Reducir la edad penal no es la solución
Durante las últimas semanas han aparecido casos de adolescentes en conflicto con la ley. Las diversas respuestas desde la sociedad y del Congreso de la República merecen, sin duda, una reflexión.
El problema de los adolescentes infractores es creciente en muchos países de la región. La tendencia a buscar soluciones de corto plazo va en desmedro del enorme desafío que significa implementar políticas integrales de rehabilitación y reinserción social dirigidas a estos adolescentes.
El abordaje de este tema requiere que el país atienda los compromisos asumidos por el Estado peruano al firmar y ratificar instrumentos internacionales de derechos humanos, como es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño.
El cumplimiento de la convención, de carácter obligatorio para el país, establece que toda persona menor de 18 años de edad que sea acusada por la comisión de un delito tiene derecho a ser juzgada dentro de un sistema de justicia penal especial.
Este enfoque plantea que el adolescente se encuentra aún en proceso de desarrollo y formación de su personalidad, y requiere de una protección especial.
Es por esta razón que no debe ser juzgado como adulto cuando infringe la ley.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos –en su informe de julio pasado, Justicia juvenil y derechos humanos en las Américas– ha manifestado su preocupación por aquellos estados americanos que plantean la necesidad de rebajar la edad mínima de responsabilidad penal.
Esta tendencia expresada en promover la reducción de la edad de responsabilidad penal como una forma de dar respuesta a la inseguridad ciudadana está bastante extendida en la región latinoamericana. Y el Perú no es una excepción.
Las propuestas de reducir la edad penal, además de contravenir la normativa internacional y nacional, resultan contraproducentes. En países de América Central, donde reformas de corte represivo han sido implementadas, el número de adolescentes privados de su libertad ha crecido.
Estos adolescentes enfrentan variadas vulnerabilidades, tienen por lo general una muy dura historia personal y familiar, y vienen mayoritariamente de zonas periféricas urbanas en situación de pobreza, con limitadas oportunidades sociales, educativas e inclusive laborales.
El recientemente aprobado Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021 señala como uno de sus principios rectores el interés superior del niño. Expresa que los adolescentes en conflicto con la ley deben ser tomados en cuenta por el Estado y la sociedad.
Desde el Estado insta al trabajo conjunto; desde la sociedad demanda el compromiso de la familia, escuela y comunidad. El plan se ha comprometido a proveer de servicios que promuevan oportunidades de desarrollo físico, emocional, económico y social a los adolescentes infractores.
Sin duda que para el Estado peruano los adolescentes involucrados en actividades ilícitas o criminales son un verdadero dolor de cabeza. También es cierto que los casos de comisión de delitos graves suelen ser aislados, de manera que no es necesario colocar a los adolescentes como enemigos públicos de la sociedad.
Es necesario pensar en la necesidad de fortalecer los sistemas de recuperación social. La experiencia en otros países muestra que promover el modelo punitivo y privativo de la libertad no es la solución. La disminución de los estándares de respeto a los derechos humanos no mejora las políticas de seguridad ni reduce la violencia.
Es preciso continuar con la formación de actores clave como jueces y fiscales. Es también tarea impostergable proseguir en el diseño de medidas alternativas y programas de rehabilitación para estos adolescentes, que lamentablemente reproducen la violencia de la que han sido víctimas.
Quienes defendemos la reinserción social y familiar de los adolescentes infractores no estamos, de ninguna manera, promoviendo que se les exima de su responsabilidad cuando cometen delitos. Estamos, más bien, motivando una justicia adecuada a su edad, que no sean juzgados como adultos que no son. Estamos promoviendo un marco de respeto a los derechos humanos y defendiendo la convivencia pacífica que todo ciudadano merece tener.
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