, Sedapal, el programa Agua para Todos, además de obras como el Estadio Nacional, el teatro municipal y la planta de Taboada serían investigadas por el grupo especial. (Francesca García)
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