Autores:
Javier Soto - Henry Campos - Vilma Escalante *
Mandatario aclaró que respalda solo la investigación del caso, aunque descarta “juicio popular” y respeta el Estado de Derecho y la presunción de inocencia.
El gobierno solo respalda plenamente las investigaciones que realizará el Ministerio Público sobre la reunión que sostuvo el vicepresidente Omar Chehade con tres altos oficiales de la Policía Nacional, indicó el presidente Ollanta Humala, aunque subrayó el respeto al Estado de Derecho y al principio de presunción de inocencia.
“El gobierno respalda totalmente las investigaciones que haga el Ministerio Público. Se lo acabo de decir al propio fiscal de la Nación, el doctor (José) Peláez… Eso es lo que respaldamos nosotros. Y queremos dar el mensaje, a todo el pueblo peruano, que nosotros estamos con banderas reivindicativas de seguridad y de lucha contra la corrupción, así como darle estabilidad y tranquilidad al país”, señaló.
Tras indicar que debe esperarse los resultados de las pesquisas, el jefe de Estado manifestó que, una vez conocidos, cada cual deberá asumir su responsabilidad. Ante la insistencia de la prensa, recalcó que el único respaldo que brinda su administración es a la investigación que desarrolla el Ministerio Público.
CONGRESO
CONGRESO
Luego de presidir la tercera reunión del consejo nacional de seguridad ciudadana, el jefe de Estado destacó también la decisión del Parlamento de abrir una investigación por este hecho. “Saludamos que el Congreso, a través de su presidencia y la Comisión de Ética, haya tomado acción inmediata sobre este tema del que nosotros vamos a estar atentos”, puntualizó.
Consultado sobre los pedidos de renuncia al cargo del segundo vicepresidente, el mandatario fue claro al recalcar la necesidad de esperar el desarrollo y conclusión de las pesquisas, antes de tomar una decisión sobre este tema.
CHEHADE
Consultado sobre los pedidos de renuncia al cargo del segundo vicepresidente, el mandatario fue claro al recalcar la necesidad de esperar el desarrollo y conclusión de las pesquisas, antes de tomar una decisión sobre este tema.
CHEHADE
Saludó la disposición de Chehade de someterse al mandato de la justicia y del Congreso para el que fue elegido. “Él mismo señaló que se iba someter a esa investigación, por una cuestión de transparencia, que hemos saludado… Nos parece que es lo que se tiene que hacer”, apuntó.
Sin embargo, Humala advirtió sobre el derecho universal que tiene todo ciudadano a la presunción de inocencia, mientras no se demuestre lo contrario. “Eso sí, señalamos que defendemos el Estado de Derecho, donde haya una presunción de inocencia, hasta que la investigación determine responsabilidades”, remarcó en medio de una campaña conservadora política y de prensa contra el vicepresidente.
“Creo que en las zonas donde no hay Estado de Derecho, Sendero Luminoso aplica el juicio popular: ¿usted quiere el juicio popular o quiere el Estado de Derecho? Tenemos que definir las cosas. Yo quiero el Estado de Derecho. Y creo que es lo que todos debemos respaldar”, enfatizó ante la insistencia de una periodista sobre medidas contra Chehade.
“Creo que en las zonas donde no hay Estado de Derecho, Sendero Luminoso aplica el juicio popular: ¿usted quiere el juicio popular o quiere el Estado de Derecho? Tenemos que definir las cosas. Yo quiero el Estado de Derecho. Y creo que es lo que todos debemos respaldar”, enfatizó ante la insistencia de una periodista sobre medidas contra Chehade.
FISCALÍA DEBE PRONUNCIARSE SOBRE GENERALES
Tiene los informes. El ministro del Interior, Óscar Valdés, evitó comentar sobre la situación del actual director general de la Policía, Raúl Salazar, y del general Abel Gamarra, quienes participaron en la reunión con el segundo vicepresidente Omar Chehade, el hermano de éste Miguel y el exasesor técnico del Congreso Miguel León Barandiarán, por ser un caso materia de investigación fiscal.
“Pienso que el caso (que involucra) a los generales Salazar y Gamarra es un tema del que también va darnos sus conclusiones el Ministerio Público. Y, nosotros, desde el momento en que toma acción la Fiscalía de la Nación, evitamos dar comentarios u opiniones de parte. Tenemos que esperar el resultado de las investigaciones”, apuntó.
