ALAN GARCÍA SOBRE PENA DE MUERTE: EL ESTADO TIENE DERECHO A MATAR.

  

El ex presidente Alan García insistió hoy en que se debe establecer la pena de muerte para los sicarios y para los violadores de niños.

“Soy católico y en ningún caso el catolicismo ha abolido la pena de muerte de sus evangelios. Quien a hierro mata, a hierro muere. Cuando uno ve a un violador que se ensaña con un niño y encima lo asesina, se pregunta si se quiere tener a esa clase de persona en la cárcel”, manifestó.

En el noticiero “90 Segundos”, García Pérez dijo que no se puede abarrotar los penales del país con esa clase de personas, porque existe la posibilidad de que otros internos, sentenciados por delitos menores, los copien.

“Hay que poner mano firme. El Perú tiene un problema de seguridad, se debe duplicar los agentes policiales, mejor los sueldos, los hospitales de la policía y darles viviendas, que se sientan respaldados. Debemos asociarnos con empresas privadas de seguridad, que tiene 120 mil agentes”, añadió.

Al ser consultado sobre si el Estado debe tener el derecho a matar, el ex jefe de Estado señaló que sí.

“Cuando un policía ve que están atacando a una persona, este debe responde a la criminalidad con sus armas”, indicó.

Recordó que la Constitución Política establece ya la pena de muerte, pero solamente para aquellos que cometen traición a la patria.

“Lo único que sé es que si se aplicará (la pena de muerte para sicarios y violadores) con mano firme y ejemplar, estoy seguro de que los delincuentes sabrían que se enfrentan a un Estado serio y se reduciría fundamentalmente su insolencia ante la sociedad”, refirió.

HUMALA Y MINISTROS SON RESPONSABLES

En otro momento, García Pérez señaló que no cree que todavía el supuesto cogobierno del presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, “se convierta en un problema legal”.

“Si los ministros creen que una persona, que no es el presidente, tiene más influencia que este, ese es un problema de ellos, ellos son formalmente los responsables. Si vuelven los ojos y oídos a recibir órdenes de otra persona, eso no hace el delito de usurpación de funciones”, indicó.

Consideró que el país ha perdido velocidad. “Vamos creciendo a 5%, pero pudimos crecer en 8%”, agregó.

Para concluir, opinó que a la población le interesa reducir la inseguridad ciudadana y mantener sus empleos.