"PODER EJECUTIVO ELABORA PROYECTO PARA CREAR PROCURADURÍA NACIONAL

 

Entrevista. El titular del Minjus anuncia que su portafolio presentará en dos meses, a más tardar, una propuesta legislativa para la creación de una organización potente que colaborará, además, en el ejercicio de la persecución penal y la absolución de consultas.

¿Cree que el Congreso debe priorizar, en esta nueva legislatura, el tratamiento de iniciativas como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción?

–La corrupción es un asunto que afecta la democracia, pero no solo tenemos el proyecto que menciona sino otros vinculados con la imprescriptibilidad, como la duplicidad de los delitos de corrupción, la prescripción doble. Creo que el Congreso tiene que abordar esta temática y emitir la norma que nos brinde un instrumento más para enfrentar a este flagelo de manera más intensa.

 

Pero necesitamos también otros instrumentos que estamos trabajando; por ejemplo, existe la corrupción relacionada con empresas que pretenden involucrarse en concesiones y contratos; eso es el denominado cohecho. Por ello nos hemos adherido al grupo de trabajo de cohecho internacional del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París, y trabajamos para brindar instrumentos que tomen en cuenta la Convención Anticohecho y poner al país en el primer orden en esa materia.

 

A su juicio, ¿qué otros aspectos debe tratar el Parlamento de manera prioritaria?
 

–Nuevos retos comienzan. Tenemos un reto y estamos a punto de terminar la iniciativa que transformará el Sistema de Defensa Jurídica del Estado. El Poder Ejecutivo trabaja intensamente para elaborar un proyecto destinado a crear la procuraduría nacional.

 

¿Qué características tendrá este nuevo organismo?

 

–Será una organización muy potente, con un procurador general elegido con condiciones de inamovilidad. Con poderes para perseguir y defender los derechos e intereses del Estado de manera intensa y con una organización identificada con la eficiencia, debidamente monitoreada y auditada. Esta procuraduría se insertará en el sistema judicial, ya no de hermano menor, sino como un gran colaborador en la defensa de los intereses del Estado y también en el ejercicio de la persecución penal.

–¿Qué tipo de labores desarrollará?

 

–Tendrá elementos importantes, porque a veces no hay que litigar, sino que podemos conciliar situaciones. El Perú litiga muchas veces y pierde, y después los pagos se vuelven largos y se generan interesen onerosos para el erario nacional. Este trabajo lo venimos revisando con el Ministerio de Economía. Inclusive, la procuraduría puede actuar en la prevención; por ejemplo, dar una opinión jurídica respecto de un cambio normativo que podría generar procesos judiciales. Así tendremos una procuraduría fuerte, con niveles especializados y debidamente eficaz, con grandes cuadros; en resumen, será una gran inversión para nuestro país.

 

¿Cómo se velará por la autonomía de esta futura procuraduría?

–La Constitución establece que la defensa de los intereses del Estado está a cargo del Ejecutivo; lo que hay que darle son garantías de inamovilidad, es decir, que el procurador general no pueda ser removido así nomás; sin embargo, habrá un código de sanciones o de verificación de sus labores. Ese es un elemento fundamental, pero siempre de acuerdo con la Constitución; entonces, no será otro órgano como la Contraloría, digamos, que tenga ese nivel.

 

Y el trabajo en casos especializados...

 

–Las procuradurías emblemáticas muchas veces colaboran con la Fiscalía para la persecución del delito, pero también defienden al Estado frente a demandas; entonces, ese binomio hay que verlo desde una manera estructurada y que se aproxime a la defensa de los intereses del Estado, de acuerdo con la especialidad. Es decir, tenemos procuradores que ven temas laborales en varios ministerios, pero consideramos que debería haber una procuraduría que sea laboral para que solo una unidad estratégica analice cómo defender ese asunto.

 

Es decir, que exista una entidad que centralice toda esta labor.

