Inseguridad de la información personal     

 

El tema de la seguridad ciudadana es muy gravitante en la actualidad. La información personal y confidencial de las familias no es cautelada debidamente por el Estado ni por el sector privado. Cuando se va a una farmacia, le preguntan por el DNI y otros datos para hacer una rebaja. En un centro comercial le piden llenar una ficha personal con datos de tenencias económicas para una rifa, probablemente inexistente. Las entidades financieras piden el DNI y otros datos personales. Igualmente, las empresas de telefonía solicitan información de carácter personal. El problema estriba en que toda esta información es organizada en bases de datos digitales, personales, que luego se filtran y son comercializados en centros de venta de tecnología de la información, como es el caso de la Av. Wilson, Polvos Azules, etc.

 

La Constitución del Perú establece como derecho fundamental de las personas que los servicios informáticos, públicos o privados no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar (Art. 2 Inc. 6, Cap. I). Creo que no se está observando ni respetando este derecho ciudadano. También he observado que en el empadronamiento distrital de población y vivienda que viene realizando el INEI para la elaboración del Padrón General de Hogares, se viene solicitando información confidencial tales como DNI, teléfono fijo, número de suministro de agua y luz, nombre y apellidos completos, dirección, tenencia de bienes, e información socioeconómica que prácticamente identifica y pone en evidencia a los hogares de mayores ingresos. Esta situación de riesgo y vulnerabilidad expone a todas las altas autoridades y empresarios del país, ¿Qué necesidad hay que para elaborar un padrón de hogares pobres se solicite esta información identificatoria a ministros de estado, congresistas, militares, policías, políticos, industriales, comerciantes, investigadores, periodistas, empresarios, etc? Lamentablemente esta información podría fácilmente filtrarse no solo a grupos de interés dentro del país sino a países vecinos afectando gravemente la seguridad nacional. De lo expuesto se infiere la necesidad de preocuparnos por la aplicación rigurosa de las normas constitucionales que protegen los derechos de las personas.