Autor:
Pedro Salinas *
La difamación, la injuria y la calumnia, que manchan y lesionan el honor de las personas deben castigarse. Pero no a través de la vía penal.
¿Debe sancionarse a los malos periodistas? Por supuesto. ¿La prensa está por encima de la ley? De ninguna manera. ¿Bajo la libertad de expresión vale todo? Absolutamente no. Y así podríamos seguir. Planteando interrogantes que aterrizan en respuestas que concluyen que el periodismo no tiene privilegio alguno. Ni patente de corso.
La difamación, la injuria y la calumnia, que manchan y lesionan el honor de las personas deben castigarse. Pero no a través de la vía penal. Sin jaulas. No con prisión, o sea. Porque ese es el camino recurrente que utilizan algunos funcionarios públicos y autoridades políticas y personajes notorios e instituciones herméticas para canalizar sus amedrentamientos a la prensa.
Fíjense nomás. En el Perú se calcula que existe por lo menos una veintena de periodistas procesados o encarcelados por “delitos” de prensa. Ahí están, entre otros, los excesos perpetrados contra Hans Andrade Chávez, corresponsal de AméricaTV en Chepén, condenado a dos años de prisión y al pago de 4 mil soles de reparación civil por difundir una entrevista en la que se acusó a un funcionario público de amenazas de muerte. O el de José Alejandro Godoy, autor del prolijo y analítico blog Desdeeltercerpiso, condenado a tres años de privación de libertad y al pago de 300 mil soles y 120 días de trabajo social por escribir sobre un ex ministro fujimorista. O el del director de este diario, Fritz Du Bois, condenado a dos años de prisión condicional por emitir una opinión. O el sonado y nefasto precedente de Magaly Medina, condenada a tres años de cárcel (estuvo presa 76 días), y que, por lo visto, Omar Chehade, el brujo de Cachiche, considera algo así como el ideal supremo. O el escandaloso caso del periodista pucallpino, Paul Garay, quien lleva seis meses cumpliendo una injusta sentencia de año y medio en Castro Castro por un presunto delito de difamación en agravio de un fiscal. Y hay más, claro. Tantos, que en esta materia pareciera que estamos más cerca de la justicia ecuatoriana que del Primer Mundo. Es así.
Lo peor es que, en la mayoría de los casos, detrás de las demandas que pretenden “reparaciones al honor”, lo que hay son intentos de silenciamiento. Ensayos para evitar la fiscalización periodística. Tentativas intimidatorias.
Otra vez. No se trata de desamparar a los ciudadanos comunes de sus derechos de proteger su buen nombre. Lo que se reclama, como dijo Danilo Arbilla, ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en La República, es que este tipo de situaciones no se encaucen por la vía “criminal” cuando “la presunta víctima” es un funcionario público o personas que son notorias por su propia voluntad. “De eso se trata, de que no existan ‘leyes escudo’ (…) para que los funcionarios y personas públicas puedan evitar el escrutinio ciudadano y que a la vez constituyan una espada de Damocles para la prensa y una forma de incentivar su autocensura”, ha dicho Arbilla.
De ahí el imperativo de modificar la legislación. “Las sanciones carcelarias por asuntos de libre pensamiento son propias de regímenes autoritarios, el derecho penal es afín a los actos criminales; el derecho civil es más cercano a las ideas”, como ha anotado el jurista mexicano Sergio García, ex presidente de la CIDH, citado por Alejo Miró Quesada en un debate reciente. Pues eso.
La difamación, la injuria y la calumnia, que manchan y lesionan el honor de las personas deben castigarse. Pero no a través de la vía penal. Sin jaulas. No con prisión, o sea. Porque ese es el camino recurrente que utilizan algunos funcionarios públicos y autoridades políticas y personajes notorios e instituciones herméticas para canalizar sus amedrentamientos a la prensa.
Fíjense nomás. En el Perú se calcula que existe por lo menos una veintena de periodistas procesados o encarcelados por “delitos” de prensa. Ahí están, entre otros, los excesos perpetrados contra Hans Andrade Chávez, corresponsal de AméricaTV en Chepén, condenado a dos años de prisión y al pago de 4 mil soles de reparación civil por difundir una entrevista en la que se acusó a un funcionario público de amenazas de muerte. O el de José Alejandro Godoy, autor del prolijo y analítico blog Desdeeltercerpiso, condenado a tres años de privación de libertad y al pago de 300 mil soles y 120 días de trabajo social por escribir sobre un ex ministro fujimorista. O el del director de este diario, Fritz Du Bois, condenado a dos años de prisión condicional por emitir una opinión. O el sonado y nefasto precedente de Magaly Medina, condenada a tres años de cárcel (estuvo presa 76 días), y que, por lo visto, Omar Chehade, el brujo de Cachiche, considera algo así como el ideal supremo. O el escandaloso caso del periodista pucallpino, Paul Garay, quien lleva seis meses cumpliendo una injusta sentencia de año y medio en Castro Castro por un presunto delito de difamación en agravio de un fiscal. Y hay más, claro. Tantos, que en esta materia pareciera que estamos más cerca de la justicia ecuatoriana que del Primer Mundo. Es así.
Lo peor es que, en la mayoría de los casos, detrás de las demandas que pretenden “reparaciones al honor”, lo que hay son intentos de silenciamiento. Ensayos para evitar la fiscalización periodística. Tentativas intimidatorias.
Otra vez. No se trata de desamparar a los ciudadanos comunes de sus derechos de proteger su buen nombre. Lo que se reclama, como dijo Danilo Arbilla, ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en La República, es que este tipo de situaciones no se encaucen por la vía “criminal” cuando “la presunta víctima” es un funcionario público o personas que son notorias por su propia voluntad. “De eso se trata, de que no existan ‘leyes escudo’ (…) para que los funcionarios y personas públicas puedan evitar el escrutinio ciudadano y que a la vez constituyan una espada de Damocles para la prensa y una forma de incentivar su autocensura”, ha dicho Arbilla.
De ahí el imperativo de modificar la legislación. “Las sanciones carcelarias por asuntos de libre pensamiento son propias de regímenes autoritarios, el derecho penal es afín a los actos criminales; el derecho civil es más cercano a las ideas”, como ha anotado el jurista mexicano Sergio García, ex presidente de la CIDH, citado por Alejo Miró Quesada en un debate reciente. Pues eso.
* Político
No hay comentarios.:
Publicar un comentario