Pero Valdés confirmó que ya ha recibido el informe escrito de los generales Salazar y Gamarra sobre la reunión que sostuvieron con el congresista Chehade y sus acompañantes, aunque no mencionó el tenor de los informes, a fin de no perturbar la pesquisa del Ministerio Público. “Los dos generales (Salazar y Gamarra) ya me han presentado su informe, porque es algo que, de oficio, el Ministerio del Interior tiene que hacer”, anotó.
Luego de expresar que mantendrá en su poder y en reserva dicha documentación, refirió que su sector esperará la conclusión de las investigaciones de la Fiscalía de la Nación, “a fin de emitir nuestra opinión”.
El ministro aclaró también que la prohibición de reuniones de la oficialidad de la Policía con personalidades políticas, es específicamente para el tratamiento de temas estrictamente oficiales, y propios de su función. “Podrán reunirse para asuntos coloquiales o amicales”.
“Pienso que el caso (que involucra) a los generales Salazar y Gamarra es un tema del que también va darnos sus conclusiones el Ministerio Público. Y, nosotros, desde el momento en que toma acción la Fiscalía de la Nación, evitamos dar comentarios u opiniones de parte. Tenemos que esperar el resultado de las investigaciones”, apuntó.
Pero Valdés confirmó que ya ha recibido el informe escrito de los generales Salazar y Gamarra sobre la reunión que sostuvieron con el congresista Chehade y sus acompañantes, aunque no mencionó el tenor de los informes, a fin de no perturbar la pesquisa del Ministerio Público. “Los dos generales (Salazar y Gamarra) ya me han presentado su informe, porque es algo que, de oficio, el Ministerio del Interior tiene que hacer”, anotó.
Luego de expresar que mantendrá en su poder y en reserva dicha documentación, refirió que su sector esperará la conclusión de las investigaciones de la Fiscalía de la Nación, “a fin de emitir nuestra opinión”.
El ministro aclaró también que la prohibición de reuniones de la oficialidad de la Policía con personalidades políticas, es específicamente para el tratamiento de temas estrictamente oficiales, y propios de su función. “Podrán reunirse para asuntos coloquiales o amicales”.
BANCADA ESCUCHÓ VERSIÓN DE CHEHADE
Dijo su palabra ante legisladores de Gana Perú. La bancada oficialiesta escuchó ayer la versión del segundo vicepresidente de la República, Omar Chehade, sobre la cuestionada cena con tres generales de Policía, en una reunión en la que reiteró que no cometió ningún delito.
La bancada no logró llegar a ningún acuerdo sobre la permanencia de Chehade en la llamada “megacomisión”, luego que la oposición congresal exigiera su retiro de la misma y hasta su enjuiciamiento. Sobre la continuidad de Chehade en el grupo de trabajo, el legislador Diez Canseco dijo que compete a la bancada tomar una decisión, y aclaró que ésta tiene como principio no blindar a nadie, actitud que ha mantenido en otros casos.
Adelantó que la Comisión Investigadora requiere tener las mayores garantías de credibilidad. “Yo creo que todos entendemos lo que eso significa”, dijo.
Informó que Chehade le expresó su disposición a ser despojado de su inmunidad parlamentaria a fin de que no quede duda que está llano a ser investigado.
La bancada no logró llegar a ningún acuerdo sobre la permanencia de Chehade en la llamada “megacomisión”, luego que la oposición congresal exigiera su retiro de la misma y hasta su enjuiciamiento. Sobre la continuidad de Chehade en el grupo de trabajo, el legislador Diez Canseco dijo que compete a la bancada tomar una decisión, y aclaró que ésta tiene como principio no blindar a nadie, actitud que ha mantenido en otros casos.
Adelantó que la Comisión Investigadora requiere tener las mayores garantías de credibilidad. “Yo creo que todos entendemos lo que eso significa”, dijo.
Informó que Chehade le expresó su disposición a ser despojado de su inmunidad parlamentaria a fin de que no quede duda que está llano a ser investigado.
DEBE RENUNCIAR PORQUE LE HACE DAÑO AL GOBIERNO
Sigue caso Chehade. Coinciden analistas e inclusive le piden que se aleje de megacomisión sobre gobierno de García porque su figura ha quedado debilitada.
