Indignante incompetencia gubernamental en energía

 

Combinación peligrosa con catalizador y detonante incluido, para producir explosión en la tolerancia, constituye el anuncio gubernamental de habilitar infraestructura para almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (LNG) en el Km 170 de la Panamericana Sur. Solo el desconocimiento supino del pregonero, en este caso el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, puede explicar la pretensión de hacer aparecer como gran logro del humalismo, un reconocimiento de la incompetencia gubernamental. Lo que debió decirse cabizbajo y en tono de arrepentimiento se ha hecho con triunfalismo.

 

Hay que hacer la lectura técnica de lo anunciado. El tener almacenamiento y regasificación de LNG, como plan de contingencia para el suministro de gas natural (GN) a las termoeléctricas existentes en Lima, significa que el energético que viene desde los yacimientos de Camisea (Lote 88) y Pagoreni (Lote 56) hacia la capital, que en una central de generación se utiliza como combustible en fase gaseosa, primero será licuado, implica un costo más; luego almacenado en tanques que lo mantendrán a -160°C, otro costo adicional; para luego ser regasificado, y ser usado, tercer costo que se sumará. Es decir, hacemos tres procesos adicionales con un sobrecosto para llegar a la fase primigenia de gas.

 

La lógica absurda explicada se hace necesaria porque no se podrá ampliar oportunamente el ducto y poliducto de GN y líquidos de gas natural (LGN) por problemas de seguridad para los contratistas. Este raciocinio también es válido para la construcción de los ductos de seguridad que se vienen promocionando mediante un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo al Legislativo.

 

Pero el tema va más allá, el almacenamiento y la regasificación; también podrán usarse para la importación de LNG, que es lo que se está pensando en la eventualidad que por la incompetencia gubernamental se atente contra el gasoducto o poliducto y el país se quede sin GN en la costa. Los corifeos me increparán:¡soluciones! Les responderé que no hay sino que asumir la barbaridad planteada, pero les exigiré que me respondan: ¿quién pagará la cuenta de los sobrecostos de su ineptitud? El público, los operadores y la caja fiscal deberían estar exentos.