N O T I C I A S   N A C I O N A L E S

Conga y desparpajo

Ha sido memorable ver a los dirigentes de las violentas protestas cajamarquinas de diciembre expresar su indignación ante el envío de 1.200 militares y policías para resguardar el orden frente a la próxima publicación del informe pericial sobre el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto Conga. Algo semejante a escuchar la ofendida queja de un matón de barrio que descubre de pronto que su habitual víctima ha estado tomando clases de box.

Gregorio Santos, por ejemplo, ahora que ve llegar a los policías, dice que “toda acción que indique uso de la fuerza” merece su “más enérgico rechazo”. ¿Ah sí? ¿Dónde estuvo su enérgico rechazo cuando, la última vez que el tema de Conga se acercó a un punto de quiebre, fueron incendiadas las casetas de seguridad del proyecto y se forzó a cerrar a todos los negocios de Cajamarca pese a las denuncias de pérdidas millonarias de la Cámara de Comercio?

Idelso Hernández, presidente del Frente de Defensa de Cajamarca, por su parte, ha declarado que lo que el Gobierno busca con esta “militarización” de la ciudad es “imponer por la fuerza el estudio ambiental de Conga”. Su desfachatez merecería un reconocimiento especial: él fue uno de los líderes de las protestas que buscaron imponer por la fuerza la anulación de dicho estudio, amenazando con no levantar el bloqueo de todos los caminos cajamarquinos.

Que nadie se confunda: estos dirigentes no rechazan la violencia. Lo único que están haciendo es pretender para ellos, que la han usado ya sin ascos de cualquier tipo, el monopolio de esta.

Si el peritaje indicase que el EIA está bien hecho y que ni la cantidad ni calidad del agua cajamarquina se verían afectadas por el proyecto, y si de eso resultase un nuevo estallido violento, al Gobierno, por una vez, no debería temblarle la mano para imponer la ley. Si la defensa del Estado de derecho no le basta para hacerlo, que recuerde al menos que en las leyes también se juegan invariablemente libertades muy concretas de personas de carne y hueso. Todo acto de refuerzo de la ley lo es también de legítima defensa de los individuos cuyos derechos estas consagran. Por ejemplo, de quienes no pueden circular cuando las carreteras son bloqueadas. O de quienes son forzados a cerrar sus tiendas. O de los 6.000 empleados de Conga que están en severo riesgo de perder sus trabajos definitivamente pese a haber sido contratados por una empresa que, hasta donde se puede ver, cumplió con todos los muy numerosos requisitos que la ley le exigía (incluyendo los ambientales y la aprobación de las 32 comunidades de su área de influencia) y a cuyo EIA, a la fecha, no se le ha probado nada.

Por lo demás, esto último –el que no haya habido una demostración seria contra el EIA de Conga– tendría que estar mucho más presente en el debate de todo este asunto. Lo único concreto que ha habido hasta ahora son las palabras de un grupo de radicales que se han aprovechado de la entendible desconfianza de un sector del campesinado, al tiempo que no han tenido empacho en aceptar que buscan en realidad cambiar la Constitución y acabar con el “modelo neoliberal”. Eso, y un supuesto informe del Ministerio del Ambiente que luego resultó no ser tal, sino tan solo una “ayuda-memoria” plagada de condicionales y hecha por un viceministro militante del partido de Marco Arana. Es decir, nada.

Gregorio Santos y compañía, desde luego, saben que han armado su cuco solo con una bolsa de aire y por eso le corrieron desde el primer momento a la que hubiese sido la alternativa racional de haberse tenido una preocupación real y sustentable por el agua o el ecosistema: un peritaje internacional realizado por técnicos cuyas hojas de vida no dejan lugar a dudas de su capacidad e integridad profesionales. El mismo peritaje cuyos resultados han venido jurando que no respetarán “sea cual fuera el resultado”. Y es que claro, no entrar a discutir razones es exactamente lo que uno tiene que hacer cuando solo está vendiendo aire. Aunque se trate, a juzgar por todo lo que han logrado hasta aquí, del aire más caro de nuestra historia reciente.

Argentina anunció la expropiación de la

 petrolera española YPF

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, declaró hoy de interés público y sujeto la expropiación del patrimonio de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol.

En una intervención extraordinaria en el Congreso, Fernández presentó un proyecto de ley que plantea que el 51% de las acciones de YPF pasarán a estar en poder del Estado, mientras que el 49% restante se distribuirá entre las provincias productoras de hidrocarburos.

Al referirse a la iniciativa legislativa, Fernández destacó que el primer titulo del proyecto “habla de la recuperación de la soberanía hidrocarburífera” y criticó el hecho de que Argentina tuviera que importar petróleo y gas en el 2011 por más de US$3.000 millones.

El texto del proyecto señala también que la valoración de la petrolera será efectuada por el tribunal de tasaciones, que faculta al poder Ejecutivo y al interventor del Estado en la empresa a “adoptar todas las acciones y recaudos necesarios hasta que asuma el control de YPF S.A a efectos de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos”.

Asimismo, agencias de noticias precisaron que el proyecto entra hoy mismo en el Congreso y tendrá que votarse durante las próximas semanas.