 

–Claro, por especialidad y materias, eso la hace más eficaz. Se conocen las líneas estratégicas, se elabora la estructura del caso y se ve si se debe litigar realmente o no. Se toman decisiones más adecuadas y se genera el conocimiento de esa especialidad, es mucho mejor para todos. Ese es el diseño de una procuraduría. Creo que este será un gran reto del Parlamento; además, es un gran reto para nosotros elaborar la iniciativa legal, pero la culminaremos en breve, en uno o dos meses estaremos listos para presentarla.

Pasando a otro tema, ¿qué espera del recurso de reposición contra la decisión del Tribunal Constitucional sobre la deuda agraria?

–Espero que anulen (la resolución de la acción de ejecución) y que el Consejo de Defensa Jurídica tenga éxito. Cuando presentamos nuestros recursos queremos vencer, pero aquí no estamos litigando contra el Tribunal; estamos en controversia con la solicitud que hizo el Colegio de Ingenieros. No buscamos una confrontación con el juez, nosotros persuadimos al juez para que a través de aportes jurídicos reevalúe su decisión.

 

¿Considera que se hizo algo mal en este procedimiento?

 

–Dictada la resolución de ejecución de sentencia, decimos: un momento, aquí se dictó una resolución sin la participación del Ministerio de Economía, puesto que el demandado era el Legislativo. Por eso pedimos que se le incorpore al proceso y dijeron que no eran parte de este, pero al final se dispone que se elabore un reglamento, hacer todo un sistema y dar una obligación.

 

Consideramos que eso no es adecuado y presentamos el recurso de reposición. Además, insistimos en que se haga en una audiencia en la que se intercambien las posiciones, y el Tribunal, con toda la información, logre el objetivo que buscaba.

 

Caso ‘narcoindultos’

 

En el caso de los llamados ‘narcoindultos’, ¿de qué manera colaboró su portafolio con las investigaciones?

 

–Actuamos de manera transparente. Hay un asunto trascendental en esto: el Ministerio Público es el que ejercita la acción penal y la ‘megacomisión’ la que realiza las pesquisas para poder determinar si hay una infracción de algún tipo. Colaboramos y somos respetuosos del ámbito del secreto que involucran esas investigaciones, de quién comanda esta investigación en el Parlamento y de la ‘megacomisión’ y, además, del fiscal. Siempre estamos dispuestos a colaborar con todos los poderes y con los organismos que tienen que realizar su gestión y así lo hemos hecho; se han pedido muchos expedientes y los archivos que están relacionados con la Comisión de Gracias Presidenciales están siempre a disposición.

 

¿Qué espera de estas investigaciones, sobre todo porque ocurrió en el Ministerio de Justicia?

 

–Que lleguen hasta el final. Debo recordar que cuando el titular del sector era Juan Jiménez y la viceministra era la doctora Eda Rivas se inició una investigación administrativa interna, porque descubrimos, a propósito de ciertas denuncias, que hubo algo ahí también.

 

¿Y estas pesquisas qué determinaron?

 

–Culminaron con elementos para que la procuraduría del Minjus, en primer lugar, pudiera realizar las acciones penales correspondientes y se ha enviado la información a la Procuraduría Anticorrupción, y también a los ámbitos administrativos internos. Por eso hay muchas personas que ya no están trabajando aquí. Se hizo un despliegue importante, rápido y eficaz para lograr nuestro propósito de integridad.

 

Hoja de vida

 

Figallo es abogado con experiencia en temas de Derecho Constitucional y Penal; desarrolló su labor tanto en la función pública como en el sector privado.

Fue asesor del Tribunal Constitucional en 2011 y coordinador de Asuntos Especiales y del gabinete de asesores de la Comisión de Hábeas Corpus en ese organismo.

También trabajó como director nacional de Justicia del Minjus y titular del Consejo de Defensa Judicial del Estado; fue viceministro de Justicia. Ocupa el cargo de ministro desde el 15 de mayo pasado.

“Espero que anulen (la resolución de la acción de ejecución) y que el Consejo de Defensa Jurídica tenga éxito.”