LA PAZ DEBEMOS CONSTRUIRLA TODOS 

La ola de crecientes crímenes que sacude a nuestro país, causada por actores de diversa índole (delincuentes comunes, narcoterroristas, e incluso funcionarios que deben promover y hacer respetar la ley) exigen de nuestra parte, como sociedad civil, en el marco de la Constitución y toda nuestra legislación, como corresponde a un estado de derecho.

Como decía Simone de Beauvoir “nada es más escandaloso del escándalo que acostumbrarnos a él”. En este caso del escándalo del crimen organizado, pretende entronizarse en nuestra, aún débil, institucionalidad democrática.

Ante esta amenaza, se necesita una acción conjunta entre Estado, instituciones y la ciudadanía. Para ello, nuestra tarea como ciudadanos y ciudadanas debe, como afirmaba el politólogo Julio Raúl Méndez, retomar la ética social de nuestro pueblo que está dada por la solidaridad basada en el reconocimiento del otro y la constitución de la solidaridad.

 

Respecto a esta cultura de paz, las iglesias, tanto católica como otras profesiones evangélicas, han elaborado valiosos documentos que debieran servirnos para nuestra reflexión y acción cívica.

La Constitución “Gaudium et Spes” del Concilio Vaticano II dice: “...no puede obtenerse la paz en la Tierra si no se garantiza el bien de las personas y si los hombres no saben comunicar entre sí espontáneamente y con confianza las riquezas de su espíritu y de su talento.

“Para construir la paz son absolutamente imprescindibles la firme voluntad de respetar a otros hombres y pueblos y su dignidad y un solícito ejercicio de la fraternidad. Así, la paz brota como fruto también del amor, que es capaz de dar algo más de lo que exigen los límites de la justicia”.

El documento Enviados al Mundo de la Quinta Asamblea de la Federación Luterana Mundial, realizada en Francia en 1970, afirma “...el mantenimiento de la paz exige una estrategia orientada hacia el futuro. Esta debe tener en cuenta sus múltiples dimensiones, tales como la justicia económica y social, los derechos humanos, así como la reconciliación, el respeto mutuo y el reconocimiento mutuo”.

Construir esta cultura de convivencia pacífica implica participar responsablemente en la vigilancia ciudadana (fiscalización y control) sobre los asuntos públicos, y hacer incidencia pública para crear leyes que promuevan el bien común en un contexto de gobernabilidad.