LA ROPA CHINA   

 

Los propietarios y trabajadores del enclave comercial de Gamarra, ubicado en el distrito de La Victoria, paralizarán esta semana sus actividades por un día en protesta por el ingreso masivo de ropa de fabricación china, supuestamente subvaluada, demandando al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) la adopción de medidas correctivas.

 

En efecto, INDECOPI realiza desde el año pasado la investigación por dumping a los productos textiles chinos, un proceso que lleva más de un año y sobre cuyo retraso existe escasa explicación. El Ministerio de la Producción (PRODUCE) respalda a los productores peruanos y propone que se fortalezca la capacidad fiscalizadora de Aduanas para evitar que continúe una práctica de competencia desleal.

 

El tema no es nuevo y es un asunto mundial; desde hace varios años los productos textiles chinos alcanzan los mercados tradicionales y emergentes basados en varios factores: la mano de obra barata, la disposición de capital y la reducción de los costos logísticos. Este proceso ha convertido al gigante asiático en el principal productor y consumidor de algodón y sus exportaciones textiles cubren el 25 % del mercado mundial de este rubro. Además, desde poco, sus capitales se han trasladado a la India y países cercanos como Bangladesh, Vietnam y Tailandia y otros en África en busca de costos más bajos en mano de obra, luego de la liberalización del comercio textil dispuesta por la Organización Mundial de Comercio (OMC).

 

No se puede enfrentar este problema con el discurso ideológico extremista que señala que la situación creada debe resolver el mercado sin regulación, que los productos chinos son más baratos porque son más competitivos y que cualquier medida correctiva implicaría un desliz proteccionista. Esta visión es irreal pues no toma en cuenta que la subvaluación es una infracción legal, que el Estado tiene el deber de actuar contra el dumping, un procedimiento extraño al mercado que conspira precisamente contra la libre competencia.

 

La liberalización de los mercados no es un proceso anárquico. Al contrario, la OMC dispone de políticas y convenciones de defensa frente a prácticas de competencia desleal. Un país vecino, Colombia, acaba de hacer uso de ellas reduciendo el arancel de importación a 10% para productos textiles y ha dispuesto un pago por kilo por ropa importada. Otros países de la región afectados por este problema plantean alianzas y medidas compensatorias.

 

En nuestro caso, este debate debería ser planteado en el marco del anunciopresidencial referido a la estrategia de industrialización, expuesto el 28 de julio. Sería contraproducente que en este rubro, donde el Perú tiene una tradición manufacturera, la conclusión por el abstencionismo del Estado nos conduzca a un retroceso, es decir, pasar de ser productores y exportadores de algodón y textiles a ser exportadores de materia prima e importadores natos de prendas de vestir. De hecho algo de eso ya está sucediendo y de mala manera: el año pasado se perdieron 94 mil empleos en Gamarra, en tanto que este año se incrementaron en 14% las importaciones de ropa china.

 

La decisión que le toca al Estado es compleja. En el contexto de una economía moderna como la nuestra, relacionada con el mundo a través de tratados de libre comercio, no debe recurrirse fácilmente al proteccionismo como receta frente a la competencia mundial de los productos que acceden a nuestro mercado. Sin embargo, en ningún caso el país puede bajar la guardia ante prácticas que distorsionan el mercado y hacer la vista gorda ante las infracciones al comercio.