Analistas consultados porla prensa consideraron que Omar Chehade debe de renunciar a su cargo de segundo vicepresidente de la República debido a la grave denuncia de tráfico de influencias a favor del grupo Wong que le hace daño al gobierno de Ollanta Humala y porque sus explicaciones no son convincentes
El analista Carlos Reyna dijo que ha sido un grueso error de Chehade el haber participado en esa cena que no termina de explicar. “Es poco creíble su versión y lo más probable es que se haya dado esa reunión para obtener un beneficio recíproco. Chehade debería renunciar porque le hace daño al gobierno”, indicó.
Reyna sostuvo asimismo que Chehade debería también renunciar a la megacomisión de la corrupción sobre el gobierno de Alan García porque ha quedado debilitada su figura y desacreditado en su condición de padre de la Patria.
Del mismo parecer es el sociólogo Nelson Manrique, quien saludó las prudentes declaraciones de Ollanta Humala sobre su vicepresidente, en el sentido de respetar la investigación fiscal, pero aseveró que de comprobarse la denuncia, Chehade debería renunciar porque pone en riesgo la credibilidad del gobierno.
“Si se confirma que hay culpabilidad en los delitos que se le imputan, Chehade debe renunciar porque está en riesgo la imagen del gobierno referida a la lucha contra la corrupción. El gobierno debe tomar medidas como no cubrir a quienes delinquen para que no defrauden a quienes votaron y confiaron en su propuesta”, refirió. Manrique estimó que las explicaciones de Chehade sobre los propósitos de esa reunión no convencen a propios ni extraños y, por tanto, es conveniente realizar una investigación exhaustiva al respecto que defina responsabilidades.
“Hay elementos que hacen dudar de la versión de Chehade, quien dice que fue para informarse del caso del joven asesinado Oyarce, porque al parecer las personas reunidas no tenían nada que ver en ese asunto. Asimismo, hay otros testigos que ratifican la versión de Arteta de que se trató el asunto de la azucarera Andahuasi”, afirmó.
El analista Carlos Reyna dijo que ha sido un grueso error de Chehade el haber participado en esa cena que no termina de explicar. “Es poco creíble su versión y lo más probable es que se haya dado esa reunión para obtener un beneficio recíproco. Chehade debería renunciar porque le hace daño al gobierno”, indicó.
Reyna sostuvo asimismo que Chehade debería también renunciar a la megacomisión de la corrupción sobre el gobierno de Alan García porque ha quedado debilitada su figura y desacreditado en su condición de padre de la Patria.
Del mismo parecer es el sociólogo Nelson Manrique, quien saludó las prudentes declaraciones de Ollanta Humala sobre su vicepresidente, en el sentido de respetar la investigación fiscal, pero aseveró que de comprobarse la denuncia, Chehade debería renunciar porque pone en riesgo la credibilidad del gobierno.
“Si se confirma que hay culpabilidad en los delitos que se le imputan, Chehade debe renunciar porque está en riesgo la imagen del gobierno referida a la lucha contra la corrupción. El gobierno debe tomar medidas como no cubrir a quienes delinquen para que no defrauden a quienes votaron y confiaron en su propuesta”, refirió. Manrique estimó que las explicaciones de Chehade sobre los propósitos de esa reunión no convencen a propios ni extraños y, por tanto, es conveniente realizar una investigación exhaustiva al respecto que defina responsabilidades.
“Hay elementos que hacen dudar de la versión de Chehade, quien dice que fue para informarse del caso del joven asesinado Oyarce, porque al parecer las personas reunidas no tenían nada que ver en ese asunto. Asimismo, hay otros testigos que ratifican la versión de Arteta de que se trató el asunto de la azucarera Andahuasi”, afirmó.
MARCHA PIDE RETIRO DE CHEHADE
Azucareros llegaron de Andahuasi y piden cese de amenazas a la cooperativa y retiro del vicepresidente por supuesto tráfico de influencias a favor del grupo Wong. Trabajadores indican que van a estar atentos a desenlace.
La dirigencia de los trabajadores azucareros de Andahuasi insistió ayer en pedir la renuncia del vicepresidente y congresista Omar Chehade, por presunto tráfico de influencias a favor del grupo Wong que habría cometido y adelantó que lo denunciarán penalmente, así como a todos los implicados en la reunión en la que se habría acordado “despojar a los trabajadores azucareros de la empresa Andahuasi”.
