Autor:
César Lévano *
Si se demuestra que en la cena del vicepresidente Omar Chehade con tres generales de Policía se habló de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi y, lo que es muy grave, del posible financiamiento del Grupo Wong para un desalojo de los cooperativistas de esa empresa; si eso se demuestra, estaríamos ante la posibilidad del primer faenón del actual período político.
En el supuesto de que el desalojo se hubiera producido, con la intervención de cientos de Policías y la resistencia de 1.500 trabajadores, se habrían producido sin duda muertes y heridos. Se registraría así la primera masacre bajo el régimen de Ollanta Humala.
Masacre y faenón tenían que haber sido previstos por Omar Chehade y su hermano Miguel, si es verdad que auspiciaban esa intervención.
Claro está que estas consecuencias no eran inevitables. En primer lugar porque Chehade, por muy vicepresidente que sea, no tiene facultades para disponer la represión.
Además, porque, hasta donde se sabe, la posición del Presidente Humala y de Gana Perú, el partido oficial, es favorable a los trabajadores de Andahuasi.
Fredy Otárola, vocero de Gana Perú en el Congreso, reafirmó ayer que el Ejecutivo apoya a los trabajadores de Andahuasi, que enfrentan un litigio entre las empresas Wong y Bustamante.
Un comunicado de los cooperativistas publicado en esta edición recuerda al respecto: “En este mismo contexto, de intentar el asalto a la propiedad de Andahuasi que se encuentra en manos de sus trabajadores-accionistas, existe un plan para DESCABEZAR la empresa y destruir el honor, la libertad y la vida de sus principales dirigentes azucareros, como se constata con la persecución sistemática del trabajador azucarero, sindicalista y exdirector de Andahuasi, Wilder Ruiz Loayza, hoy congresista electo en la lista de GANA PERÚ, por la voluntad de los trabajadores y la población de la Provincia de Huaura”.
Hay más, mucho más, que un conflicto de intereses en este asunto. Se trata de principios y de ética. Eso coloca sobre el tapete la confianza en una opción política, la fe en una posibilidad de cambio. Se trata, en el fondo, de valores.
Por eso mismo, al régimen entero, en sus ramas del Ejecutivo y del Congreso, le conviene esclarecer el proceso, con rigor extremo y, llegado el caso, drástica sanción.
El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, ha recordado que existe un instrumento que posibilita el diálogo entre ciudadanos y autoridades. “Todos los miembros del Ejecutivo”, ha manifestado, “tienen la obligación de transmitir a la opinión pública con quién se reúnen y para qué se reúnen. El medio son los portales de transparencia”.
El sacudón que ha suscitado el caso Chehade puede servir, debe servir, para que el país entero reciba una lección de moral y política.
En el supuesto de que el desalojo se hubiera producido, con la intervención de cientos de Policías y la resistencia de 1.500 trabajadores, se habrían producido sin duda muertes y heridos. Se registraría así la primera masacre bajo el régimen de Ollanta Humala.
Masacre y faenón tenían que haber sido previstos por Omar Chehade y su hermano Miguel, si es verdad que auspiciaban esa intervención.
Claro está que estas consecuencias no eran inevitables. En primer lugar porque Chehade, por muy vicepresidente que sea, no tiene facultades para disponer la represión.
Además, porque, hasta donde se sabe, la posición del Presidente Humala y de Gana Perú, el partido oficial, es favorable a los trabajadores de Andahuasi.
Fredy Otárola, vocero de Gana Perú en el Congreso, reafirmó ayer que el Ejecutivo apoya a los trabajadores de Andahuasi, que enfrentan un litigio entre las empresas Wong y Bustamante.
Un comunicado de los cooperativistas publicado en esta edición recuerda al respecto: “En este mismo contexto, de intentar el asalto a la propiedad de Andahuasi que se encuentra en manos de sus trabajadores-accionistas, existe un plan para DESCABEZAR la empresa y destruir el honor, la libertad y la vida de sus principales dirigentes azucareros, como se constata con la persecución sistemática del trabajador azucarero, sindicalista y exdirector de Andahuasi, Wilder Ruiz Loayza, hoy congresista electo en la lista de GANA PERÚ, por la voluntad de los trabajadores y la población de la Provincia de Huaura”.
Hay más, mucho más, que un conflicto de intereses en este asunto. Se trata de principios y de ética. Eso coloca sobre el tapete la confianza en una opción política, la fe en una posibilidad de cambio. Se trata, en el fondo, de valores.
Por eso mismo, al régimen entero, en sus ramas del Ejecutivo y del Congreso, le conviene esclarecer el proceso, con rigor extremo y, llegado el caso, drástica sanción.
El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, ha recordado que existe un instrumento que posibilita el diálogo entre ciudadanos y autoridades. “Todos los miembros del Ejecutivo”, ha manifestado, “tienen la obligación de transmitir a la opinión pública con quién se reúnen y para qué se reúnen. El medio son los portales de transparencia”.
El sacudón que ha suscitado el caso Chehade puede servir, debe servir, para que el país entero reciba una lección de moral y política.
* Periodista
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