Promoviendo la transparencia judicial

 

Tal disfunción acredita con claridad que el conocimiento de la población en general sobre la administración de justicia de nuestro país no se corresponde adecuadamente con la realidad, contribuyendo de manera injustificada a la deslegitimación de un poder del Estado que presta un servicio público esencial para el funcionamiento de la democracia que predica nuestra Constitución.

 

El acceso a la justicia es el principio esencial de todo sistema jurídico e implica no solo que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos, sino, además, que sus conflictos sean solucionados adecuada y oportunamente. Este acceso supone lo siguiente: fomentar una amplia y heterogénea red de resolución de conflictos; y acceder a un procedimiento judicial efectivo dentro de la estructura jurisdiccional del Estado.

 

Las personas, hombres y mujeres, pueden acudir a los órganos encargados de la administración de justicia para buscar la garantía y vigencia de sus derechos o para solicitar su protección y atención cuando ellos hayan sido violados. Este derecho implica un acceso en condiciones de igualdad. Es decir, que un ciudadano tenga la misma posibilidad que cualquier otro de utilizar las instancias judiciales, no importando su situación económica o cultural, su género, su edad o cualquier otro tipo de diversidad: étnica, lingüística, ideológica, sexual, religiosa y política.

 

Precisamente, buscar fortalecer el desarrollo de una administración de justicia que garantice un adecuado acceso a la población en general es el mayor reto que tenemos en la Corte Superior de Justicia de Lima, para este fin se deberá buscar consolidar la institución, establecer un manejo gerencial de los despachos judiciales, utilizar de manera adecuada los recursos humanos y económicos con los que se cuenta, además de fomentar un trabajo con ética y transparencia.

 

Sin duda, todos aspiramos a tener una institución moderna, llena de capacidades, que otorgue el mejor servicio tanto a los justiciables a los que se debe como a sus propios integrantes, magistrados y trabajadores, la realidad lacerante del Poder Judicial, aunada al escaso presupuesto con el que se cuenta, que es un problema en toda la región, nos obliga a establecer ejes temáticos precisos que viabilicen la optimización de nuestro servicio.

 

En este contexto, es fundamental referirse a la novísima Ley de Carrera de Judicial y señalar que el éxito en la gestión judicial pasa por la prestación de un servicio de justicia eficaz, óptimo, oportuno y descentralizado que otorgue credibilidad a la administración de justicia y seguridad jurídica a la institucionalidad del país; en ese sentido, la importancia de contar con una norma que regule el trabajo de los magistrados en el país era de vital importancia, lo que garantizaría su independencia y los fortalecería ante cualquier influencia interna o externa que pretenda desviarlos de la recta aplicación de la justicia.

 

Finalmente, hay dos cambios culturales que son indispensables para que un cambio en la organización de justicia prospere en un Estado democrático. El primero tiene que ver con la concepción de la función que ejercen los magistrados –además del personal auxiliar que colabora con ellos–, es decir que se trata de pasar de un rol de autoridad a otro de servidor público. Lo que se trata es de desvincular el cargo de una tradición que lo enmarcó en el ejercicio del poder, para definirlo como el desempeño de una importante función en un servicio público de alto interés social.

 

El segundo cambio es de naturaleza claramente conceptual y abarca el derecho y la ley. El objetivo del sistema de justicia no es aplicar la ley –como se repite mecánicamente–, sino precisamente administrar justicia de conformidad a su acepción misma.

 

Por todo esto resulta importante que asumamos con entera responsabilidad el cumplimiento exacto o anticipado de los términos procesales, recordemos el viejo adagio que por mucho ser repetido se olvida: “Justicia que tarda no es justicia”. Tenemos un sinnúmero de factores que tratan de impedir que la celeridad procesal sea una realidad –infraestructura inadecuada, falta de personal, sueldos no decorosos, etc–, es decir que todo atenta contra nosotros, pero es imperativo acometer como un reto todas esas adversidades y vencerlas.