El secretario general de los trabajadores azucareros del Perú, Demetrio Ruiz, luego de reunirse con el vocero de Gana Perú, Fredy Otárola, y el congresista Modesto Julca de Alianza Parlamentaria, dijo que habrá más marchas como la de ayer.
Explicó que el objetivo es exigir que se les haga justicia e impedir que consigan sus objetivos los “lobbys que se están manejando a favor de grupos económicos como Wong”.
Sostuvo que en esta “confabulación” en desmedro de los trabajadores existen elementos del Poder Judicial y añadió que desde hace tres años los trabajadores luchan contra la “arremetida del grupo Wong que intentó tomar por asalto Andahuasi”.
Informó que durante la reunión con los voceros parlamentarios, éstos se comprometieron a respaldar los derechos de los trabajadores.
“Nosotros lo que hemos planteado (en la reunión) que el congresista Omar Chehade dé un paso al costado y renuncie por la salud del país”, acotó Ruíz al opinar que no le cabe la menor duda de la responsabilidad del vicepresidente.
El dirigente atribuyó las series de denuncias judiciales que pesan sobre el parlamentario oficialista Wilder Ruiz, a las arremetidas de grupos económicos, debido a que éste defiende los intereses de los trabajadores.
A su vez, el secretario general de los trabajadores de Andahuasi, Filadelfio Coca coincidió en denunciar la existencia de presiones de grupos económicos y detalló que en la reunión en el Congreso, los representantes de Gana Perú y Alianza Parlamentaria se comprometieron a promover la formación de una comisión de investigación sobre los hechos que involucran a Chehade.
Precisó que se debe incluir en dicha investigación a ProInversión, Conasev, la Bolsa de Valores, entre otras entidades que no habrían hecho nada por impedir que Wong no concrete la adquisición de acciones de forma ilegal.
“Ustedes deben darse cuenta que en esa reunión ha habido un representante del grupo Wong que ha estado detrás y financiando estos lobbys”, subrayó.
Cuando se le consultó a quién se refería, Coca arguyó “ahí ha habido varios generales y uno específicamente, el general Gamarra ha sido responsable de la incautación de bolsas de azúcar que luego desaparecieron. Hace algunos días el Poder Judicial de Huaura ha sobreseído (archivado) la denuncia de hurto agravado después de dos años. Y sabe lo que ha ocurrido después de dos años, tres muertos, tres intentos de desalojo, 80 mil bolsas de azúcar hongueadas, 12 mil bolsas de azúcar incautadas y que nadie sabe dónde están”, concluyó.
INVESTIGUEN AL GRUPO WONG
Explicó que el objetivo es exigir que se les haga justicia e impedir que consigan sus objetivos los “lobbys que se están manejando a favor de grupos económicos como Wong”.
Sostuvo que en esta “confabulación” en desmedro de los trabajadores existen elementos del Poder Judicial y añadió que desde hace tres años los trabajadores luchan contra la “arremetida del grupo Wong que intentó tomar por asalto Andahuasi”.
Informó que durante la reunión con los voceros parlamentarios, éstos se comprometieron a respaldar los derechos de los trabajadores.
“Nosotros lo que hemos planteado (en la reunión) que el congresista Omar Chehade dé un paso al costado y renuncie por la salud del país”, acotó Ruíz al opinar que no le cabe la menor duda de la responsabilidad del vicepresidente.
El dirigente atribuyó las series de denuncias judiciales que pesan sobre el parlamentario oficialista Wilder Ruiz, a las arremetidas de grupos económicos, debido a que éste defiende los intereses de los trabajadores.
A su vez, el secretario general de los trabajadores de Andahuasi, Filadelfio Coca coincidió en denunciar la existencia de presiones de grupos económicos y detalló que en la reunión en el Congreso, los representantes de Gana Perú y Alianza Parlamentaria se comprometieron a promover la formación de una comisión de investigación sobre los hechos que involucran a Chehade.
Precisó que se debe incluir en dicha investigación a ProInversión, Conasev, la Bolsa de Valores, entre otras entidades que no habrían hecho nada por impedir que Wong no concrete la adquisición de acciones de forma ilegal.
