Autor:
Jorge Sandoval Córdova *
La lucha contra la pobreza no es un asunto político ni ideológico, desde el punto de vista partidario. Es una causa que compete a toda la sociedad peruana en la que el Estado tiene que asumir el liderazgo, como lo ha hecho con énfasis el gobierno del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, pero que la responsabilidad alcanza a la empresa privada, las organizaciones políticas, las instituciones religiosas y laicas, la cooperación internacional.
En tal razón, se hace mal y se obstaculizan las urgentes reformas sociales inclusivas cuando se trata de politizar el doloroso caso de los niños fallecidos por intoxicación en el caserío de Redondo, Cajamarca, como pretendieron hacerlo algunos representantes en el pleno del Congreso de la República.
Las necesidades primarias, como la alimentación diaria de dos millones 800 mil peruanos pobres que reciben diariamente alimentos distribuidos por el Pronaa, merecen una actitud responsable de todo aquel que asuma el papel fiscalizador de dicho programa, a lo cual, por supuesto, tenemos derecho todos los ciudadanos.
La política de inclusión social que ha asumido el Gobierno comprende necesariamente la reestructuración y reorientación de todos los programas sociales destinados a combatir la pobreza en los puntos más olvidados del territorio nacional.
Esta tarea entraña tanta urgencia e importancia que se ha tenido que crear el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social.
Este proceso de reestructuración no obedece a ninguna consigna partidaria, sino a la necesidad perentoria de reconvertir la razón de ser de los programas sociales, desde una visión asistencialista y temporal hacia objetivos integrales que posibiliten atender las necesidades más urgentes de los más pobres y, a la vez, incluirlos en procesos productivos con oportunidades reales para que puedan incorporarse a los mercados y mejorar su calidad de vida.
En esta perspectiva, la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, con justificada razón, ha solicitado a los representantes de todas las bancadas del Congreso de la República deponer la oposición por la oposición y ayudar a reestructurar los programas sociales, en términos de mayor eficiencia y eficacia para la lucha contra la pobreza.
Una voz autorizada como la del padre Gastón Garatea, quien por años trabaja estrechamente identificado con los programas sociales como herramientas válidas en la lucha contra la desigualdad, ha formulado también un ferviente llamado para que no se pongan piedras en el camino de la inclusión social.
Felizmente, en términos de mayoría, tanto en el seno del Congreso de la República como en otros estamentos de nuestra sociedad, existe consenso sobre la necesidad de reorientar y profundizar las acciones para sacar a millones de peruanos de la marginación y el olvido, en el marco de una política de desarrollo y creación de riqueza con equidad.
* Periodista.
Las necesidades primarias, como la alimentación diaria de dos millones 800 mil peruanos pobres que reciben diariamente alimentos distribuidos por el Pronaa, merecen una actitud responsable de todo aquel que asuma el papel fiscalizador de dicho programa, a lo cual, por supuesto, tenemos derecho todos los ciudadanos.
La política de inclusión social que ha asumido el Gobierno comprende necesariamente la reestructuración y reorientación de todos los programas sociales destinados a combatir la pobreza en los puntos más olvidados del territorio nacional.
Esta tarea entraña tanta urgencia e importancia que se ha tenido que crear el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social.
Este proceso de reestructuración no obedece a ninguna consigna partidaria, sino a la necesidad perentoria de reconvertir la razón de ser de los programas sociales, desde una visión asistencialista y temporal hacia objetivos integrales que posibiliten atender las necesidades más urgentes de los más pobres y, a la vez, incluirlos en procesos productivos con oportunidades reales para que puedan incorporarse a los mercados y mejorar su calidad de vida.
En esta perspectiva, la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, con justificada razón, ha solicitado a los representantes de todas las bancadas del Congreso de la República deponer la oposición por la oposición y ayudar a reestructurar los programas sociales, en términos de mayor eficiencia y eficacia para la lucha contra la pobreza.
Una voz autorizada como la del padre Gastón Garatea, quien por años trabaja estrechamente identificado con los programas sociales como herramientas válidas en la lucha contra la desigualdad, ha formulado también un ferviente llamado para que no se pongan piedras en el camino de la inclusión social.
Felizmente, en términos de mayoría, tanto en el seno del Congreso de la República como en otros estamentos de nuestra sociedad, existe consenso sobre la necesidad de reorientar y profundizar las acciones para sacar a millones de peruanos de la marginación y el olvido, en el marco de una política de desarrollo y creación de riqueza con equidad.
* Periodista.
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