LAS LEYES NO SON SUFICIENTES PARA DERROTAR A LA CORRUPCIÓN.

Aclaró que las regulaciones son necesarias para la lucha anticorrupción y pueden funcionar; pero también es recomendable promover valores y principios sociales o empresariales que generen un sentido de pertenencia. “Cuando algo es de propiedad común, crea lealtad, desarrolla confianza y nos lleva a tener un mejor cumplimiento.”

 

En ese sentido, afirmó que “una cultura anticorrupción exitosa significa vivir valores y principios y tener una conciencia responsable”; y no necesariamente es seguir reglas impuestas, porque quien cumple la ley no siempre es ético.

El experto internacional aseguró que donde la ética y la responsabilidad social corporativa imperen, vendrá por defecto el cumplimiento de la legislación y, como consecuencia de ello, una cultura contra la corrupción.

 

Responsabilidad

 

Coates destacó la necesidad de que las empresas del sector privado comuniquen claramente a su personal que existe tolerancia cero con el pago de sobornos para que todos sepan que se trabaja con el paradigma de la no corrupción.

 

Dijo que existe una tendencia a favor de la responsabilidad social corporativa, que se ha logrado, en parte, por el desarrollo de una cultura antisoborno o de tolerancia cero ante el soborno.

 

Coates hizo un llamado a las empresas peruanas a unirse al Pacto Global de las Naciones Unidas, a fin de que se comprometan a actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno.

“Alentaría en especial al sector minero, de gas y petróleo a ser participante activo del pacto y presentar sus progresos”, declaró Coates al participar en la Cuarta Conferencia Anticorrupción Internacional.

 

Sentencias

La Contraloría General ratificó las cifras dadas a conocer por el contralor Fuad Khoury sobre casos de corrupción sentenciados favorablemente por el Poder Judicial en los últimos cuatro años.

 

Mediante su cuenta de Twitter, esta institución informó que de 2009 a 2012 hubo solo 95 procesos penales concluidos con sentencia por delitos de corrupción, a partir de informes de control.

 

En cuatro años, unos 257 funcionarios y servidores públicos fueron sentenciados; solo a nueve se les aplicó pena efectiva; el resto recibió pena suspendida.