“Ustedes deben darse cuenta que en esa reunión ha habido un representante del grupo Wong que ha estado detrás y financiando estos lobbys”, subrayó.
Cuando se le consultó a quién se refería, Coca arguyó “ahí ha habido varios generales y uno específicamente, el general Gamarra ha sido responsable de la incautación de bolsas de azúcar que luego desaparecieron. Hace algunos días el Poder Judicial de Huaura ha sobreseído (archivado) la denuncia de hurto agravado después de dos años. Y sabe lo que ha ocurrido después de dos años, tres muertos, tres intentos de desalojo, 80 mil bolsas de azúcar hongueadas, 12 mil bolsas de azúcar incautadas y que nadie sabe dónde están”, concluyó.
INVESTIGUEN AL GRUPO WONG
El legislador Javier Diez Canseco de Gana Perú pidió ayer que también sea investigado el grupo Wong, al sostener que la investigación por presunto tráfico de influencias imputada al segundo vicepresidente y legislador no debe ser aprovechada para blindar a grupos empresariales interesados en la azucarera Andahuasi como ese grupo empresarial.
Dijo que así como el Congreso no debe blindar a los parlamentarios, tampoco se debe blindar los intereses particulares de grupos empresariales y económicos.
Dijo que así como el Congreso no debe blindar a los parlamentarios, tampoco se debe blindar los intereses particulares de grupos empresariales y económicos.
CONDENAN AL FUJIMORISMO POR APROVECHARSE DE CASO CHEHADE
Bancada congresal fujimorista presentó una acusación constitucional contra el segundo vicepresidente de la República. Se aprovechan de la crisis y hasta hablan de honradez.
A criterio del exprocurador Ronald Gamarra, el fujimorismo busca aprovecharse de las acusaciones que pesan sobre el segundo vicepresidente de la República, Omar Chehade, para presentarse como defensor de la legalidad, pretendiendo que los peruanos olviden la corrupción y las ilegalidades del régimen de Alberto Fujimori.
Fue después de conocerse que la bancada Fuerza 2011 presentaría una acusación constitucional contra el también legislador oficialista, por los delitos de cohecho activo, tráfico de influencias, patrocinio ilegal, corrupción de funcionarios, contra la fe pública y falsedad genérica.
La pretensión fujimorista fue respaldada por las bancadas minoritarias Concertación Parlamentaria y Alianza por el Gran Cambio.
La denuncia contra Chehade, en opinión de Gamarra, solo sería una “pose política”, pues consideró que los fujimoristas se oponen a medidas importantes contra la corrupción como la imprescriptibilidad de esos delitos.
Dijo que esta agrupación defiende al régimen de Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción y pretende asumir como suya una lucha que no le corresponde.
“Lo que lamento de todo esto es que se haya dado oportunidad a personas (fujimoristas) claramente vinculadas con actos de corrupción en el pasado, y que ahora no tienen una posición firme contra la corrupción, para pretender apoderarse de una lucha que no es suya”, refirió.
Enfatizó que muchos de los que hasta ahora defienden los actos de corrupción del gobierno de Alberto Fujimori, “ahora se llenan la boca con una prédica anticorrupción, que estoy seguro es más pose que sentimiento”, puntualizó.
Resaltó que el Ministerio Público haya iniciado una investigación sobre las denuncias contra el vicepresidente.
El también exsecretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos consideró que esta puede ser una oportunidad para que el gobierno del presidente Ollanta Humala concrete la lucha contra la corrupción y exija el estándar más alto en ética de sus funcionarios, sin blindarlos.
“Omar Chehade ha hecho bien en ponerse a disposición de la Comisión de Ética Parlamentaria, es lo que corresponde. Es una buena oportunidad para él, si no tiene nada que ver con este asunto, para salir fortalecido al final de las investigaciones”, comentó.
En otro momento, Gamarra propuso al exfiscal Avelino Guillén para presidir la flamante procuraduría anticorrupción de altos funcionarios públicos.
FUJIMORISTAS
La pretensión fujimorista fue respaldada por las bancadas minoritarias Concertación Parlamentaria y Alianza por el Gran Cambio.
La denuncia contra Chehade, en opinión de Gamarra, solo sería una “pose política”, pues consideró que los fujimoristas se oponen a medidas importantes contra la corrupción como la imprescriptibilidad de esos delitos.
