PALABRA DEL DIRECTOR

VENCER O MORIR.

 

El pueblo petrolero ha sido emplazado, tiene dos fuerzas unidas al frente contra sus derechos: 1.- Un fuerte fenómeno de corrupción en el gobierno municipal, 2.- Un sistema legal que se ha negado intervenir, corregir y ejercer lo que manda la Constitución Política del Perú.

El pueblo unido conforme se escuchan los gritos de batalla, ya tomó la decisión de enfrentar a estos dos fenómenos, con el ejercicio legítimo de dos días de paro. Según los voceros de la sociedad civil y de la ciudadanía en conjunto, es una medida previa a efectos que el Gobierno del Perú, sus sistema de Justicia, y sus controles anti corrupción, respondan ante la grave negligencia de negar el derecho constitucional a esta población petrolera.

 

En efecto, con estas paralizaciones Talara está denunciando a todos los estamentos jurídicos de la Tierra, a la ONU, la sordera, complicidad, que viene en ciernes y se convierte en la epidemia social mas peligrosa que podría terminar en una guerra civil ente mismos peruanos.

Todo parece indicar que existiría una ausencia de información a los estamentos de control referidos, pero no; lo que existe y denunciamos sin temor alguno, es la colusión combinadas de las fuerzas del delito con quienes tiene el deber de sacar cara por la legalidad. Indiscutiblemente esto ocurre. Es muy extraño que organismos como el mismo Jurado Nacional de Elecciones se niega en aplicar la ley.

Existen dos leyes Orgánicas: La de Municipalidades, y del Jurado Nacional de Elecciones. Las dos dicen que cuando una autoridad -en este caso un alcalde- está en prisión de modo automático se le suspende la función. Si eso dice la ley, que espera el JNE. ¿Por qué permite que el pleno de regidores de la municipalidad afectada, someta a consulta si aplica o no la ley?

Quiere decir que ahora con esa moderna versión, todo el sistema legal puede ser materia de interpretación, discusión, suspensión o aplicar la ley a la conveniencia. En el caso que escribimos a favor de buscar restablecer el orden, el imperio de la ley y democracia, el sistema que garantiza la aplicación irrestricto del Estado de Derecho, debe intervenir ipso jure.

El Gobierno Peruano a nombre del Estado debe asumir su función de garantizar la paz social en todo el territorio nacional. Los medios probatorios de los delitos y corrupción que no quieren sancionar los jueces de Talara y la ausencia de pronunciamiento del JNE. está a la vista.

Es gravísimo que la ley haya sido sometida a consulta en la Municipalidad de Talara, corroborada esa transgresión legal, en el JNE. que admite ese írrito pronunciamiento con el agravante de someter a consulta si SUSPENDE EL MANDATO A UN ALCALDE QUE ESTA PRESO.