El fortalecimiento de Petroperú
En el mundo y en América Latina, en especial, las mayores reservas de hidrocarburos (petróleo, gas y líquidos de gas natural) están bajo responsabilidad de los Estados, pues se asume que los recursos energéticos, desde el punto de vista económico y político, tienen un carácter estratégico para los países, y no puede existir política de Estado sin seguridad energética ni alimentaria.
Prueba de ello es que en los últimos 100 años las guerras que han sacudido al mundo, en especial se explican por el control de los mercados y el acceso a los recursos como los hidrocarburos.
Como ilustración se debiera mencionar a las empresas estatales de terceros países que operan en nuestro país generando utilidades a sus matrices, desde la década de 1990, cuando el gobierno de turno, con la condicionalidad del Banco Mundial y el FMI, impuso la privatización fragmentada de Petroperú.
Así, se privatizaron rentables lotes petroleros, filiales como Solgas, la empresa envasadora que controlaba más del 45 por ciento del mercado del gas licuado de petróleo (GLP), la flota naviera de Transoceánica, los grifos, terminales. También el más valioso activo de Petroperú, la moderna refinería La Pampilla, se vendió a la transnacional española Repsol a un precio cuestionado en su momento.
El discurso liberal que justificó la privatización fragmentada de Petroperú, iniciada en 1991, tuvo como argumento superar las pérdidas que generaba la petrolera estatal, así como la necesidad de incrementar la producción y las reservas probadas de hidrocarburos.
En verdad, entre 1986 y 1990 el conjunto de la actividad empresarial del Estado y de Petroperú, en especial, tuvo que experimentar con el llamado "modelo heterodoxo", que era simplemente la versión criolla del populismo económico e irresponsable que obligaba a las empresas públicas a vender sus bienes y servicios por debajo del costo de producción, aunado a una corrupción que asaltó las arcas del Estado para el enriquecimiento privado.
Por ello, el sinceramiento brutal de precios impuesto por el llamado "fujishock" significó un incremento del índice de precios de 400 por ciento en un día, con ajustes en los precios de bienes y servicios brindados por las empresas estatales, entre ellas de Petroperú, permitió que hacia 1992 la petrolera estatal generase nuevamente utilidades netas que llegaron a ser más de 365 millones de dólares en 1994.
Sin embargo, las mayores utilidades de Petroperú en lugar de fortalecer la decisión estatal con mayores inversiones, para superar el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos, asociándose con empresas privadas de nivel que aportasen capitales y tecnología, asumiendo éstas los riesgos exploratorios, se constituyeron en un problema. Había que demostrar a cómo dé lugar que la empresa estatal era ineficiente y arrojaba pérdidas económicas.
Por tanto, hubo una campaña ideológica para justificar la irracional privatización, se tuvo que violentar la democracia con un "golpe de Estado" el 5 de abril de 1992, imponer un control sobre los medios de comunicación, instaurar un régimen represivo y corrupto que malgastó los recursos obtenidos por la privatización.
Ahora, con el nuevo gobierno del presidente Ollanta Humala, por primera vez existe una decisión política para el fortalecimiento y modernización de la petrolera estatal apostando por la integración vertical de Petroperú. Ello supone la participación en la explotación, refinación, transporte, distribución mayorista y minorista de los derivados de hidrocarburos.
Así, respetando la ley de hidrocarburos y negociando con las empresas integrantes del Consorcio de Camisea se han recuperado para el país los 2.5 trillones de gas natural de las reservas probadas del lote 88 comprometidas en el proyecto de exportación del lote 56. En esa línea, Petroperú debe volver a la producción en los contratos de explotación que están por vencer, en especial del lote 1-AB que debió retornar al Estado en 2007 y que indebidamente se prorrogó hasta el 2015 durante el gobierno de transición del 2001.
Con una negociación estratégica e inteligente, dialogando con las empresas, adelantando la fecha de término de los contratos para amortiguar la caída de la producción y de las inversiones, Petroperú, como titular de los contratos, debiera asociarse con las empresas privadas, con ello el Estado asegura los mayores montos de inversión, más regalías, impuestos y utilidades sin asumir los riesgos exploratorios.
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