Dijo que esta agrupación defiende al régimen de Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción y pretende asumir como suya una lucha que no le corresponde.
“Lo que lamento de todo esto es que se haya dado oportunidad a personas (fujimoristas) claramente vinculadas con actos de corrupción en el pasado, y que ahora no tienen una posición firme contra la corrupción, para pretender apoderarse de una lucha que no es suya”, refirió.
Enfatizó que muchos de los que hasta ahora defienden los actos de corrupción del gobierno de Alberto Fujimori, “ahora se llenan la boca con una prédica anticorrupción, que estoy seguro es más pose que sentimiento”, puntualizó.
Resaltó que el Ministerio Público haya iniciado una investigación sobre las denuncias contra el vicepresidente.
El también exsecretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos consideró que esta puede ser una oportunidad para que el gobierno del presidente Ollanta Humala concrete la lucha contra la corrupción y exija el estándar más alto en ética de sus funcionarios, sin blindarlos.
“Omar Chehade ha hecho bien en ponerse a disposición de la Comisión de Ética Parlamentaria, es lo que corresponde. Es una buena oportunidad para él, si no tiene nada que ver con este asunto, para salir fortalecido al final de las investigaciones”, comentó.
En otro momento, Gamarra propuso al exfiscal Avelino Guillén para presidir la flamante procuraduría anticorrupción de altos funcionarios públicos.
FUJIMORISTAS
En conferencia de prensa el legislador fujimorista, Juan Díaz, junto a los voceros de Concertación Parlamentaria, Carlos Bruce, y de Alianza por el Gran Cambio, Juan Carlos Eguren anunciaron la presentación de la acusación constitucional contra el vicepresidente, al tiempo de pedir su renuncia al cargo por considerar que incurrió en ilícitos penales.
La excandidata presidencial Keiko Fujimori adelantó que su bancada presentaría dicha denuncia al tiempo de atacar al presidente Ollanta Humala por su manejo del caso Chehade antes que el mandatario dijera que el gobierno respalda las investigaciones de la Fiscalía y el Congreso en torno al segundo vicepresidente de la República.
La excandidata presidencial Keiko Fujimori adelantó que su bancada presentaría dicha denuncia al tiempo de atacar al presidente Ollanta Humala por su manejo del caso Chehade antes que el mandatario dijera que el gobierno respalda las investigaciones de la Fiscalía y el Congreso en torno al segundo vicepresidente de la República.
FACILIDADES PARA COMISIÓN DE ACUSACIONES
El Congreso aprobó por unanimidad modificar su reglamento para agilizar la labor de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, al sesionar con el quórum mínimo reglamentario para evaluar las denuncias a su cargo, es decir, bastará la presencia de solo cuatro miembros de doce.
Esta decisión optimiza la labor de ese grupo de trabajo, pues antes solo se podía realizar una audiencia si estaban presentes todos sus integrantes, explicó el congresista Fredy Otárola, presidente de la Comisión de Constitución al sustentar la resolución legislativa.
Indicó que esa fue la razón por la que en el pasado la Subcomisión fue “poco operativa”, a pesar del esfuerzo realizado por algunos congresistas, que se veía obstaculizado por “reglas absurdas”. La modificación, aprobada con 99 votos, cambia el artículo 89 del reglamento del Congreso estableciendo que los acuerdos de la comisión podrán aprobarse con la mayoría de los asistentes y no por mayoría absoluta de los 12 miembros del grupo legislativo.
Esta decisión optimiza la labor de ese grupo de trabajo, pues antes solo se podía realizar una audiencia si estaban presentes todos sus integrantes, explicó el congresista Fredy Otárola, presidente de la Comisión de Constitución al sustentar la resolución legislativa.
Indicó que esa fue la razón por la que en el pasado la Subcomisión fue “poco operativa”, a pesar del esfuerzo realizado por algunos congresistas, que se veía obstaculizado por “reglas absurdas”. La modificación, aprobada con 99 votos, cambia el artículo 89 del reglamento del Congreso estableciendo que los acuerdos de la comisión podrán aprobarse con la mayoría de los asistentes y no por mayoría absoluta de los 12 miembros del grupo legislativo.
* Periodistas.
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