Lima, set. 29. Un grupo de juristas y ciudadanos lanzó hoy la campaña de recolección de 60 mil firmas para presentar un proyecto de reforma constitucional basado en la Carta Magna de 1979, con el objetivo que el Congreso debata la iniciativa de manera plural y democrática.
Encabezados por Alberto Borea, Javier Valle Riestra y Ángel Delgado Silva, el colectivo empezará la recolección de adhesiones en todo el territorio nacional, con la proyección de alcanzar el número de firmas necesaria a más tardar a fin de año.
Durante la presentación de la iniciativa, Borea dijo que la propuesta se formula para evitar que la actual Constitución de 1993, elaborada tras el autogolpe de Estado de 1992 y cuya firma de Alberto Fujimori fue retirada de la Carta Política, continúe vigente e impida la consolidación institucional y democrática del país.
Refirió que la presentación de este proyecto se hace en el mismo ánimo que se expresó en la juramentación del presidente Ollanta Humala Tasso, cuando juró al cargo por “el espíritu de la Constitución de 1979”, el pasado 28 de julio último.
Si bien reconoció que algunos sectores son reacios al cambio constitucional, bajo el pretexto de perder la estabilidad económica y política, y afectar las inversiones, consideró que el cambio es necesario hacerlo ahora y “no en épocas de crisis”.
“Hay sectores que no quieren que se toque ni con el pétalo de una rosa a todo lo hecho por Fujimori (…) Las constituciones no se hacen para contentar a quienes vienen de afuera, sino para quienes viven dentro del país”, subrayó.
Borea también consideró relevante que el actual Congreso debata la reforma constitucional porque sus miembros fueron elegidos por el voto popular y representan la más amplia pluralidad de fuerzas políticas.
Valle Riestra, a su vez, puso en relieve que este proyecto fundamente las modificaciones en el texto de la Constitución de 1979 por considerarla superior en “la defensa de los estamentos del hombre y por tener un Senado”.
Por su parte, Delgado Silva indicó que el proyecto busca “cambiar el estado de profunda irregularidad” en el proceso de consolidación democrática e institucional del país, que significa mantener vigente una Constitución producto de un quiebre del estado de derecho.
“Estamos hablando de una anomalía inaceptable y, para solucionar este impasse, creemos que es posible reformar el documento fujimorista con una iniciativa popular”, argumentó.
La iniciativa busca modificar el artículo 206 de la Constitución para que el Congreso proceda a la revisión y reforma de la Carta Magna elaborada por el Congreso Constituyente Democrático de 1993, surgido del autogolpe en 1992.
Propuso que se revise y utilice a la Constitución de 1979 como texto base para la reforma, y que su preámbulo sea respetado en su integridad, pudiendo añadírsele otros textos que reflejen los principios en los que se asiente el país y los valores de la Nación.
Además, plantea incorporar al texto las instituciones que fueron creadas en 1993, como la Defensoría del Pueblo y otras que ayuden al desarrollo democrático, social y económico del país.
También plantea que una vez consolidado el texto de las reformas a la Carta Magna de 1979, se declarará la nulidad de la denominada Constitución del Perú de 1993, la cual permitió la reelección de Fujimori (1990/2000).
La iniciativa propone, asimismo, que en ningún caso será aprobada la reelección inmediata del presidente de la República, y que los cambios hechos al texto constitucional requerirán de la mayoría del número legal de los miembros del Congreso.
Del mismo modo, establece que la reforma se llevará a cabo en el término máximo de un año contado a partir de la promulgación de la norma, y en tanto se lleve a cabo el trámite para el cambio, se suspende la posibilidad de presentar cualquier otro proyecto de modificatoria.
En la eventualidad que la reforma no concluya en el plazo previsto, el texto plantea que el presidente de la República convoque una Asamblea Constituyente Derivada y Especial de 100 miembros elegidos en distrito único para que en el plazo de un año procedan a realizar la reforma constitucional, y durante ese lapso, el Congreso queda en suspenso en su poder de reformar la Constitución.
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