HACIA UN PAÍS SIN CORRUPCIÓN.

 

Para garantizar la transparencia en la ejecución de obras públicas, el Gobierno plantea que la Contraloría asuma la conducción de las oficinas de control de aquellos gobiernos regionales y locales que tengan más denuncias de corrupción.

LA LUCHA CONTRA la corrupción en todas sus modalidades no debe ser solamente un postulado declarativo, muchas veces utilizado solo con propósitos electorales, sino también debe traducirse en políticas de Estado y en medidas concretas que permitan acabar definitivamente con una lacra que causa mucho perjuicio al país.

En tal sentido, en la semana que concluye, el Gobierno ha dado muestras decisivas de tener voluntad política para dar pasos concretos, tanto en lo normativo como en lo administrativo, para acabar con un problema que enturbia la gestión pública y desvía los fondos del erario nacional hacia fines ajenos al interés común para el que fueron destinados.

 

Al asumir el mando de la Nación, el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, anunció que su gobierno lucharía a fondo contra la corrupción en el aparato del Estado, y así lo ha venido haciendo con medidas que han permitido poner freno a numerosos intentos de desfalcos y a la falta de ética y transparencia en diversas dependencias y sectores. Sin embargo, habida cuenta de que se trata de un mal enquistado en nuestro país, prácticamente durante toda nuestra vida republicana, hace falta modificar leyes y reglamentos, emplear nuevas estrategias y articular acciones con los otros poderes del Estado, todo lo cual requiere del cumplimiento de pasos previos en el marco de la Constitución.

Hay que tener presente, por ejemplo, que por el lado del Congreso de la República está pendiente de debate y aprobación un conjunto de proyectos anticorrupción, muchos de ellos propuestos por el Ejecutivo, como el que plantea la ‘muerte civil’, es decir, el impedimento de funcionarios sentenciados por ese tipo de delitos a volver a ejercer responsabilidades públicas. Tal como se viene reclamando desde el Gobierno, la sociedad civil, el empresariado y las fuerzas políticas del país, se espera que en la presente legislatura el Parlamento brinde un tratamiento prioritario a los citados proyectos de ley.

 

En lo que corresponde al Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, presentó en estos días una agenda de trabajo aprobada por los integrantes de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), denominada ‘Tolerancia cero a la corrupción’. En ese plan de acción, la Fiscalía de la Nación se ha comprometido a garantizar plenamente la protección de los ciudadanos o instituciones denunciantes.

 

Con el Ministerio Público también se ha coordinado la creación de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía.

El Ministerio de Vivienda está levantando un catastro público a escala nacional, para lo cual se ha destinado un fondo de 100 millones de nuevos soles, con la finalidad de registrar todos los terrenos y bienes inmuebles del Estado y prevenir casos de tráfico de tierras por parte de funcionarios corruptos que actúan en complicidad con mafias delictivas. En esta política destaca el hecho de que el Gobierno haya introducido en la Ley General de Presupuesto de la República 2014 propuestas contra la corrupción y favor de la probidad en la ejecución de los proyectos.

 

Por ejemplo, allí se plantea que la Contraloría General de la República asuma la conducción de las oficinas de control de aquellos gobiernos regionales y locales que tengan más denuncias de corrupción. En esta tarea también deben entrar a tallar con medidas efectivas los gobiernos regionales y locales.